Asesinato de líderes sociales es "piedra en el zapato" de paz de Colombia

La violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales, que en 2017 se cobró 106 vidas, es una "piedra en el zapato" de la política de paz del Gobierno colombiano, según el informe anual del Programa Somos Defensores hecho público hoy.

El "Informe Anual 2017. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia", señala que la cifra de 106 asesinatos supone un aumento del 32,5 % en comparación con 2016.

Eso significa que el año pasado "en promedio cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia", se señala en el documento, que además critica la respuesta del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a este problema.

"Sin duda, para quienes hacemos seguimiento y observación a las agresiones contra defensores de DD.HH. en Colombia, el año 2017 fue el más crítico en los siete años de mandato del actual presidente", asegura el estudio.

Lo paradójico es que el incremento de la violencia y persecución contra líderes sociales se produce en el año siguiente a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que en teoría debería cimentar la paz social del país, pero ocurre lo contrario.

"Al irse cerrando la conflictividad armada en Colombia, que a la postre impedía ver otros serios conflictos territoriales", los defensores de derechos humanos de zonas rurales "se convierten en una 'piedra en el zapato' para quienes ostentan el poder real, pues ven en estos activistas sus más enconados enemigos para la búsqueda de sus intereses particulares y control territorial", asegura.

El informe añade que "todos los estudios" determinaron que la mayoría de estos homicidios "corresponden a defensores relacionados con la tierra y el territorio con enfoques étnicos y poblacionales", tales como campesinos, indígenas, afrodescendientes y líderes comunales de zonas rurales.

Según esta ONG, al presidente Santos, que concluirá su segundo mandato de cuatro años el próximo 7 de agosto, se le reconoce el haberse "jugado su capital político por la búsqueda de la paz", pero "su deuda" con los defensores de derechos humanos y líderes sociales "es grande: 532 asesinatos" en siete años.

El documento resalta, no obstante, "los esfuerzos normativos y políticos del Gobierno para enfrentar la situación crítica de agresión a estos activistas, pero subraya que hay una "evidente descoordinación institucional para abordarlo".

Critica especialmente la posición de funcionarios de alto nivel "que persisten en negar que el fenómeno creciente de violencia (...) es un hecho de alto impacto, que obedece a problemas estructurales" y sobre todo, que sea algo sistemático, lo que ya "ha reconocido el mismo fiscal General", Néstor Humberto Martínez.

Entre esos funcionarios apunta al vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo; el secretario de Seguridad de la Presidencia, Juan Carlos Restrepo, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que "han declarado de manera reiterada que los asesinatos (...) no son sistemáticos" y que tienen diferentes motivaciones.

Recuerda el estudio que a finales del año pasado Villegas fue blanco de críticas por atribuir los asesinatos de líderes sociales a disputas por tierras y linderos, por rentas ilícitas, e incluso a líos de "faldas".

Destaca también que el Gobierno, a pesar de estar advertido de la necesidad de evitar "vacíos de poder" en los territorios que durante décadas estuvieron bajo control de las FARC, ha sido incapaz de llevar el Estado a esas regiones, tomadas ahora por bandas criminales, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) e incluso por narcotraficantes mexicanos.

Esa "incapacidad del Gobierno Nacional y el Estado colombiano en su conjunto (...) ha permitido el aumento de las agresiones y asesinatos contra el liderazgo social que se la juega por apoyar la implementación de los acuerdos de paz", agrega.

Sin embargo, subraya el trabajo de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para denunciar y exigir justicia en estos casos.

En total, Somos Defensores documentó 560 agresiones a líderes sociales en 2017, un 16,42 % más que en 2016, pues además de los 106 asesinatos hubo víctimas de amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones, uso arbitrario del sistema penal, hurto de información o violencia sexual.

Desde ya, la ONG advierte que "la cifra de homicidios tiende a incrementarse en 2018" pues al cierre de enero ya habían sido registrados "al menos 18 muertos" entre los líderes sociales.