México aplica normativa contra el fraude electoral

Una credencial infalsificable y millones de voluntarios a cargo de contar los votos son parte de la rigurosa normativa antifraude que se ha perfeccionado en los últimos 30 años en México desde los controvertidos comicios presidenciales de 1988.

Establecida en 1991, la credencial para votar cuenta con 16 elementos de seguridad que la hacen infalsificable -entre ellas fotografía del usuario y tinta ultravioleta-, la han consolidado como la identificación oficial más usada en México, situación que espera reflejarse en una semana, cuando se celebren las elecciones en México el 1 de julio.

En la tradición mexicana era común referirse a conceptos como el rasurado del padrón, los muertos votantes, carrusel de votantes y casillas zapato, en las que el Partido Revolucionario Institucional obtenía casi el 100% de los votos posibles, y que en la actualidad casi han desaparecido del diccionario popular.

Las elecciones que el PRI ganaba a cualquier costo alcanzaron su límite en las presidenciales de 1988, oficialmente ganadas por Carlos Salinas de Gortari pero con una enorme sospecha de fraude por la caída del sistema gubernamental de recuento de votos.

Tres décadas después, en los comicios presidenciales del próximo 1 de julio, la sospecha de un resultado adverso para el PRI, y la ventaja en las encuestas del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, han vuelto a desatar el fantasma de un potencial fraude electoral.

‘Si hay fraude electoral, a ver quién amarra el tigre', dijo López Obrador, que al día de hoy todavía considera como producto del fraude sus derrotas en los comicios como candidato presidencial en 2006 y 2012.

El costo del actual proceso contará con un presupuesto de $1.365,6 millones.