Daniel Zovatto: 'Ningún país en América Latina está vacunado contra el virus autoritario'

Antes de la pandemia, América Latina venía enfrentado dificultades económicas y tensiones sociales, manifiestas en estallidos populares y protestas durante todo 2019. La crisis de la covid-19 agudizó esos problemas estructurales, obligando a repensar el Estado y las democracias de la región. Un ejercicio que para el politólogo y abogado argentino Daniel Zovatto debe realizarse de manera urgente antes de que formas autoritarias tomen más fuerza en América Latina. En opinión del director regional para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Idea), la pandemia podría ser una oportunidad de renegociar los contratos sociales, fortalecer los procesos electorales y combatir la desigualdad en la región.

Todos los países de la región, excepto Bolivia cuyas elecciones generales fueron en octubre pasado, van a celebrar elecciones presidenciales y legislativas entre 2021 hasta 2024. Solo este año hay cinco comicios presidenciales: Ecuador, que ya las tuvo; Perú en junio tendrá segunda vuelta (...); en noviembre hay tres más, arrancan Nicaragua, Honduras y Chile, que también elegirá convencionales para redactar una nueva constitución. Está Haití cuya fecha no se ha definido, y luego hay dos elecciones legislativas de medio periodo, México y Argentina, que serán una especie de termómetro para la gestión de los presidentes Manuel López Obrador y Alberto Fernández, respectivamente. A esto se suman procesos regionales en Venezuela y Paraguay. Solo en 2021 tenemos 23 elecciones; en 2022 estarán Brasil, Colombia y Costa Rica eligiendo presidente; en dos años las seis economías latinoamericanas más importantes tendrán elecciones. Ya en 2023 irán a las urnas también para presidente, Argentina, Paraguay y Guatemala; y en 2024, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México tienen presidenciales. Una agenda electoral intensa que coincide con las consecuencias de la pandemia y un contexto sociopolítico extremadamente complejo.

Una primera lectura es que la mayoría de las primeras elecciones calendarizadas se realizaron pese a los enormes desafíos de la pandemia. Salvo Chile, que las pospuso. Otra lectura importante es que hubo un fenómeno de reversión de resultados en las presidenciales, es decir, el ganador en primera vuelta luego fue derrotado en el balotaje. Así ocurrió en Ecuador con Andrés Arauz, se alzó como el más votado en primera vuelta y después perdió ante Guillermo Lasso en segunda ronda; en Bolivia pasó algo parecido en los comicios subnacionales, el oficialista Movimiento al Socialismo perdió varias ciudades capitales, aunque se ratificó como el partido mayoritario del país al triunfar en el 71% de los municipios.

Ese es un desafío importante, en gran medida como consecuencia de sistemas políticos que tienen doble vuelta para presidente, pero el Congreso se integra en laprimera vuelta. En Ecuador habrá al menos 12 grupos diferentes en el Parlamento y Lasso tuvo resultados muy mediocres allí; sacó solo 12 de 137 asambleístas. El correísmo es la principal fuerza parlamentaria con 49 escaños, seguida del movimiento indígena Pachakutik 27 (...) es un reto enorme de gobernabilidad para Lasso poder articular las mayorías que te permitan tener el apoyo a tus propuestas de gobierno, frente a un contexto económico, social y sanitario extremadamente difícil.

Es similar, pero agravado; allí hubo 18 candidaturas presidenciales. Ahora, quienes disputan la presidencia en segunda vuelta son Pedro Castillo, de izquierda radical, y Keiko Fujimori, una líder derechista; ambos concentran mucho el antivoto. Keiko tiene un piso de votos importante visto que en tres ocasiones ha superado la primera vuelta, pero concentra un alto voto negativo, un 60%. En el Congreso habrá al menos 11 bancadas, que son muy débiles porque se privilegia a los candidatos más que a los partidos, lo que facilita el transfugismo (...) Perú llega en una marcada inestabilidad, hubo cuatro presidentes y dos congresos en cinco años. Esos choques entre Ejecutivo y Legislativo van a continuar gane Castillo o Keiko.

El diseño que ha adoptado América Latina, donde la segunda vuelta se da a nivel presidencial, pero los congresos quedan integrados en primera ronda, genera ciertos problemas de gobernabilidad (...) sería mejor elegir primero al presidente y un mes después al Congreso, esto permite al elector decidir, una vez sepa a quién tendrá en el Ejecutivo, si le quiere dar apoyo en el Congreso o dividir su voto. Tener un mandatario con una minoría parlamentaria o muy fragmentado, un aumento del riesgo político (...) podría poner en cuestión la recuperación económica pospandemia.

Correcto, esto tiene que ver con el desprestigio de los partidos tradicionales y el sistema político, agravado por la falta de resultados, los altos índices de inseguridad ciudadana y la corrupción. Esa combinación de elementos llevó a que Andrés Manuel López Obrador ganara en México, igual ocurrió con Nayib Bukele en El Salvador y Jair Bolsonaro en Brasil, que no era ningún outsider de la política, pero se vendió con un discurso antipartidos. Lo que tenemos que tener claro es que si los gobiernos no hacen bien su tarea, en este contexto de males acumulados existe el peligro de que la ciudadanía castigue al gobierno buscando un salvador, un líder que irrumpa en la escena con propuestas fáciles a problemas muy difíciles, típico de los discursos populistas, sean de izquierda o derecha. Ningún país en América Latina está vacunado contra el virus autoritario.

Esa es la pregunta, cuánta desigualdad resisten las democracias latinoamericanas. Más allá de las buenas calificaciones de riesgo o el crecimiento, hay un sector grande de la ciudadanía, sobre todo de clase media y pobre cuya precariedad laboral se ha disparado. Hay un aumento creciente de la pobreza. Según el latinobarómetro, casi un 80% de los latinoamericanos siente que los gobiernos sirven a pequeñas minorías privilegiadas y no en defensa de las mayorías. En 2019 hubo serpenteo de protestas sociales en la región, hay un profundo malestar social antes de la pandemia, esta última aceleró los problemas estructurales, no podemos facturarle todo al virus. Los liderazgos políticos deben actuar con mucha responsabilidad en estos momentos, sino entraremos en tiempos nublados.

Hay una tentación de pensar que si suprimimos el financiamiento privado resolvemos el problema de que grupos empresariales o el crimen organizado se metan en las campañas o terminen comprando candidatos, yo creo que no. Pienso que debe mantenerse mixto, eso sí, lo privado debe estar muy bien regulado con una combinación de régimen jurídico sólido, sanciones efectivas y regulación fuerte, sin eso es papel mojado.

Es una ilusión pretender que solo con financiamiento público se va purificar a la política. Si se le prohíbe a un grupo empresarial financiar campañas, y sin que exista una buena ley de lobby, estos pueden comprar a los diputados ya elegidos; hay muchos casos de ese tipo en América Latina. Además, va ser difícil vender a la ciudadanía de dar dinero público a los partidos desprestigiados, la idea debe ser un balance entre lo público y lo privado (...) esto ayuda, además, a que los partidos tengan contacto con la sociedad siempre que el dinero privado sea regulado, haya fiscalización concurrente, una cuenta única, monitoreo en tiempo real, sanciones efectivas. La tecnología puede ayudar en ese papel y el fortalecimiento de los tribunales electorales.

Atraviesa uno de sus peores momentos. La OEA fracturada; Unasur quedó enterrada; se creó Prosur, pero no arranca (...) que no tengamos una sola voz nos deja débiles a la hora de salir a buscar vacunas, conseguir buenos financiamientos, buenos en términos de deuda o articular acciones conjuntas en defensa de la democracia.

La pandemia es también una oportunidad para revalorizar lo público, incluido el Estado. Cuando cayó la crisis, la gente miró a la medicina pública, igual cuando necesitó apoyo económico para que la economía no se destruyera, miró a lo público no a lo privado (...) es una oportunidad que se tiene para una mayor inversión en las instituciones de educación y salud, pero esto tiene que venir de un compromiso del Estado de mejorar sus políticas. Hay una crisis de confianza ante las instituciones, allí hay una tarea clave.

Ciertamente, es tiempo de modernizarlo, volverlo transparente y claro en la lucha efectiva contra la corrupción. También hay que repensar la representación política, los partidos no solo deben modernizarse, sino profundizar sus procesos de democracia interna para revalorizarlos ante la sociedad. Hay que abrir otros canales para la participación ciudadana más allá de lo electoral, con espacios deliberativos. El otro tema es la demanda para renegociar los contratos sociales en el marco de nuevas constituciones políticas, eso quedó plasmado en el estallido social chileno, con un crecimiento económico marcado por una brutal desigualdad que terminó explotando. La virtud de Chile es que ha logrado de momento canalizar ese malestar en un proceso de reforma constitucional. Eso es posible que lo veamos en otros países, incluido Panamá.

Primero, que los niveles de desigualdad son insostenibles, hay que repartir la torta de manera más equitativa; un paso importante podría ser modernizar las constituciones. Hacen falta reformas tributarias, los sectores más poderosos deben aportar más, acompañado de renovación de un Estado eficiente y transparente; la gente no va querer pagar más impuestos si siente que luego se pierden en ineficiencia y corrupción.

Hay que repensar la democracia para que no sea una víctima más de la pandemia. Esta debe responder a una triple legitimidad: una de origen, es decir, el que llegue al poder lo haga por medio de elecciones libres y justas; debe responder a la legitimidad del ejercicio, o sea el que gobierne respete la división de poderes; y la legitimidad en los resultados, lo que significa que la democracia debe demostrar que tiene la capacidad de dar respuestas oportunas y eficaces a las demandas de la ciudadanía.