Congreso chileno apoya autonomía para el Sahara

Actualizado
  • 18/01/2018 01:00
Creado
  • 18/01/2018 01:00
Los senadores chilenos afirmaron que la propuesta marroquí mejorará la situación en Sahara Occidental

Una resolución que reconoce la legitimidad del reclamo del Reino de Marruecos sobre sus territorios del sur fue aprobada en forma mayoritaria por el Senado y la Cámara de Diputados de Chile, en apoyo a la iniciativa de Rabat de conceder una amplia autonomía a las provincias que integran el Sahara Occidental.

Los senadores chilenos afirmaron que el Estatuto de Autonomía para el Sahara Occidental presentado por Marruecos para resolver el diferendo sobre ese territorio crea un escenario optimista para todas las partes involucradas y se convierte en una iniciativa capaz de integrar y movilizar a toda esa región.

Por su otro lado, los diputados chilenos calificaron la iniciativa marroquí como un esfuerzo serio y creíble y manifestaron no tener dudas de que permitirá a la población del Sahara ejercer su derecho a la autodeterminación y gestionar en forma democrática sus asuntos a través de órganos ejecutivos, legislativos y judiciales.

Tanto senadores como diputados instaron al Gobierno de Chile a apoyar y comprometerse de manera permanente en favor de la Resolución 1754 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en abril del 2007. Dicha resolución, respaldada por unanimidad, calificó como seria y creíble la iniciativa de autonomía para el Sahara, presentada en esa oportunidad por Marruecos.

La propuesta, que tomó como modelo las regiones autónomas existentes en la mayoría de naciones de Europa se enmarca en la soberanía e integridad territorial de Marruecos.

Los senadores y diputados chilenos recordaron, al mismo tiempo, que la propuesta de autonomía marroquí ha recibido el reconocimiento y la adhesión de la comunidad internacional que la considera como la única salida viable para superar un conflicto estancado por más de cuatro décadas.

La postura del legislativo chileno representa un golpe a las pretensiones de los guerrilleros del Frente Polisario y su brazo político, la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que desde campamentos en territorio de Argelia promueve un referendo de autodeterminación que, con el paso de los años, ha perdido aplicabilidad.

Actualmente, es reconocido por 19 países, mayormente de África y de América latina, además de Corea del Norte, pese a no reunir los elementos constitutivos establecidos por el derecho internacional para ser considerado como un Estado soberano, como lo son el control efectivo sobre su territorio y su población, Gobierno propio e independencia.

En el caso del Gobierno de Panamá, sus funcionarios presentaron como logros de la política exterior del 2017 el restablecimiento de relaciones con la RASD, hecho ocurrido en enero del 2016, y el establecimiento de relaciones con Costa de Marfil, anunciado por ONU en abril del 2016 sin ninguna consecuencia práctica.

Ese respaldo del gobierno nacional a los extremistas del Polisario contradice el tradicional principio de neutralidad de Panamá, porque lo inclina por una las partes en el conflicto.

Además echa por tierra una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que en mayo del 2013 reconoció que ‘la solución al diferendo del Sahara Occidental es una demanda urgente de la comunidad internacional, porque la situación de inestabilidad en la región de Sahel representa una amenaza para los países vecinos y compromete el bienestar futuro de sus habitantes'.

‘El Gobierno panameño considera que la propuesta de un Estatuto de Autonomía para el Sahara Occidental, presentada por el Reino de Marruecos al Consejo de Seguridad de la ONU, merece ser abordada con apertura, pragmatismo y realismo en la mesa de negociación', para desatancar ese diferendo de su estatus actual, añadió aquella nota oficial.

Sería saludable para el país que el gobierno inaugurara una nueva era de la diplomacia panameña y jugara un rol como promotor de diálogo y negociación, instando a las partes involucradas en el diferendo del Sahara a demostrar voluntad política y buena fe para alcanzar acuerdos mutuamente aceptables, en lugar de inclinarse por una de las partes en conflicto.

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