El norte de África, uno de los peores lugares para ejercer de periodista

El norte de África forma, junto a Oriente Medio, "la zona más difícil y complicada para ejercer la profesión de periodista", recordó hoy el director regional de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), Souhaieb Khayati.

De los tres, Túnez mantiene el calificativo de "excepción" en el mundo árabe musulmán y se coloca el puesto 72 de un total de 180 países que participan en este índice anual de libertad de prensa, lo que supone un salto cualitativo desde el puesto 97 que ocupaba el año anterior

El país se encuentra en pleno proceso de transición democrática desde que en 2011 protagonizara la primera de las conocidas como "primaveras árabes", que puso fin a los 23 años de dictadura de Zinedin el Abidin ben Ali, el Ali, dejando atrás el nefasto lugar número 134.

Un avance que, según Khayati, se debe al compromiso del gobierno con el derecho a la información, que ha reducido las restricciones a la profesión, y ha repercutido en el descenso de agresiones físicas y verbales.

"Es un progreso de 25 plazas pero todavía quedan varias batallas, principalmente la adopción de un marco jurídico del sector audiovisual y la creación de una instancia reguladora independiente adaptada a los estándares internacionales", explica el responsable.

"La independencia editorial en las redacciones es otro combate", añade.

Seguido de lejos en esta clasificación, se encuentran Marruecos y el Sáhara Occidental, que se mantienen en la posición 135 por segundo año consecutivo.

RSF denuncia, asimismo, una política de "ensañamiento" del poder contra aquellos periodistas que tocan temas considerados como "líneas rojas" como la corrupción, el Sáhara Occidental, las protestas sociales de la región del Rif, la migración o la familia real.

"Sobre la profesión pesa una amenaza constante que favorece la autocensura y un periodismo que no es libre de investigar", destaca el director, que culpa de ello a la "presión judicial" y los procesos que se "eternizan" durante años.

Otra de las zonas más rojas de este mapa es la vecina Argelia, que se posiciona en el número 141 tras haber perdido cinco puntos.

Tras la ola de arrestos "sin precedentes" durante 2018 por "artículos difamatorios", se suma la inestabilidad política que vive el país desde que el pasado 22 de febrero comenzara un movimiento de protesta popular contra el régimen que de momento ha logrado ya la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika.

Para el activista, esta situación ha permitido poner el foco en los límites del periodismo, y ha llevado a una toma de conciencia sobre la libertad de expresión y de prensa.

"Cada clan utiliza sus propios medios de comunicación, y estos a su vez a los periodistas, en su guerra de intereses", pero "desde el comienzo de las manifestaciones, tanto medios públicos como privados, no han dejado de reclamar su derecho a cubrir libremente la actualidad política y esto es una novedad", señala.

"Al principio el Estado concedió un espacio de libertad pero de pronto sonó el timbre para anunciar el final del recreo y que los periodistas vuelvan a entrar en vereda", se lamenta ante un posible regreso de las "intimidaciones", agrega.

Libia, por su parte, se mantiene en el puesto 162, calificada como "agujero negro" de la información desde que en 2011 la OTAN contribuyera a la victoria de grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi, que duró 42 años, y que ha sumido al país en una guerra civil.

Un oficio de alto riesgo que debe hacer frente, afirma este informe, a "depredadores" de la información que se benefician de una "impunidad total" y que han forzado a los reporteros a un "éxodo masivo" por miedo a represalias, que se han saldado hasta el momento con la muerte de una veintena de ellos.

"Se ven implicados en el conflicto, bien de manera interesada o bien porque se ven obligados para poder continuar ejerciendo, convirtiéndose en portavoces de la propaganda de los diferentes actores políticos", sostiene .

El objetivo final de este informe es hacer que "la información se convierta en un derecho fundamental, una cuestión de Derechos Humanos", concluye Khayati.