El presidente Mulino cuestiona lo poco enérgicas que son las medidas cautelares de los jueces de garantías
- 15/09/2011 02:00
CHILE. El movimiento estudiantil chileno reanudó ayer, miércoles, sus marchas multitudinarias para presionar al gobierno por garantías antes de sentarse a dialogar en torno a sus demandas de educación de calidad, igualitaria y gratuita.
Unos 6 mil jóvenes, según la policía, y 30 mil según los organizadores, marcharon desde una universidad hasta una plaza cercana al centro de la ciudad.
CHOQUES
Cuando el acto prácticamente había concluido y quedaban unos 1.000 jóvenes en la plaza, un grupo de encapuchados se parapetó tras las rejas de una sede universitaria cercana y atacó con proyectiles a la policía, que respondió con chorros de agua y gases lacrimógenos.
Los incidentes se repitieron por un par de horas.
Aunque los universitarios y un cuarto de millón de secundarios aseguran que no abandonarán las movilizaciones, por primera vez y debido a presiones económicas, se abrieron a la posibilidad de retornar a clases.
Unos 80 mil secundarios perderán el año escolar por inasistencia, de no mediar la intervención del gobierno, y decenas de miles de universitarios no podrán renovar sus becas o créditos bancarios si sus carreras no cierran el semestre antes del 7 de octubre, y deberán abandonar sus estudios.
Los universitarios exigen al gobierno del presidente Sebastián Piñera varias garantías antes de iniciar un diálogo: que no se entreguen recursos a las universidades que lucran con dineros fiscales y que se anule el plazo del 7 de octubre para cerrar el semestre académico.
También reclaman que se frene la tramitación en el Congreso de proyectos de ley relacionados con la educación, que no se envíen otros nuevos y que los debates sean transmitidos a la ciudadanía.
Las demandas generales de los estudiantes incluyen el fin del lucro, educación gratuita, igualitaria y de calidad y mayores aportes.
La educación chilena es una de las más desiguales del mundo y su financiamiento está radicado en un 85% en las familias, según el último estudio difundido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países desarrollados más México y Chile.