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Actualizado
- 06/09/2008 02:00
Creado
- 06/09/2008 02:00
PANAMA.Continúan las investigaciones para determinar presuntos actos de corrupción en el Órgano Judicial.
PANAMA.Continúan las investigaciones para determinar presuntos actos de corrupción en el Órgano Judicial.
Entre los funcionarios investigados están: el juez quinto de lo civil, Bosco Molina. Fue destituido hace tres semanas por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de los abogados Juan Felipe De La Iglesia y Héctor Castillo.
Las acusaciones contra el juez Molina comenzaron desde octubre de 2007, pero hasta el 29 de julio de 2008 los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenaron su destitución, y fijaron para las 9:00 a.m. del próximo 3 de octubre la fecha de audiencia contra este ex funcionario.
El juez Molina fue acusado de disponer de los intereses generados por los certificados de garantías en el proceso millonario contra la empresa Yakima International, la cual tiene pendiente una demanda de secuestro por $33.2 millones, de los cuales $28 corresponden a capital y $4.2 son por costas de los abogados.
Otro que está en el ojo de la tormenta es el juez segundo de lo penal de La Chorrera, Ricardo Mazza.
Los auditores analizaron mil documentos entre fallos y diligencias judiciales expedidos por el juez Mazza.
Una de las actuaciones del juez Mazza que generó cuestionamientos fue el fallo que sobreseyó al empresario Rodolfo “Charro” Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, sindicado por el delito ecológico de haber desbastado más de 88 hectáreas de mangle en Chame.
Posteriormente los magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia revocaron el fallo del juez Mazza y ordenaron abrir causa criminal contra “Charro” Espino.
La misma suerte corrió la jueza municipal de La Chorrera, Violeta Soto, a quien los magistrados pidieron a las autoridades judiciales que se le aplique el procedimiento establecido contra la ética, se le separe del cargo y se determine sus respectivas destituciones.
El juez décimo séptimo de lo civil, Jorge Isaac Escobar también está en la lista de los funcionarios en investigación.
En este caso la fiscal tercera anticorrupción, Yolanda Austin ordenó una indagatoria contra este ex funcionario, por supuestamente haber cobrado coimas para favorecer a una de las partes de un proceso. Este ex funcionario tenía la responsabilidad de resolver una demanda presentada por transportistas de la ruta de Vacamonte, contra la empresa Ricardo Pérez S.A.
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