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28 de Mar de 2020

Nacional

Una ‘ley escudo’ para los diputados

PANAMÁ. Un proyecto para atar las manos de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, en investigaciones a diputados ya re...

PANAMÁ. Un proyecto para atar las manos de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, en investigaciones a diputados ya reposa en la Asamblea Nacional.

Ayer, el diputado oficialista Hernán Delgado presentó ante el pleno la propuesta para dejar claro que es competencia de la Corte Suprema de Justicia investigarlos y procesarlos.

Delgado confirmó que uno de los beneficiados sería el diputado Carlos Afú, pero no los ex diputados.

Y es que el tableño ganó la legislatura independiente, pero actualmente apoya a la bancada de gobierno en la Asamblea.

Afú es uno de los mayores implicados en el caso Cemis, investigación que se reabrió el pasado 22 de julio por la Corte, tras un archivo del caso el 17 de septiembre de 2003.

El escándalo del Cemis estalló el 16 de enero de 2002 cuando Afú, billetes en mano, denunció el soborno.

INTENCIONES DE GÓMEZ

El pasado jueves 23 de julio, la procuradora Gómez dijo públicamente que quería retomar el caso Cemis.

No obstante, el pasado 5 de agosto la procuradora presentó ante el Pleno Legislativo una propuesta de ley para que le devuelva al Ministerio Público la facultad de investigar a los “padres de la patria”.

A la fecha, el documento de Gómez no ha logrado la atención de los diputados y mucho menos debatido.

DETALLES DE LA INICIATIVA

El proyecto que sustentó el panameñista Delgado modificaría la Ley 63 de 2008 que establece el nuevo Código Procesal Penal, el cual entraría a regir en 2011.

El documento, que tiene 16 artículos, obliga a extinguir la acción penal si en un plazo de 10 días el querellado considere que se ha prolongado indebidamente el plazo par concluir la investigación.

Ahora, se busca dureza en la admisión de denuncias contra diputados. “No se va a admitir una demanda por admitirla, para ser admitida el denunciante tiene que dar una explicación pormenorizada de los actos delictivos o ilícitos que está imputando”, dijo.

La Corte Suprema de Justicia tendría un plazo de 5 días para admitir la querella y de 3 meses para resolver el expediente.