Carrera legislativa divide la Asamblea

PANAMÁ. El proyecto de Carrera Legislativa propuesto por el diputado Marco González, el cual llega a tercer debate este lunes 22 de febrero, le ha robado el sueño a los funcionarios de la Asamblea y a diputados, quienes lo ven como un instrumento para “botar” al personal de vieja data.

Los funcionarios incluidos desde febrero de 2008 serán sacados del sistema de carrera si se aprueba el proyecto.

La Asociación de Servidores de la Asamblea sostiene que los poderes y facultades otorgadas al presidente del Legislativo, José Luis “Popi” Varela, para desacreditar a más de 800 funcionarios, los mantiene indefensos.

Varela puede desacreditarlos a todos mediante una resolución general, para la cual solo cabe un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, pero sin cobrar salarios caídos si fallan a su favor.

Sin embargo, el gremio denuncia que cuando la desacreditación es individual, es decir dirigida a un solo funcionario, solo cabe un recurso ante el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo, dominado precisamente por Varela.

Franklin Rivera, presidente del gremio, dijo a La Estrella que es preocupante la situación porque está en juego la estabilidad laboral de muchos funcionarios.

Entre los artículos de la ley, se establece que cuando se emita una resuelto para desacreditar y destituir a un solo funcionario, el único recurso que cabe contra la medida es la reconsideración de quién firmó la destitución, en este caso, el presidente de la Asamblea. Para ellos, es como un callejón sin salida.

Marco González explicó que por un lado la Constitución habla de un sistema de méritos, pero se han acreditado personas sin esa condición.

“Nuestro ordenamiento es claro, para que un nombramiento de carrera se realice tiene que ser con fundamento al sistema de méritos”, dijo.

El diputado opositor Crispiano Adames no lo ve así y califica el documento de “nocivo”. “Es un proyecto que nos traslada a la Edad Media donde la dignidad de los funcionarios se pisotea”, expresó.

En cambio, el oficialista Hernán Delgado alega que si se trata de funcionarios que vienen ejerciendo adecuadamente en sus puestos los que sean destituidos, entonces no comparte la medida.

El perredista Leandro Ávila hizo incluso un llamado de lucha a su copartidarios: “A luchar por su puesto de trabajo para eso deben cerrar su mano en un solo puño”.

Pero una opinión distinta tiene el panameñista Adolfo “Beby” Valderrama, quien considera que en más de 10 años solo habían en el Legislativo 400 servidores. De pronto, en un año, se nombraron 800, lo que afecta a los que tienen más de 15 años de servicio y cobran 600 dólares, insistió.