Pondrán filtro a “100 a los 70”

E n el 2008, la Contraloría General de la República estimaba que en Panamá habían 107 mil personas mayores de 70 años sin pensión ni jubilación. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) creyó que la totalidad de estos adultos no estaría interesada en recibir una ayuda de cien dólares mensuales. Podrían admitir a 50 mil. Ahora, Yéssica Pérez, directora del programa desde enero de 2010, apuesta por una reforma a la ley, que limitará a los beneficiarios.

Las modificaciones que estamos planteando son de dos clases: una para limitar las personas que entran y las otras son detalles del procedimiento para evitar errores. Esto conlleva un trabajo social para evaluar la base de datos existente.

Encontramos necesario modificar los requisitos, la propuesta está siendo evaluada en el Consejo de Gabinete. Los requisitos serán modificados para enfocarnos en las necesidades del grupo de personas de 70 años y más. Nos enfocaremos hacia los más vulnerables. Eso tiene que ver con las personas en pobreza, en pobreza extrema y situación de vulnerabilidad o riesgo social.

Sabíamos que había una meta de 50 mil personas para el 2009 y 70 mil para el 2010, pero esa meta fue superada al 30 de julio del año pasado, a diez días del comienzo del programa. Durante esos meses, hicimos lo humanamente posible para cumplir con el pago de esos afiliados.

En enero encontré un plan implementado de forma rápida, sin los procedimientos detallados. Se estaban dando estos procedimientos en función de los inconvenientes que se habían presentado cuando se realizaba el pago.

Requiere de un informe social, donde las trabajadoras harán un informe unitario del inscrito donde tienen que cumplir ciertos parámetros de las categorías mencionadas. Si no se encuentran entre los pobres y pobres extremos, pero son abandonados por los hijos, quedan en la categoría de vulnerables y también recibirán el apoyo.

Habrá que evaluar la base de datos completa, ese cambio en la ley nos permitirá depurar el sistema completo porque la ley nos dará las pautas para ese trabajo.

Buscamos con darle sustentabilidad que la persona que está de verdad necesite el beneficio, para que viva sus últimos años de vida con una buena calidad de vida, que comparta con sus familiares. No nos interesa pagar si en realidad es que mejoramos la calidad de vida de esa persona. Muchos conceptos hay metidos en 100 a los 70.

No, ayer empezamos a pagar a los 13 mil beneficiarios de los lugares de difícil acceso; para el resto, estamos confeccionando la planilla y pagaremos el 16 de junio. Cada pago está sujeto a verificación de las personas que han muerto o habilitar nuevos representantes de las que no pueden ir a los centros de pagos.

En total deben ser unos 85 mil aproximadamente, unos 17 millones de dólares.

Los pasos serán diferentes, para ser beneficiario tiene que pasar una evaluación. La persona se inscribe y luego el trabajador social hará un informe para determinar si necesita o no el beneficio. La respuesta se la daremos en quince días.

Lo anterior no quiere decir que le hayamos pagado varias veces a una misma persona porque cuando el beneficiario va al banco, se le paga por su cédula y a quien presenta este documento no se le paga. El sistema del banco cuando entra una cédula no vuelve a entrar en ese periodo de pago.

Es un asunto que está revisando un equipo, esperamos en unos meses dar nuestra consideración sobre si es o no factible hacerlo.

El anteproyecto de ley irá a sesiones ordinarias de la Asamblea de Diputados, nosotros pensamos que para el otro año ya tendremos esto listo. Nosotros en principio hicimos el llamado a retirarse de las personas que no merecían el beneficio, pero no lo han acatado.