Presencia de africanos y asiáticos indocumentados le preocupa a Panamá

Un nuevo fenómeno migratorio se viene registrando en Panamá con la aparición de cientos de emigrantes de origen africano y de países asiáticos, que arriban periódicamente a territorio panameño de forma ilegal procedentes de Colombia.

Recientemente, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), María Cristina González, exhortó al gobierno colombiano a aplicar medidas migratorias adecuadas para frenar esta marea humana que ha colmado el albergue de migrantes indocumentados.

Actualmente, entre los detenidos se encuentran 34 ciudadanos de Bangladesh, 7 de Pakistán, 23 de Nepal, 3 de la India y 10 de Afganistán, sin descontar los que son liberados mensualmente de otras nacionalidades como somalíes y eritreos.

Según González, estos grupos de emigrantes arriban a territorio panameño procedentes de Colombia, pasando por las agrestes montañas que divide a los dos países, hasta llegar a la provincia panameña de Darién.

Los emigrantes extracontinentales utilizan una ruta que conecta, vía marítima, sus países con las costas de Colombia, donde desembarcan y desde ese territorio se internan en Panamá, con la finalidad de usarlo como punto de paso para llegar a Estados Unidos y Canadá.

El drama de muchas de estas personas, que proceden de países en guerras internas como Somalia, ha sido motivo de debates y de la atención de la Organización Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar).

Algunos califican para lograr este status migratorio, por lo que sus casos en el albergue de migración se extienden hasta cinco meses, como es el caso de un gurpo de emigrantes de Bangladesh y de Pakistán que se encuentran en un limbo jurídico desesperante.

La situación para las autoridades migratorias panameñas también es difícil porque tienen que hacerse cargo de la manutención de estas personas y de los cuidados de salud cuando sean necesarios.

Precisamente, el pasado 13 de febrero, la situación de estas personas era tan difícil que decidieron realizar una protesta en las instalaciones del albergue solicitando su liberación o su deportación, pero ninguna de estas medidas era posible.

Era imposible la liberación o la deportación porque los representantes legales de los emigrantes interpusieron un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, pero estos recursos legales aún no han sido resueltos por los magistrados de la máxima instancia judicial.

Paralelamente, los paquistaníes decidieron realizar una huelga de hambre demandando celeridad en sus casos y después de cinco días uno de ellos, Shafi Mohamed, tuvo que ser trasladado de emergencia hacia el Hospital Santo Tomás, de la capital panameña.

Mohamed fue enviado a la sala de emergencia del principal centro asistencial de la capital panameña deshidratado y físicamente débil.

Otro grupo de estas personas, por medio de la Onpar solicitaron el estatus de refugiados políticos, pero sus casos también se dilatan mientras los organismos pertinentes evalúan las condiciones de cada uno de los solicitantes.

El rostro humano de la emigración africana y asiática se está convirtiendo en el nuevo fenómeno migratorio que ha obligado a las autoridades panameñas a redoblar la vigilancia en la frontera sur con Colombia, donde comparte una línea de montañas de 266 kilómetros.

González se ha pronunciado con firmeza para resolver este problema que agobia las arcas y los recursos humanos de su institución exigiendo al gobierno colombiano a cumplir con sus regulaciones migratorias y evitar el tránsito de estas personas hacia territorio panameño.

La funcionaria aseguró que su país no se prestará para el tráfico de personas extracontinentales por su territorio porque se está convirtiendo en un problema serio para la seguridad panameña.

El pasado 10 de febrero, los gobiernos de Panamá y Colombia suscribieron un acuerdo binacional que permitirá combatir el tráfico de personas, drogas y actividades vinculadas al terrorismo en sus fronteras.

La zona fronteriza entre los dos países tradicionalmente ha sido escenario de actividades ilícitas debido a la falta de controles efectivos a ambos lados, situación que se agrava con la existencia de una montaña inhóspita.

Durante el año pasado, las deportaciones de emigrantes ilegales que logró efectuar el SNM les ocasionó gastos en servicios de transporte y trámites por el orden de 104.521 dólares.