24 de Feb de 2020

Nacional

Diputados retrasan primer debate a derogatoria del Código Minero

Por falta de quórum, luego de una semana larga de carnaval, los diputados aplazaron la tan anhelada derogación de la Ley 8 de 11 de febr...

Por falta de quórum, luego de una semana larga de carnaval, los diputados aplazaron la tan anhelada derogación de la Ley 8 de 11 de febrero de 2011, que reforma el Código Minero.

Este jueves, que debían sesionar en horas de la mañana, pocos llegaron, porque la celebración estaba "tan buena" y dejaron las curules vacías, por lo que el próximo viernes 18 de marzo deberán reponer el día.

Y así, el proyecto que presentó el ministro de Comercio e Industria, Roberto Henríquez, para derogar la polémica Ley 8 deberá esperar unos días más.

La Asamblea Nacional, mediante una nota de prensa, no quiso dejar dudas del compromiso del Gobierno y confirmó que la Comisión de Comercio se reunirá el lunes 14 de marzo para aprobar en primer debate el documento.

La reunión de la comisión presidida por el diputado oficialista Aris De Icaza, se efectuará a las 10 de la mañana en el Salón de Reuniones de la Presidencia del Legislativo.

Jueves 3 de marzo

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, llegó a la Comarca Ngöbe Buglé el jueves 3 de marzo y allá anunció la derogatoria de la norma, que tenía a los indígenas pintados de guerra y ambientalistas y grupos opositores organizando protestas.

Luego de saludar, cargar y besar niños, y portando el sombrero de "cacique", la autoridad comarcal, Martinelli regresó a la ciudad de Panamá y en Consejo de Gabinete Extraordinario junto a los ministros aprobaron el proyecto de 2 artículos para sepultar por completo la Ley 8, que reformó el código minero que data de 1963.

Con el mismo acelerador que la aprobaron los diputados, el ministro Henríquez la presentó ante el pleno legislativo para su aprobación.

Ese día el gobernante estuvo en el Twitter hablando del tema: "La Ley 8 será derogada en Consejo Extraordinario, un Presidente como yo siempre escuchará a su pueblo".

Un proyecto de menos de 3 meses

El jueves 14 de enero de 2011, el ministro Henríquez llevó ante la Asamblea el proyecto de reformas al Código Minero, inicialmente con 28 artículos.

Rápidamente y como es costumbre cuando son normas salidas del Ejecutivo, los diputados lo enviaron a la Comisión de Comercio donde tuvo un trato casi expedito.

Mediante una convocatoria, el Legislativo llamó a consulta pública permitiéndole a los participantes plantear sus puntos de vista. La fecha abarcó del 25 al 28 de enero.

Al terminar las consultas, el martes 1 de febrero los diputados le dan el primer debate al ya proyecto 277.

En la misma semana, el pleno legislativo inicia el segundo debate, el jueves 3 de febrero se lee todo el documento y dentro de las intervenciones el miércoles 9 con 44 votos a favor y 15 en contra lo aprueban.

Al día siguiente, el jueves 10, con 42 votos y 15 en contra de la oposición y el oficialista Jorge Alberto Rosas, diputado de Chiriquí, pasa el tercer debate.

Las presiones y las protestas no frenaron al Gobierno, y el viernes 10 en horas de la noche el presidente Martinelli sancionó el proyecto y una hora después es promulgado en Gaceta Oficial logrando tener 40 artículos.

El martes 22 de febrero, para frenar la ola de protestas indígenas firma un decreto con dirigentes ngöbes criticados por otros sectores indígenas para excluir a las comarcas de la explotación minera, pero eso no frena las manifestaciones en el país.

Debido a las insistentes protestas, el 27 de febrero llegan los miembros del Gobierno a San Félix para arrancar el diálogo que ponga fin a la tensión, con los perjudiciales cierre de vías, y el pasado 1 de marzo instalan las conversaciones. Esa noche el carro de los ministros fueron vandalizados con piedras.

El primer punto indígena era la derogatoria de la ley y el presidente Martinelli no se complicó y cerró el tema anunciando el jueves 3 de marzo el fin de la norma que tuvo menos de 3 meses de vida, y que los últimos días mostraba en una campaña televisiva gubernamental a dirigentes, según el mensaje, con supuestas intenciones "oscuras".