Panamá, en la mira de Estados Unidos por derechos humanos

Un informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, aparecido en el portal digital, hace duras críticas al gobierno del presidente Ricardo Martinelli en el tema de los derechos humanos.

En el documento, en inglés, señala que los "problemas de derechos humanos" en Panamá durante 2010 incluyeron el uso de "fuerza excesiva" por la Policía durante protestas, corrupción en la Asamblea, en el Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad.

Igualmente, habla de condiciones ásperas de la prisión; prolongada detención; corrupción, ineficacia, y denuncias de manipulación política del sistema judicial; presión política sobre los medios de comunicación; discriminación y violencia contra mujeres; tráfico en personas; discriminación sustancial contra individuos con discapacidad; participación seguida marginada de los indígenas en las decisiones que los afectaron; discriminación social basada en orientación sexual e identidad sexual; discriminación contra personas con VIH/SIDA; y violación de algunos derechos del trabajador.

El informe anual trajo nuevos elementos en los puntos relacionados con la represión de las protestas, la marginación de los indígenas y la intimidación de periodistas.

"No había acontecimientos en las investigaciones que el fiscal general abrió en 2008 sobre las presuntas matanzas en 1982-83, donde habían más de 20 personas. Según se informa lanzados de helicópteros", indica.

El informe de Estado referente a los enfrentamientos en la provincia Bocas del Toro a pesar de reconocer que no fueron muertes por motivos políticos expresa que las autoridades panameñas demostraron una deficiencia marcada para ceñirse a las regulaciones básicas en el control de multitudes.

También, deplora las condiciones infrahumanas en que se encuentran las cárceles panameñas haciendo énfasis en la poca ventilación e iluminación en algunos casos hablan que no hay atención médica.

Libertad de expresión

El documento estadounidense se refiere a la libertad de expresión en casos donde periodistas han tenido que autocensurarse por la presión recibidad a la publicación de notas informativas que involucran directamente al Gobierno.

El informe menciona el caso de la diferencia del director del diario El Siglo, Jean Marcel Chéry, con el exsecretario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto; las demandas a los periodistas Sabrina Bacal y Justino González y la presión tributaria a la empresa del presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Guillermo Antonio Adames.