Reformas que aumentaron la discreción

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

La Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, ha sido reformada en seis ocasiones, cinco de estas reformas fueron impulsadas por el actual Gobierno. Estas últimas reformas más que reducir la discrecionalidad y crear controles que eviten la corrupción se han concentrado en reducir plazos de convocatoria, bloquear la posibilidad de impugnaciones y cambiarle el nombre a las contrataciones directas reemplazándolo por el de procedimiento excepcional como si la fiebre estuviera en la sábana. Es necesaria una reforma o reglamentación de la Ley para evitar la excesiva discrecionalidad en las adjudicaciones por parte de la institución o de las comisiones evaluadoras, ya que actualmente, en muchas ocasiones, los criterios que se eligen para analizar cuál es la mejor propuesta y la forma de medirlos quedan al arbitrio de cada institución. Debería haber una guía para los funcionarios que permita la preparación de pliegos que garanticen realmente que la adjudicación recae en la mejor propuesta, tomando como base criterios como la experiencia comprobada, la calidad de los bienes, servicios u obras, entre otros parámetros adicionales al precio.