Fiscalía investiga muertes perinatales en Changuinola

PANAMÁ.. El 4 de agosto de 2011, este diario reveló el contenido del informe de la doctora Ruth Torres, subdirectora Nacional de Auditoría de los Servicios de Salud en ese entonces, en el que señalaba 50 muertes perinatales y seis madres en 2010 y las seis primeras semanas de 2011.

En el documento Torres describía que estas cifras eran producto de una auditoría de los servicios de salud practicada entre el 8 y 10 de febrero (2011) en Changuinola.

‘El propósito era dar seguimiento a la observación de la subdirección del primer informe de 2010, que ponía la alarma de la cantidad de muertes perinatales (es decir entre la semana 28 de gestación y siete días después del parto)’.

La doctora manifestó en el informe su preocupación sobre los altos índices de mortalidad perinatal y materna en esa provincia. ‘Se les orientó sobre la importancia de supervisar y monitorear los procesos de atención para detectar oportunamente las deficiencias de los procesos médicos’.

Otro de los hallazgos de Torres fue la falta de protocolos en las cirugías para menores de 15 años, que ha causado controversia entre los pediatras y los cirujanos. ‘A las partes en conflicto se les recomendó elevar la consulta al Nivel Normativo Nacional, que dicta los protocolos de todos los procesos’.

DECLARACIÓN DEL PERIODISTA

En los días siguientes a la publicación, el ministro de Salud (MINSA), Franklin Vergara, le encargó a su secretario general, Félix Bonilla, una investigación sobre las muertes.

Vergara declaraba: ‘Hay que aplicar los protocolos de prevención y hacer una divulgación a todas las instituciones públicas y privadas a fin de que la población tenga conocimientos básicos de la existencia y prevención de este trágico caso’; sin embargo, a más de un año, el MINSA no ha revelado los resultados de estas pesquisas.

La semana pasada, La Estrella recibió una carta firmada por Luis Alberto Martínez, fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, ubicado en la provincia de Chiriquí.

En la misiva se notificaba al periodista que redactó la noticia para que brindara un testimonio que servirá como prueba que adelanta este despacho con el delito contra la vida y la integridad.

Este medio conoció que quien interpuso la denuncia fue la Defensoría del Pueblo, tomando como referencia la publicación del diario La Estrella.

‘‘QUE NO SEA UN PROTOCOLO’’

‘Con este caso hay que tener mucho cuidado porque los jueces y fiscales no cuentan con los conocimientos profundos de los temas de medicina y si les pedirán apoyo a los médicos y estos podrían tapar a sus colegas. Ojalá que no sea solamente un protocolo, que sea la oportunidad para que la justicia investigue las razones por las que murieron esa gran cantidad de criaturas en la provincia de Bocas del Toro’, pide Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares.

Por su parte, el dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), Fernando Castañedas, hace un llamado a los estamentos judiciales para que realicen un trabajo exhaustivo para llegar al fondo del problema.

‘Que se profundice hasta conocer las causas que llevaron a estas muertes, que no se oculte la información de ninguno de los casos y así lograr que se corrijan las fallas en los hospitales, que pudieran ser administrativas’, concluyó el dirigente médico.