Sistema Metrobús ante la lupa ciudadana y política

PANAMÁ. —Señores, voy directo.. Directo, vía España a Mano de Piedra—, voceó el operador del metrobús 308P, tras maniobrar para aparcarlo en la bahía D de la Terminal de Albrook, a una masa de ‘clientes’ del transporte público desesperada como en los tiempos más crudos de los diablos rojos.

—¿Esto no tiene que pasar por la 5 de Mayo?—, le replicó una usuaria consciente de que con el cambio al Metrobús, el vehículo que tenía enfrente debía dar la vuelta a la convulsionada plaza citadina, justo donde quería ir. —¡Chuzo, van pal cielo y van llorando! ¡No! Directo, vía España, Santa Librada—, le repitió el operador, iracundo y apurado.

Aunque la señora no lo aborda (y como ella otros pocos), el llamado del operador parece haber tenido eco en todas las bahías de la terminal de transporte.

En cuestión de segundos, una turba ha alcanzado la puerta del bus, cuya anchura ha pasado de lo sublime a lo ridículo. Aquí nadie sabe de mujeres, de ancianos ni de niños. La espera, casi eterna, parece deshumanizar al panameño, que precisamente reclama un poco de humanidad al gobierno y a Mi Bus, la concesionaria del transporte capitalino.

LAS FALLAS

Mientras suben, el operador del bus confiesa por qué ha modificado la ruta al antojo del controlador que lo reguló hacía poco rato: ‘es que voy tarde... estaba en el patio y no había bus, hay un pocotón dañados’, devela, intentando no colerizar a la gente a la que poco le importan los porqués.

Pero eso es, apenas, una escena de la obra de teatro permanente de la ciudad de Panamá, y que esta semana podría pasar sus días más decisivos.

Según un monitoreo del movimiento ‘23 de Octubre’ aplicado en la plaza 5 de Mayo, La Doña, la Gran Estación de San Miguelito, Veranillo y Los Pueblos, la mayoría de los usuarios tardan en las horas pico entre 60 y 90 minutos para abordar un metrobús, cuando el contrato establece que la frecuencia no debe ser mayor a quince minutos.

David Ramírez, portavoz de la agrupación, asegura que los resultados —que serán difundidos esta semana— confirman que los cambios de la Autoridad del Tránsito y Transporte (ATTT) y Mi Bus han logrado ‘mejoras imperceptibles’.

Si bien las paradas en la plaza 5 de Mayo y la Gran Estación (dos de las de mayor demanda) han sido fraccionadas, ‘sigue la misma congestión’, dijo.

Su planteamiento convidó a la Asamblea a decidir, paradójicamente, que analizará la posibilidad de que Mi Bus no sea la única concesionaria del transporte capitalino.

La comisión legislativa de Transporte —dominada, como todas, por el oficialismo— estudiará la Ley 42 de 2007, que regula el transporte, idea respaldada por gremios empresariales y los usuarios.

Pero los diputados lo harán solo después de que el presidente Ricardo Martinelli advirtiera a Mi Bus que tenía que resolver los problemas en la frecuencia porque es ‘un monopolio muy caro’.

Fuentes políticas no descartaron que detrás de la decisión del oficialismo esté el Ejecutivo, incómodo por cargar el peso de la crisis en el transporte capitalino.

Según estimaciones de la ATTT, 750 mil personas usan diariamente el sistema Metrobús, de las cuales unas 300 mil se incorporaron el 15 de marzo, cuando Mi Bus tomó la operación de las últimas nueve rutas que tenían los diablos rojos. Desde ese día se ha acentuado la crisis por la improvisación.

RECOGERÁN FIRMAS

Ese panorama ha llevado también a los usuarios de Veranillo a emprender acciones legales. Hoy, el grupo que se identifica como ‘Veranillo, defiende tu ruta’, empezará el proceso de recolección de firmas para denunciar civilmente a Mi Bus por supuesto incumplimiento del contrato.

Las primeras rúbricas serán recolectadas en la parada de buses del centro comercial Los Andes, donde confluyen usuarios de las rutas que recorren San Isidro, Las Cumbres y Chilibre, así como la de Veranillo.

Mi Bus ha sostenido que la ejecución del sistema de transporte no depende únicamente de ellos, sino ‘de la intervención y participación de los diversos actores que lo componen’. El consorcio asegura haber cumplido con todas las obligaciones que le impuso el contrato de concesión 21-10, firmado con el Estado.