Privatización quedaría fuera del Código Sanitario

PANAMÁ. Aunque tanto la Caja de Seguro Social (CSS) como el Ministerio de Salud (MINSA) adquieren actualmente servicios en los centros privados, a los gremios que integran la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) les inquieta el término ‘privatización’.

En el borrador del Código Sanitario que presentó el MINSA (rechazado por las asociaciones médicas) el artículo 8 plantea que el sistema de salud panameño estaría formado por entidades (instalaciones médicas, farmacias, laboratorios, etc.) públicas y privadas, estos entes pueden ser nacionales o internacionales, con y sin fines de lucro.

Para los galenos, este artículo abre una ventana a la privatización de los servicios médicos. Aunque no se utiliza la palabra ‘privatización’ ni tampoco se detalla la forma en que el MINSA unificaría los negocios relacionados a la Salud con la red de hospitales públicos, los médicos sostenían que se pretendía comprar ‘paquetes médicos’ a estos centros para la población no asegurada.

Sobre este artículo, el doctor Félix Bonilla, asesor del MINSA, sostiene que este enunciado solo hace referencia al papel rector del ministerio. ‘Al MINSA le corresponde fiscalizar el funcionamiento de los centros privados. Esto lo haremos también con las misiones internacionales. A Panamá vienen muchas organizaciones extranjeras a brindar asistencia médica y le corresponde al MINSA veri ficar estos apoyos’, dijo Bonilla.

‘En ningún momento se ha pensado en privatizar la atención hospitalaria. Gracias a Dios no hemos tenido esa necesidad. Lo que estamos haciendo es contratar a médicos extranjeros para que brinden las atenciones en los hospitales donde no tenemos especialistas’.

Bonilla sostiene que la privatización de la salud podría optimizar la atención, pero la encarece y así no se podría brindar un servicio de calidad. ‘El mensaje que está dando este gobierno va contrario a la privatización. Lo sustentamos con el reemplazo de tres hospitales, la construcción de dos nuevos y más de 100 MINSA-CAPSI en construcción en todo el país’, concluye el médico.

SEGUNDA REUNIÓN

José Torres, médico veterinario, es uno de los negociadores por la Comenenal en la mesa ampliada que redactará el nuevo Código Sanitario.

En la primera reunión —el lunes 5 de agosto pasado— no se acordó la metodología que se utilizará en las sesiones restantes.

‘No sabemos el tiempo que nos tardará elaborar un nuevo borrador. Lo que sí hemos señalado a los representantes del MINSA es que no aceptaremos trabajar con el borrador que ellos nos presentaron. Tomaremos como referencia el Código de 1947’, relata el veterinario.

Torres expresó que para la sesión de hoy por la tarde discutirán el Diagnóstico del Sistema de Salud, un voluminoso documento que les entregó el MINSA a los representantes de los gremios, universidades, entidades públicas y demás grupos que participaron del primer encuentro.

LA INTERPRETACIÓN

La privatización de los servicios de salud en la CSS está prohibida. El artículo 70 de la Ley 51 de 2005 dice: ‘Queda explícitamente prohibido la adquisición de aquellos servicios que la Caja de Seguro Social se provee a sí misma y a los asegurados de manera normal, salvo en los casos que la institución esté imposibilitada temporalmente. En esta última circunstancia, las autoridades de la CSS están obligadas a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápido la adquisición externa de dichos servicios’.

‘Primero se dio un contrato de $103 millones para el servicio de hemodiálisis a una empresa privada por 52 meses y la administración de Guillermo Sáez Llorens, en vez de adecuar las instalaciones para ofrecer el servicio, concede otro contrato para la atención de los pacientes con insuficiencia renal crónica por $126 millones por 52 meses prorrogables. Pero este no es el único servicio externalizado por un periodo largo. El servicio de anestesia también está en manos privadas.

Actualmente, la CSS licita los servicios y equipos para el tratamiento integral de diálisis peritoneal y la construcción de dos centros de atención. Este contrato será por $25.9 millones y 60 meses prorrogables.

La Estrella envió un cuestionario sobre estos contratos al subdirector de la entidad, Marlon de Souza. Cuatro días después, no hubo respuesta.