Fuero electoral, una coraza que entorpece la justicia penal

Siete meses después de haberse celebrado las elecciones generales para escoger a las autoridades que representarán a los panameños por los  próximos cinco años, el proceso aún se mantiene abierto por la lluvia de impugnaciones  que se presentaron ante el Tribunal Electoral (TE).

Como lo establece el Código Electoral, la cobija del fuero electoral se mantiene sobre  los candidatos y dirigentes de los partidos políticos,  hasta por tres meses después de que se cierre  el proceso.

En  medio de la tormenta de denuncias e investigaciones por  actos de corrupción y uso de recursos del Estado cometidos por altos funcionarios del gobierno anterior y otros  allegados,  el fuero electoral podría convertirse en la cortina de humo que protege  a los entonces candidatos y representantes de colectivos políticos.

Antecedentes

Tras  conocerse los resultados del 4 de mayo, la Plaza de la Democracia, centro de operaciones de los encargados de organizar los procesos electorales  estuvo muy concurrida. Los magistrados -Erasmo Pinilla, Eduardo Valdés Escoffery y Heriberto Araúz-, recibieron 51 casos de impugnación por utilización de recursos del Estado para favorecer las candidaturas de la entonces   alianza oficialista (Cambio Democrático y Molirena).

De las 51 impugnaciones presentadas, los magistrados decidieron   admitir solo 24. Diez correspondían a la proclamación de trece diputados; dos a la proclamación de alcaldes; doce a la escogencia de representes de corregimiento.

Casi dos meses fue el tiempo  que le tomó al TE realizar todas las audiencias de impugnación para  determinar las sanciones de cada caso. En todos los procesos se determinó convocar  nuevamente a elecciones, en algunos casos fueron parciales y en otros completas.

La capa protectora

De acuerdo con el artículo 143 del Código Electoral, gozarán de fuero electoral los funcionarios electorales, así como los representantes de los partidos políticos y de los candidatos de libre postulación, por el tiempo que ejerzan tales funciones durante el proceso electoral y hasta tres meses después del cierre del mismo.

En el numeral dos de este artículo se específica, además, cuáles son los cargos de los representantes de los  partido que gozan de la protección: “los candidatos, los presidentes y vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos...”

Añade, también,  que  las personas que ejerzan esos cargos podrán renunciar a ese derecho. Se entiende por renuncia expresa al fuero penal electoral la manifestada por el interesado ante las autoridades, la cual será irrevocable,  precisa el Código.

El fuero penal electoral ampara a los políticos para que no puedan “ser  detenidos, arrestados o procesados sin autorización del TE, excepto en caso de flagrante delito”.

Para el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado se debe investigar y llamar a juicio a quienes se les demuestre que utilizaron recursos del Estado para sus campañas políticas.

“Para que las audiencias sirvan de ejemplo, de comprobarse que hubo delito, los implicados deben ser condenados a pagar con privación de libertad y suspensión de sus derechos ciudadanos”, acotó el exmagistrado.

Beneficiados

Según cifras publicadas en el informe del TE sobre las elecciones generales del 2014 , 4 mil 419  personas se postularon para un cargo de elección popular de los cuales solo  804 fueron electos.

A este número se suman 39 dirigentes de los seis partidos políticos legalmente constituídos,  que gozan, de igual manera, del fuero. En total  unos  4 mil 458 políticos son los beneficiados.

Entre los favorecidos con esta norma contemplada en el Código Electoral, que han sido señalados en supuestos actos de corrupción y peculado, están: el exmandatario y presidente de Cambio Democrático (CD), Ricardo Martinelli, y  la exministra de trabajo Alma Cortés. Sus copartidarios, Rogelio Baruco y Giselle Burillo, fueron denunciados en las elecciones por utilizar recursos del Estado para favorecer sus candidaturas a diputado.

En el caso de Martinelli, aún cuando cierre el proceso y se le levante el fuero electoral, seguirá esquivando las acusaciones en su contra, pues el expresidente goza de inmunidad diplomática al ser miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Sin embargo, Cortés, Burillo y Baruco, una vez culminado los tres meses del fuero electoral podrán ser denunciados penalmente por los presuntos delitos cometidos.

Para el próximo 21 de diciembre se ha convocado a las últimas elecciones en el territorio nacional, las cuales incluyen seis circuitos electorales, dos alcaldías y cuatro representantes de corregimiento con los cuales se completarán las autoridades nacionales.

Félix Ruiz Rodríguez  Ivonne M. Rodríguez