El caso de Barro Blanco comienza su recorrido en la esfera penal

La Asociación de Derecho Ambiental presentó, este miércoles, una denuncia criminal ante el Ministerio Público (MP) contra la empresa Generadora del Istmo, S.A (Genisa) y funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) por la presunta comisión de delitos ambientales en el proyecto de Barro Blanco.

La querella complica más el panorama para la concesionaria, que hasta ayer solo enfrentaba un proceso administrativo.

‘La Procuraduría debió iniciar una investigación de oficio, pero no lo hizo. Ahora está obligada, junto con la ANAM, a responder por las faltas cometidas en Barro Blanco’, dijo Donaldo Sousa, presidente del grupo.

El recurso legal presentado por la organización señala las faltas enunciadas este lunes por la ANAM: ausencia de acuerdo con las comunidades y los afectados, ausencia de un plan de manejo arqueológico, extracción ilegal de minerales no metálicos, falta de informe del seguimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y tala ilegal de árboles.

‘Esto sucede porque en nuestro país el Gobierno aprueba los EIA y decide todos los asuntos ambientales a nivel discrecional, por el poder centralizado que ejerce el Presidente de la República. Este tipo de decisiones debería ser tomada por un órgano legítimo y permanente del Estado, con amplia participación de la sociedad y no a nivel político’, agregó Sousa.

A inicio de esta semana, la ANAM ordenó la suspensión temporal del proyecto hidroeléctrico con el objetivo de realizar nuevas inspecciones e iniciar un proceso administrativo contra la concesionaria, que omitió en 2013 varios llamados de atención, de acuerdo con Mirei Endara, administradora de la entidad.

El proceso administrativo tiene, por el momento, solo dos vías de término: la clausura definitiva del proyecto hidroeléctrico u ordenar a Genisa el pago de una multa millonaria por las faltas ambientales cometidas.

En tanto, el Estado también podría proceder al rescate administrativo del proyecto, lo que concluiría con una indemnización a la empresa por los $130 millones invertidos.