La poco rentable y deseada vertiente oeste del Pacífico

Si fuese un empresario que está buscando un terreno cerca de las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, mis intereses deberían centrarse en las áreas cercanas al ferrocarril, porque permiten un contacto directo con los puertos del Atlántico, lo cual representa ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero.

Los terrenos de Rodman, en cambio, aunque también están en el Pacífico, carecen de ese medio de transporte que facilita el movimiento de norte a sur. Eso equivale a más gasto; es decir, menor rentabilidad. Y cuando uno hace negocios, indica la lógica, lo que se quiere es ser más rentable, para generar más ingresos.

Pero una cosa es la lógica y otra cosa es la realidad.

Muestra de esto es que, en el ocaso de la pasada administración, Roberto Linares, entonces director de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, entre concesiones y ventas cedieron —a un costo total de $387 millones— 71.9 hectáreas de la ribera canalera del Pacífico.

Todas, curiosamente, en Rodman, el área que, supuestamente, no es tan interesante para hacer negocios.

DESGLOSE

Los movimientos realizados en la recta final del gobierno de Ricardo Martinelli involucraron a cuatro compañías solamente: PSA, Port & Harbour, Serviamerica Corp. y PIMSA.

La transacción más grande se hizo con PSA, a la cual se le concedieron, por 20 años, 31.7 hectáreas que le permitiría ampliar el puerto de contenedores que ya tiene en Panamá. Esto representaría una inversión estimada en $350 millones.

A Port & Harbour Corp. se le arrendaron, también por dos décadas, 9.5 hectáreas a un costo de $14.9 millones, con la finalidad de que se construyera otro muelle de carga en el área.

Serviamerica Corp. compró 12 hectáreas a un precio de $8.9 millones para cumplir con el objetivo de realizar una terminal multimodal.

Por último, Parque Industrial Marítimo de Panamá, S.A. (PIMSA) adquirió , de forma directa, 18.7 hectáreas a tan solo $22.4 millones.

Todos estos movimientos ocurrieron en los primeros meses del 2014, antes de las elecciones generales.

CAMBIOS EN EL LIBRETO

Las particulares circunstancias alrededor de estas transacciones ocasionaron que, el mismo día en que fue ratificado como director de la AMP, Jorge Barakat declarara que se revisarían las concesiones que otorgó esa entidad en las postrimerías del gobierno Martinelli.

Si Cambio Democrático (CD) hubiese ganado las elecciones, quizás este tema hubiese terminado cubierto de polvo y telarañas; empero, el 4 de mayo, la gente le dio la espalda al proyecto político de CD, pues optó por llevar al Palacio de las Garzas a Juan Carlos Varela. Esto representó nuevas autoridades y la obligación de cumplir con una de las principales promesas de campaña: perseguir la corrupción y castigar a quienes hayan hecho fiesta con los recursos del Estado.

Y, al parecer, en la concesión de tierras en Rodman hubo evidentes irregularidades, lo que puso a la AMP bajo los reflectores de la nueva adminsitración desde un principio.

MOVIDAS EXTRAÑAS

En el caso del polígono vendido a PIMSA, la transacción no le convino del todo al Estado, pues, si se analiza cuánto costó cada metro cuadrado, se descubre que apenas se valoró en $119 cada uno; es decir, se avaluó a un precio que es $30 inferior al promedio de esas áreas.

En cuanto a Serviamerica, se descubrió que se le aplicó un descuento de $6 millones cuando adquirió las 12 hectáreas de terreno. El costo con el que se hizo el acuerdo fue de $8.9 millones. Según las autoridades, el avalúo de esas zonas señala que el precio de esa docena de hectáreas era, en realidad de $14.9 millones.

Aunque hasta ahora no se ha apuntado nada en contra de la concesión de PSA, la llegada de esta empresa a Panamá genera más sombras que luces.

SITUACIÓN COMPLEJA

La Autoridad Portuaria de Singapur arribó a Panamá en el 2008. Cuando informaron al gobierno local que estaban interesados en hacerse de un espacio en la costa canalera del Pacífico, se les dio a escoger. La empresa seleccionó un terreno que, desafortunadamente, ya estaba en manos de alguien más. Se trataba de una finca que administraba PIMSA desde 1997.

En todos los años que llevaba PIMSA con el polígono, era muy poco lo que había aprovechado la tierra. El único intento de efectuar un proyecto que representara una inversión de la compañía fue el amago de una fábrica de clínker, algo que, al final, fue criticado por la sociedad y, entonces, descartado por la empresa.

PIMSA se había comprometido a invertir $50 millones y, aunque no había cumplido, mantenían la concesión, por lo que eso obligó a PSA a alquilarles el terreno.

Los singapurenses construyeron un puerto y apostaron $100 millones en las hectáreas que le subarrendaban a PIMSA.

Los ejecutivos de Parque Industrial Marítimo de Panamá, ni cortos ni perezosos, se adjudicaron la inversión de los singapurenses y la utilizaron como respaldo para poder comprar las 18 hectáreas que les vendió el gobierno Martinelli.

PIMSA puso a PSA a sembrar su terreno, a cosechar los frutos para, al final, ser ellos los que recibieran las ganancias.

Al ver la situación, la empresa asiática lo dejó pasar. Empero, no perdonaron y, para solventar la supuesta afrenta en su contra, exigieron que se les otorgara un terreno propio.

De ahí salen las 31.7 hectáreas con las que están ampliando su puerto. Todos ganaron, todos contentos. Todos menos el Estado, que se vio burlado.

MESES DESPUÉS...

Barakat dio la orden de revisar lo hecho por su predecesor, Roberto Linares, hace ya casi nueve meses. Hasta el momento, pareciera que es muy poco lo que han arrojado esas averiguaciones

En el departamento de comunicación de la AMP, explican que una vez dada la orden del director, se inició un inventario de los contratos vigentes, así como de las solicitudes en trámite. El registro arrojó 100 contratos de concesión y 349 trámites en proceso.

Una vez culminado el inventario, explican en la AMP, se elaboró un cronograma de giras para ‘regularizar a todos los concesionarios'; es decir, ‘se verifica el cumplimiento de pólizas de responsabilidad civil y fianzas de cumplimiento; así como los montos de inversión y demás cláusulas estipuladas en los contratos vigentes', indican los voceros de la Autoridad Marítima.

Hasta ahora, la AMP ha estado en Bocas del Toro, Chiriquí, y parte de Panamá y Colón.

Como resultado de estas visitas, se han revisado 45 contratos vigentes y 250 de las solicitudes en trámite, a los cuales se les ha hecho las correcciones necesarias y los seguimientos oportunos.

Cuando se consulta sobre las cuatro empresas beneficiadas por los últimos meses de la locura en la AMP, las respuestas son muy escuetas.

Con respecto a PIMSA y Serviamerica, la AMP se lava las manos y señala, en el primer caso, a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) y, en el segundo, a la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Serviamerica, para poder comprar las 12 hectáreas, requería un permiso de compatibilidad por parte de la ACP. La autoridad negó el permiso e indicaron que el desarrollo ‘se encontraba dentro de áreas inalienables, por lo que la concesión no fue otorgada por incumplir con uno de los requisitos establecidos que es el permiso de compatibilidad emitido por la ACP'.

En el caso de PSA, la compañía está a paz y salvo con la AMP, explican los voceros de la entidad.

Es con Port & Harbour que las cosas cambian. Explican los funcionarios que la empresa reflejó morosidad en concepto de canon de concesión por un monto correspondiente a más de tres meses.

Esta morosidad, añaden en la AMP, es causal para rescindir el contrato. Pero, antes de llegar a ese punto, se elaboró un arreglo de pago que Port & Harbour incumplió.

Siendo así, explican en la AMP, no había otra opción que cancelar el acuerdo comercial.

Aseguran en la AMP que el caso de Port & Harbour no es el único en donde una empresa pierde la concesión. Hay otras compañías a las que se les está rescindiendo los contratos, mas no se pueden nombrar porque aún no han sido notificadas.

De los pocos nombres que se mencionaron , porque ya están ‘notificadas y en firme', se encuentran las compañías Vertikal Corporation y Astimax.

UNOS SÍ Y OTROS NO

El negocio entre el Estado y la Port & Harbour fue, en realidad, el menor de los que se hizo en esos primeros meses del gobierno Martinelli.

Los terrenos y las cuantías de los dineros involucrados son mucho menores de los que estuvieron en juego en las transacciones con PSA, PIMSA y Serviamerica Corp.

Inclusive, en el Ministerio Público hay una denuncia penal en contra de Ricardo Martinelli y los 14 ministros de Estado que estuvieron involucrados en la firma del contrato con Serviamerica, por haber cometido una supuesta lesión patrimonial al Estado.

¿De qué carece Port & Harbour que sí tienen PIMSA y Serviamerica Corp. y les permite correr con tanta suerte?

Al parecer, la clave está en quién es el dueño del negocio. Tanto PIMSA como Serviamerica pertenecen al empresario argentino Samuel Liberman. Port & Harbour, no.

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Fe de errata

En la noticia La ribera canalera del Pacífico, un gran diamante en bruto , publicada ayer, domingo 26 de abril en la página 7A, se identificó en varias ocasiones a Roberto Sabonge como consultor y exvicepresidente ejecutivo de la Dirección de Planificación y Desarrollo Comercial de la Autoridad del Canal de Panamá. El nombre correcto es Rodolfo Sabonge.

También se identificó al presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de forma errada, al nombrarlo como Jaime Ford. El nombre correcto es José Luis Ford.

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LAS CONCESIONES

En menos de seis meses, la AMP arrendó o vendió tierras en Rodman

20 años de duración de las concesiones que la AMP le otorgó a las compañías Port & Harbour y PSA para que desarrollaran puertos.

18.7 hectáreas ubicadas en Rodman que el Estado panameño le vendió a PIMSA a un precio de $22.4 millones.

$6 millones descontados a Serviamerica Corp. en la compra de 12 hectáreas en Rodman. Pagó $8.9 millones por un terreno de $14.9.