Personas con discapacidad exigen aplicar leyes

La realidad que viven en las calles las personas con discapacidades no corresponde con lo que recogen las leyes.

Panamá cuenta con cuatro normas creadas con el propósito de incluir a los discapacitados y darles facilidades para desenvolverse en los espacios públicos. Los derechos y oportunidades de los discapacitados fueron codificados por primera vez en el país en 1999.

Pero, el boom urbanístico que ha experimentado el país en los últimos años no ha incorporado facilidades para la movilidad de las personas que usan silla de ruedas o que se mueven con otras dificultades, una población calculada en 400 mil personas.

Estas realidades fueron expuestas ayer en la Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad, presidida por Fanny Wong y coordinada por Elsa Montilla.

El análisis será presentado hoy ante el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, que paradójicamente ha sido uno de los obstáculos que ha frenado el avance de estas políticas: a seis años de su creación, es la primera vez que se reúne.

Este Consejo, de acuerdo con la Ley 23 del 28 de junio 2007, que crea la Secretaría Nacional de Discapacidad, está integrado por el presidente de la República, quien lo dirige; nueve ministros de Estado, directores de entidades descentralizadas y representantes del sector académico y empresarial.

Por ello, hoy las personas con discapacidad presentarán el informe que contempla diez puntos, establecidos por normas, que se deben cumplir. El primer punto es precisamente la conformación del equipo que se encargará de elaborar el reglamento del Consejo Nacional Consultivo.

Las demandas incluyen aspectos laborales, educativos y urbanísticos. ‘No somos ciudadanos de segunda categoría', reclamó Wong.

Los testimonios presentados ayer son una muestra de que las normas han sido letra muerta. A pesar de que el sistema de transporte metrobús surgió cuando ya estaban en vigencia estas leyes, estos vehículos no cuentan con facilidades para discapacitados y quienes usan silla de ruedas deben cargar consigo siempre una pinza o destornillador para destrabar los molinetes de los autobuses, explicó Juan Marquínez.

Marquínez también se quejó de que los estacionamientos destinados a las personas con discapacidad no tienen el diámetro que obliga la ley, hasta el punto de que la rampa para la silla de rueda queda debajo del auto.

A esto se le suma que las personas que no padecen ninguna dificultad física usan estos espacios.

Marquínez señaló, incluso, que en los espacios de estacionamiento para discapacitados en las oficinas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, entidad que debe velar por el cumplimiento de estas normas , son ocupados por los empleados.

En materia educativa, la realidad es similar. Otro de los testimonios de ayer reveló que los colegios privados piden a los padres de niños con discapacidad que aseguren la presencia de un tutor que acompañe a sus hijos.