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16 de Jan de 2021

Nacional

Divisiones y boicoteo enmarcan tercer paro de metrobús este año

Una parte de los operadores suspendió el servicio, pero la mayoría continuó sus labores.

Solo doce horas duró la huelga de operadores del metrobús para exigir el pago de las horas extras y denunciar despidos injustificados, hostigamiento laboral y el incumplimiento de los bonos, por parte de la compañía de capital colombiano MiBus.

Fue la tercera paralización del servicio en lo que va del año 2015.

La medida arrancó a las 12:01 de la madrugada de este miércoles y terminó a las 12:34 del mediodía, sin choques.

La huelga reunió a un pequeño grupo de los 2,300 empleados que forman parte del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Transporte Masivo de Panamá (Sitmapa), que a su vez, reúne a 4,256 empleados en total. Estos ignoraron la advertencia del ministro de Gobierno, Milton Henríquez, de que no serían recontratados aquellos que apoyaran la protesta cuando concluyeran las negociaciones entre el Gobierno y la empresa MiBus, para la compra de esta última.

En el ambiente reinó el temor de quedar sin empleo y perder los pagos en conflicto.

Sin embargo, el grupo más beligerante se aglutinó en el patio de El Chorrillo, uno de los siete centros de despacho de buses, para mostrar poderío.

Mientras tanto, en el patio de La Doña, los operadores denunciaban que la empresa estaba ofreciendo $40 en efectivo para no paralizar el servicio. ‘Nos están dando 40 dólares para que salgamos a trabajar, porque quieren boicotear el movimiento', afirmó un operador con los billetes en la mano.

ACEPTAN ARBITRAJE

‘Levantamos el paro. Le pedimos disculpas a todos los usuarios, estábamos en esta causa justa... lastimosamente nos hemos visto en problemas con esta empresa que nos ha estado arremetiendo', declaró Lenín Vargas, subsecretario de Actas del Sitmapa, explicando a los manifestantes que se había acordado la vía del arbitraje, por parte de un tercero. La decisión (laudo) tomará 10 días hábiles.

A pesar de haber negociado por 16 horas el pasado martes, en el Ministerio de Trabajo, aceptaron el arbitraje con el paro ya andando.

La postura conciliadora del sindicato causó desagrado entre los operadores que no salieron a trabajar, ya molestos por el ‘plan B' del Gobierno, que consistía en poner a miembros de la Fuerza Pública a operar los buses.

El Gobierno dispuso para tal fin a 790 agentes, entre policías, fronterizos y aeronavales, informaron fuentes oficiales a La Estrella de Panamá .

‘El paro ha sido fallido, el sistema está funcionando normalmente; casi todos los conductores han salido a brindar el transporte y hemos tenido que usar muy pocos conductores del plan B', expresó el ministro de Gobierno, Milton Henríquez.

Había hasta 28 bomberos preparados para manejar el metrobús y así cumplir con el servicio al usuario.

En la tarde, la compañía informó que está en disposición de ‘continuar con el diálogo para subsanar las diferencias que aún persisten, de acuerdo con los mecanismos que indica la ley laboral'.

Y como para ponerle la cereza al pastel, Germán Rodríguez, secretario de Actas del Sitmapa, reiteró que MiBus paga cualquier día, sea domingo o nacional, como día regular.

PIDEN RENOVACIÓN

MiBus comenzó a funcionar el 28 de diciembre de 2010 y no se esperaba paralizaciones. Pero, el dirigente Inocencio Guerra organizó la primera huelga, el 26 de diciembre de 2012.

Entonces, se reclamaban reivindicaciones laborales y un salario de $800 sobre los $560 que recibían (ahora son $614).

Para el 4 de enero de 2013, hubo otra amenaza de paro, al aducirse que la empresa había incumplido con el acuerdo firmado para resolver el paro de diciembre. Los números apuntaban a 100 operadores destituidos.

Guerra fue despedido el 18 de febrero de 2013, por la compañía colombiana.

Antenor Guadamuz, quien asumió la dirigencia de los operadores en reemplazo de Guerra, paralizó el servicio el 14 de octubre de 2014, exigiendo las liquidaciones al anunciarse la compra del Estado a MiBus.

El propio presidente Juan Carlos Varela se apersonó al patio de La Doña y firmó un finiquito que aseguraba sus prestaciones laborales. Eso no alivió la rebelión, y para el 9 de noviembre, el sindicato amenazaba otra vez.

En 2015, se dio la suspensión del servicio el 15 de enero y el 6 de abril; en ambas ocasiones, algunos de los operadores fueron retenidos por la Policía.

Guadamuz fue separado de su cargo de secretario general el pasado 14 de junio, acusado de malos manejos de los fondos sindicales. Lo decapitó la junta directiva.

Ahora, la agrupación está dirigida por Germán Rodríguez y Lenín Vargas.

Varios operadores sienten frustración y exploran la posibilidad de cambiar a los líderes del sindicato, nuevamente. Pero, esta reestructuración requiere convocar una asamblea de empleados.

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INDEMNIZACIÓN

A los diablos rojos se les pagó $96 millones

En medio del forcejeo entre operadores y Gobierno, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aclaró ayer que la salida de los buses ‘diablos rojos' costó al Estado $96 millones.

El periodo del pago abarcó entre 2010 y junio de 2014, durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Mediante un comunicado, la entidad explicó que el pago se enmarcó en el proceso definido como ‘Rescate administrativo del sistema de transporte público colectivo de pasajeros en los distritos de Panamá y San Miguelito'.

El director de la ATTT, Julio González, aclaró la cifra para negar versiones que se refieren a montos superiores a los $100 millones, otorgados a los dueños de buses.

‘Hemos sido y seremos muy responsables... y en especial en un tema tan sensitivo como el rescate administrativo', agregó.

El 15 de marzo de 2013 dejaron de circular los diablos rojos en la ciudad, después de 40 años de un servicio desordenado y peligroso. La Fiscalía Cuarta Anticorrupción investiga denuncias por malos manejos e irregularidades en esos pagos.

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‘La empresa MiBus suspende, hostiga, persigue y niega vacaciones',

GERMÁN RODRÍGUEZ

DIRECTIVO DEL SINDICATO

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Los conductores exigen el pago de sus prestaciones laborales.

$23 millones en indemnizaciones reclama el sindicato al concluir el cierre de compra, y el Gobierno ha calculado solo $12.6 millones.