Propietarios de armas, rechazan la extensión de veda

En una nueva polémica ha generado la decisión del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg) que mantuvo hasta finales del año 2015 la prohibición a la importación de armas de fuego. La medida está vigente desde 2010.

La decisión, dirigida a las empresas debidamente autorizadas para la importación de armamentos, no es avalada por la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA).

Los afectados son los comerciantes autorizados, las agencias de seguridad, que no han podido reponer sus inventarios (revólveres 38 y escopetas calibre 12), así como ciudadanos que buscan defenderse de la delincuencia y deportistas que practican el tiro libre.

La APPA, creada a finales de los años 90, sostiene que no existen argumentos jurídicos para que la institución de seguridad continúe vedando la importación de armas, dejando en la indefensión a los panameños frente a la delincuencia organizada.

Raúl Molina, miembro de la Junta Directiva de la APPA, aseguró a La Estrella de Panamá que ni la Ley 15 de 14 de abril de 2010, que crea el Minseg, ni la Ley 57 de 27 de mayo de 2011, que regula el porte de armas y municiones en Panamá, facultan a Rodolfo Aguilera, titular de Seguridad Pública, a prohibir la entrada de ese equipo.

‘El ministro de Seguridad, —Rodolfo Aguilera— que está protegido por varios guardaespaldas —funcionarios pagados con nuestros impuestos— es el mismo que prohíbe a los ciudadanos tener un arma para defenderse. Eso es hipocresía; denota un doble estándar y doble moral', criticó Molina.

VEDA POR SEIS MESES

El ministro Aguilera firmó el Resuelto 122/DIASP/2015 6 de agosto, promulgado el viernes último, prorrogando la suspensión de la importación de armas de fuego de uso permitido por un término de cuatro meses, basado en los altos índices de violencia. La medida, que lleva también la firma del viceministro Rogelio Donadío, exceptúa a los estamentos de seguridad del Estado y a los servicios de seguridad institucional.

El tema inició con una resolución ‘temporal' del 30 octubre de 2010, firmada por el anterior ministro, José Raúl Mulino, que la emitió por un periodo de un año y la fue renovando cada año.

La prohibición de Mulino vencía el 30 de octubre de 2014 y, cuando se esperaba que se pusiera fin a la veda, Aguilera aprobó un resuelto por seis meses adicionales, hasta abril de este año.

Pero, al llegar abril, la medida se prolongó a través de distintas normas por un mes más, hasta el pasado 6 agosto (Resuelto 088/DIASP/15, de 6 de julio de 2015).

El directivo de la APPA deploró que Aguilera no haya respondido a la solicitud de que se dé a conocer la cantidad de ciudadanos con licencia para portar armas que se han visto involucrados en homicidios, robos, violaciones, secuestros y delitos violentos.

‘Se han inventado una estadística de que el 65% de los crímenes con armas de fuego corresponde a armas registradas', explicó, aduciendo que ese número debe obedecer a los oficios del Ministerio Público, que investiga, por ejemplo, si se le dispara a un delincuente que entra a una residencia a robar.

DELINCUENCIA

La Estrella de Panamá trató de obtener una posición del Minseg, pero no fue posible.

No obstante, la entidad alega que es necesario un periodo de tiempo ‘prudencial' que permita reglamentar las normas e implementar medidas técnicas adecuadas para identificar cuáles son las armas de fuego más peligrosas y cuáles, entre los individuos que solicitan permisos para portar armas, son aquellos que podrían usarlas para cometer hechos punibles posteriormente.

En Panamá, la Organización Internacional de Políticas de Armas de Fuego revela que existe una densidad de 27 armas por cada cien habitantes. El país ocupa la posición número 26 del mundo en cuanto a cantidad de armas por persona.

Hasta junio de este año se cometieron 262 homicidios, el 90% con armas de fuego.

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DEMANDA

Se ‘dispara' el precio de las armas

Las armas han subido de precio como consecuencia de la veda.

Conocedores del tema indican que, antes de la veda, una pistola Glock de 9 milímetros costaba entre $1,000 y $1,200, mientras que ahora, para poder adquirirla, hay que desembolsar arriba de $3,800 a algún propietario legítimo que la quiera vender.

En los últimos años se han vendido pistolas con registro de hasta $4,500 y $5,000, mientras que en el mercado ilegal una de 9 milímetros cuesta menos dinero.

La APPA señala que en el interior muchas personas tenían armas de fuego para proteger sus propiedades, por ejemplo, para defenderse de los coyotes que se comen los terneros y que pueden ser combatidos con una escopeta o un pequeño rifle.

El ministro Rodolfo Aguilera ha comentado su intención de establecer la obligatoriedad de que las armas de fuego tengan en la aguja percutora —pieza que pega en el casquillo y dispara la bala—, un microestampado con una serie única, de manera que en el momento en que toque el casquillo de la bala, quede una marca indeleble. Esa tecnología de alto costo solo la tiene el estado de California, en los Estados Unidos.

Otra propuesta ministerial es que se active el arma únicamente a través del reconocimiento de la huella digital. La APPA señala que esa tecnología existe únicamente ‘en películas de ciencia ficción'.

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EMPRESAS VENDEDORAS

Algunas no importan, sino que revenden lo que otras ingresan al país

20 empresas aproximadamente venden armas en Panamá

665 homicidios se cometieron en 2014, la mayoría con armas.