“Sáez Llorens y la Junta Directiva deben ser investigados”

A raíz de las revelaciones del FBI sobre el pago de sobornos en licitaciones de la Caja de Seguro Social, el médico especialista Leopoldo Santamaría, destituido durante la administración del ingeniero Guillermo Sáez Llorens, expone su punto de vista sobre este escándalo internacional, los megaproyectos y otros temas sanitarios de interés nacional.

¿QUÉ LE PARECE LO OCURRIDO CON EL PROYECTO CIUDAD HOSPITALARIA?

La Ciudad Hospitalaria es un monumento a la ignominia, por irracional y por los supuestos negociados que allí se concretaron. El ingeniero Sáez Llorens y la Junta Directiva fueron protagonistas directos, y deberían ser investigados, y de comprobarse culpa, asumir la responsabilidad. El personal que aprobó todo eso, incluyendo los programas SAFIRO y SIPE, siguen allí, si acaso han cambiado de escritorio. Aunque ahora algunos afirmen estar sorprendidos y esperando que el Ministerio Público aclare... como si fuéramos tarados y los mismos que negociaron esos contratos lesivos al patrimonio de la institución fueran a facilitar la información que serviría para condenarlos.

¿POR QUÉ SE DARÍAN TALES CONTRATACIONES?

Toda contratación pública debe cumplir un procedimiento, una serie de pasos y de criterios fundamentales: 1. Debe prevalecer el interés público; 2. La relación debe ser justa, es decir, que el Estado reciba el bien o servicio en condiciones adecuadas para el fin propuesto y a su vez, que la empresa reciba el pago correspondiente. Lamentablemente, lo que se observa con inusual frecuencia es el abuso de las llamadas cláusulas del equilibrio contractual, contenidas en el Artículo 21 de la Ley 22, de Contrataciones Públicas. Para que prevalezca el interés público es imprescindible que los contratos contengan lo que se denomina la cláusula de rescate, que evitaría los vicios propios de la corrupción, como son las adendas y las indemnizaciones, pues con ello se propiciaría que el Estado ejecutara las fianzas de garantía. Sin embargo, lo habitual es que las empresas recurran al arbitraje y no a la jurisdicción coactiva, que, reitero, garantizaría la preservación del interés público. De no haber sido por el FBI, agencia federal de los Estados Unidos, jamás nos habríamos enterado del pago de coimas a tres funcionarios de la institución por un contrato millonario de software ; si hubieran honrado la palabra empeñada, la auditoría forense integral habría revelado eso y quizás otras tropelías, porque es inconcebible que siendo el Derecho un arte técnico, en ningún contrato hayan previsto, ante el incumplimiento, la facultad de ejercer todas las fianzas de cumplimiento.

¿CUSTODIARON LAS AUTORIDADES DE LA CAJA EL PATRIMONIO DE LOS ASEGURADOS?

Reto a la actual administración a que diga cuántas fianzas de incumplimiento ha ejecutado la institución en los últimos 15 años. Y cuánto han sustraído o entregado, en virtud de reclamos amparados en la cláusula del equilibrio contractual. Recuerdo un solo caso, con la empresa que ‘desapareció' un piso de un hospital, pero jamás se conoció el informe.

¿CÓMO OBSERVA LA ADMINISTRACIÓN FRENTE A LOS TRABAJADORES?

Pésimo escenario, según fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Artículo 243, que le permitía a la institución cobrarle a las empresas morosas, mediante el denominado proceso de jurisdicción coactiva, medida lesiva para el trabajador, que así quedará impedido de reclamar atención y compensación económica frente a casos de riesgos profesionales.

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA PENSIÓN VITALICIA PARA LOS FAMILIARES DE LOS INTOXICADOS CON LA HEPARINA EN EL COMPLEJO DE LA CAJA?

¿Cuántos procesos maneja el Ministerio Público, aparte de las tragedias por la KPC, las muertes neonatales y el dietilenglicol, a propósito, por qué aún no hemos sabido qué asesor legal levantó, mediante criterio, la restricción que tenía la empresa, por carecer de licencia de operación, para que entregara ese veneno?

¿QUÉ AVANCES HA LOGRADO ESTIVENSON GIRÓN DURANTE ESTOS ONCE MESES EN LA CSS?

Avance, ninguno, antes todo lo contrario, un rotundo fracaso. A partir del mes de septiembre del 2015, los uniformes que porten el eslogan ‘Transformándonos' deben dejar de utilizarse.... Esta es una disposición absurda, intrascendente; que no beneficia al asegurado que necesita un examen especializado, una cirugía o medicinas. Si así pretenden humanizar la institución, vamos mal.

SEGÚN RECIENTE DISPOSICIÓN, LOS PACIENTES DEL INTERIOR PODRÁN RECIBIR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN LA CAPITAL, SOLO CUANDO EN SUS RESPECTIVAS REGIONES NO HAYA ESPECIALISTAS. ¿QUÉ LE PARECE ESTA MEDIDA?

Este es otro disparate, el numeral 6 del Artículo 3 de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, dispone, claramente, que: ‘La CSS deberá asegurar, de manera efectiva, el acceso a los servicios con calidad y a los beneficios que establece esta Ley en igualdad de oportunidades y sin discriminación de ningún tipo a todos los asegurados, pensionados y sus dependientes'. ¿Acaso los del interior somos asegurados de segunda categoría? El Artículo 136 de la Ley Orgánica de la CSS establece que las prestaciones en salud consisten en la atención integral, que incluye: atención ambulatoria, hospitalaria, quirúrgica, odontológica, farmacéutica y otros servicios. Además, el mismo artículo advierte que… para fortalecer los servicios de atención existentes, la Institución deberá establecer la aplicación de normas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, oportunamente, así como la planificación de los recursos humanos y físicos requeridos. De cumplir su deber, los equipos fuera de servicio serían la excepción, no la norma; será que el desmejoramiento sirve para ‘justificar' la contratación privada de cateterismos, de cirugías de corazón, de equipos de anestesia, de hemodiálisis, de servicios de limpieza, etc.

Además, ¿cómo pretenden desconocer, mediante Resolución, la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social? Pero hasta parece lógico que los abogados no advirtieran lo absurdo de esta disposición, puesto que fueron los mismos que validaron la estructura que la Corte Suprema desconociera por inconstitucional.

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‘De no haber sido por el FBI, agencia federal de los Estados Unidos, jamás nos habríamos enterado del pago de coimas a tres funcionarios de la institución por un contrato millonario de software'.