“Los funcionarios que no sean bien evaluados van a tener que salir del sistema”

Los empresarios y comerciantes lo reconocen. Los estudios lo confirman. Ninguna organización puede funcionar con eficacia si no cuenta con un sistema de gestión capaz de atraer, motivar y retener a las personas idóneas para cada posición.

¿Por qué, entonces, el Estado la más importante de todas las instituciones, la que más impacto tiene sobre la vida de los ciudadanos —como reconocía en días pasados Susana Pinilla, directora representante en Panamá del CAF—, carece de un sistema adecuado para administrar su principal recurso?

Y más importante aún, ¿qué está haciendo el país para rectificar?

De acuerdo con David Montenegro, director de la oficina de Carrera Administrativa, la respuesta la tiene este gobierno con un proyecto de ley que intenta profesionalizar y modernizar la gestión pública.

‘El presidente Juan Carlos Varela está muy interesado en dejar andando un sistema de Carrera Administrativa adecuado y eficaz', asegura Montenegro .

Después de un año de análisis y consultas, el Gobierno presentó en septiembre un anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 9 de Carrera Administrativa, que a pesar de haber sido elogidada como una excelente ley al ser aprobada en 1994, fue alterada y desvirtuada por las sucesivas administraciones, en busca de ‘satisfacer sus intereses políticos', asegura el director de la oficina adscrita a la Presidencia de la República.

El anteproyecto, presentado por el ministro Álvaro Alemán y que todavía espera ser discutido en primer debate en la Asamblea, contempla la revisión de los procedimientos de ingreso a la Carrera Administrativa, la reactivación de los manuales de cargos, además de la creación de un tribunal administrativo y la elaboración de una ley general de sueldos, un sueño largamente esperado por los funcionarios, que repetidamente observan a los favoritos recibir hasta tres veces más en dinero que quienes hacen la misma función.

CASI TODOS LOS GOBIERNOS ANTERIORES HAN PRESENTADO CAMBIOS A LA LEY AL FINAL DE SU PERIODO, CON EL FIN DE PROTEGER A SUS COPARTIDARIOS. ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN VARELA?

Como lo pudo ser en ocasiones anteriores, nuestro objetivo no es proteger a los funcionarios contratados por este gobierno, sino la institucionalidad, por eso deseamos contar con el tiempo necesario para organizar la implementación de este proyecto. Nuestro compromiso también incluye dejar andando, a partir del año 2017, un sistema de contratación basado exclusivamente en concursos y una revisión total de la ley general de sueldos para eliminar las disparidades y garantizar que ningún funcionario gane menos de $500. Para ejecutar estos planes, necesitamos tiempo.

¿CÓMO ASEGURARÁN QUE ESTA LEY NO TENGA UN DESTINO SIMILAR A LA LEY 9 DE 1994?

Hemos añadido unas mejoras con respecto a esa ley, que también garantizarían su sostenibilidad. Uno de los aspectos más relevantes es la creación de un tribunal de acción civil, con tres magistrados. Ahora mismo, como está la ley, si algún funcionario es destituido debe apelar ante la persona que lo destituyó, probablemente el ministro o el director y resulta poco probable que estos cambien su decisión. El siguiente paso en el sistema actual es recurrir a la junta de apelaciones, que tiene la desventaja de estar formada por representantes de gremios, universidades, no por abogados idóneos para aplicar la ley. Esta junta, además, depende de la convocatoria del Ejecutivo.

El que proponemos es un tribunal independiente como el de Cuentas, y conformado por tres magistrados elegidos en periodos escalonados, que no solo verían los casos de funcionarios de carrera administrativa, sino los de todos los funcionarios que sientan vulnerados sus derechos.

¿CUÁLES SERÍAN LOS CRITERIOS DE INGRESO A LA CARRERA CON ESTE PROYECTO DE LEY?

El requisito es obtener puntajes adecuados en dos evaluaciones de desempeño consecutivas. Aquellos, independientemente del periodo en que fueron nombrados, que no son bien evaluados durante esos dos periodos, lamentablemente van a tener que salir del sistema.

¿QUÉ GARANTÍAS HAY PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA?

La evaluación no va a depender del capricho del jefe. Para ello, estamos haciendo una prueba en el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACCOP), una institución chica que ya tiene elaborados su misión, visión y plan estratégico, de manera que se pueden determinar las tareas y funciones que le corresponden, desde el eslabón más débil hasta el más importante. Con los resultados que tengamos en el Ipacoop vamos a hacer los ajustes necesarios para asegurar un instrumento de medición adecuado.

PODEMOS RECONOCER ENTONCES QUE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN VA A EJERCER UN IMPACTO EN LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS. ¿QUÉ CRITERIOS GUÍAN A ESTE INSTRUMENTO?

Queremos impulsar un servidor público con sensibilidad social, que tenga conciencia de la importancia de su función. Si no tienes esa voluntad de trabajo y ese compromiso de servir, no tienes nada que hacer en la administración pública, por más diplomas que tengas. Ese es el mensaje fundamental que este gobierno desea llevar. Resulta un contraste muy marcado con la situación que nos tocó heredar. Tuvimos un gobierno que cometió muchos actos ilícitos, no solo por las personas que están detenidas, sino ayudados por una cadena de servidores públicos que se prestaron para lo que se ha conocido y para otras cosas más. La idea que planteamos es que quienes deseen ingresar a la Carrera Administrativa y quedarse en el Gobierno deben ser evaluados positivamente durante dos años seguidos en aspectos como responsabilidad y compromiso con su trabajo.

USTED HA MENCIONADO EN DECLARACIONES ANTERIORES QUE EL GOBIERNO DE RICARDO MARTINELLI DEJÓ 25 MIL FUNCIONARIOS EVENTUALES, QUE ESTÁN EN CONDICIONES DE INESTABILIDAD. ¿QUÉ PASARÁ CON ELLOS?

La ley corrige ese error retroactivamente. Una vez que se sancione la ley la Contraloría deberá pasar a esos funcionarios a la condición de permanentes, lo que les permitiría acceder a préstamos y a una vida más digna.

¿HAY VOLUNTAD POLÍTICA PARA APROBAR ESTE PROYECTO EN LA ASAMBLEA?

Lo más difícil era que saliera del Ejecutivo, y ya sucedió. La Asamblea tiene diferentes actores, pero he escuchado en diversas ocasiones al presidente de este Órgano que una de las prioridades es este proyecto. El presidente de la Comisión de Trabajo también ha mostrado su disposición. Esperamos que pueda ser aprobado antes de noviembre.

¿QUÉ REACCIONES HAN OBTENIDO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL MISMO GOBIERNO?

Hemos dialogado y seguimos dialogando con asociaciones de funcionarios públicos como la Fenasep, la Conusi, el Conato y los que tienen que ver con el sector gremial y sindical. Aunque en principio están de acuerdo con el proyecto, y sobre todo con los objetivos, tienen algunas objeciones en puntos como la libertad sindical dentro del Estado, la forma como se conformará el tribunal, el nombramiento de los magistrados. También hay confusión con respecto al significado de ser un servidor eventual. De cualquier forma, se trata de un proceso abierto al diálogo y a nuevos aportes en el primer debate de la Asamblea. Lo importante es que se obtengan consensos.

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‘Nuestro compromiso es dejar andando un sistema de contratación pública basado en concursos y hacer una revisión general de sueldos que corrija disparidades e impida salarios menores a los de $500