El negocio de las impresoras fiscales impuestas por Cucalón

‘Hoy por ti, mañana por mí'. Parece que en este dicho se hubiera inspirado Luis Cucalón durante su periodo al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Ahora detenido en prisión preventiva por peculado, Cucalón introdujo el uso de equipos fiscales como una forma de reducir la evasión fiscal, que al momento de llegar el presidente Ricardo Martinelli al poder alcanzaba los $200 o $300 millones anuales. Lo que nunca dijo fue que detrás de la venta de estos equipos había un empresario con el que él personalmente había mantenido estrechos vínculos.

En 2011, el polémico funcionario impuso a todos los comerciantes del país la adquisición de los equipos fiscales con el pretexto de documentar las operaciones relacionadas con el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles y Servicios (ITBMS). Cucalón incluso llegó a ofrecer incentivos fiscales por la compra de los equipos. La Dirección General de Ingresos (DGI) otorgaba un crédito ($700 y $850) que sería descontado del pago de los impuestos de los contribuyentes que adquirieran las impresoras. Además, los comercios que fueran sorprendidos sin tener los equipos estarían sujetos a sanciones de entre mil y $5 mil, la primera vez, y hasta $15 mil si eran reincidentes.

Pero las impresoras fiscales no lograron el objetivo de reducir la evasión de impuestos. Por el contrario, causaron enredos y gastos a los comerciantes que no lograban adaptar sus sistemas contables a los equipos.

Publio Cortés, actual director de Ingresos, percibe que su antecesor se enfocó en las ventas de los equipos fiscales más que en lograr que el sistema redujera la evasión fiscal. ‘Siento que en la pasada administración estaban más preocupados de que se vendieran los equipos que de conseguir que el sistema sirviera de control preventivo para reducir la evasión del ITBMS', señaló Cortés a La Estrella de Panamá.

Una de las cuatro empresas avaladas por la Dirección de Ingresos para vender los equipos estaba estrechamente vinculada a un socio y amigo de Cucalón, Cristóbal Humberto Salerno Ballestas.

Salerno y Cucalón son viejos conocidos. El propio exdirector de Ingresos narró a este medio de comunicación que se conocieron en los años 70, cuando ambos estaban relacionados en el negocio de las financieras.

Cucalón y Salerno volvieron a coincidir más adelante, cuando ambos formaron parte de la directiva de IDS Holdings Corporation, mejor conocida como Sears, que sucumbió ante la ola de quiebras que azotó al país a inicios del siglo XXI.

Años más tarde, Cucalón y Salerno volverían a verse las caras nuevamente.

El 25 de agosto de 2010, Cobranzas del Istmo, S.A., cuyo propietario era Cristóbal Salerno, fue contratada por la administración de Cucalón para cobrar los impuestos morosos del Estado.

Cobranzas del Istmo, S.A. obtuvo $54 millones en comisiones por el cobro de impuestos. Pero, su gestión fue dudosa y sus propietarios están siendo investigados por delitos contra la administración pública.

En 2011, una empresa ligada a Salerno sería una de las primeras habilitadas por la Dirección de Ingresos para vender las impresoras fiscales: The Factory HKA Panamá, S.A.

El comercio era de capital venezolano, pero vendían los equipos fiscales internacionalmente.

A Gabriel Btesh, prominente miembro del círculo empresarial cercano al expresidente Martinelli, se le ha vinculado con este negocio. Según relato directo a este medio, Btesh contactó a los dueños de la empresa mientras estos exponían sus productos en Panamá y, con la promesa de que la empresa sería habilitada para vender equipos fiscales, surge una sociedad cuyo capital era 50% venezolano y 50% panameño.

Ailedsabel González, abogada del empresario Btesh, aparece como una de las suscriptoras de The Factory HKA Panamá, S.A.

Los trámites para que vendieran los equipos fiscales fueron expeditos, señaló Temístocles Maizón, jefe de proyectos fiscales de Compulab, S.A., quien, asegura que The Factory HKA Panamá, S.A fue beneficiada directamente por Cucalón.

El negocio de la venta de equipos fiscales estaba pasando por su mejor momento cuando la empresa fue secuestrada por un supuesto incumplimiento de contrato a la empresa Real Space Corporation, proveedor de servicios de contabilidad y publicidad, entre otros. La representante legal de esta empresa es la abogada de Btesh.

El Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Civil de Panamá decretó un secuestro de hasta de $3 millones sobre los bienes de la proveedora de equipos fiscales.

Para ejecutar los trámites, fue contratado como administrador judicial Alberto José Salazar Acosta.

El 18 de abril de 2012 se giró un cheque (de la cuenta con terminación 0047-8 del Banco Nacional) por $284 mil a nombre de Multi bank (dinero que supuestamente sería usado para el pago de impuestos). Una vez depositada, la suma fue transferida a una cuenta de Tropical Life Corporation, también en Multibank, cuya representante legal era María Alesandra Salerno Gómez.

Posteriormente, la firma de abogados que representó a los socios venezolanos demandó al administrador judicial por el delito de estafa agravada y falsedad.

La contadora de la empresa también fue querellada por haber registrado los pagos en concepto de adelantos del Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios para justificar la emisión de este cheque.

La defensa de los venezolanos argumentó que no se justificaba la transferencia a la cuenta de Salerno.

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ITBMS

La evasión alcanzó $529 millones en 2014

En 2014, el fisco recaudó $793 millones en Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y Servicios (ITBMS) a ventas directas.

La suma representa un 60% de $1,322 millones de la meta de recaudación para este renglón. Esto significa que la evasión alcanzó un 40% ($529 millones).

La Dirección General de Ingreso (DGI), dirigida por Publio Cortés, busca reducir este porcentaje de evasión a un 20% ($264 millones).

El director Ingresos explicó que busca establecer mejores tecnologías en los puestos de control de ventas y en los sistemas de facturación, así como en los mecanismos de retención del ITBMS, para actuar preventivamente contra la evasión de este impuesto.

En cuanto al modelo de cobranza privada de impuestos morosos implementado en la administración de Luis Cucalón, Cortés señaló que ‘fue un gran fraude'.

Cucalón contrató a la empresa Cobranzas del Istmo para recaudar los impuestos morosos. La empresa ganó $47 millones en comisiones entre 2012, 2013 y la primera mitad de 2014. En promedio, esto representó $19 millones en comisiones cada año, reconoce Cortés.

El recaudador de impuestos explicó que, para el año 2014, la recaudación de ingresos tributarios alcanzó los $4,830 millones. Esto significa que la empresa solo contribuyó con el 1.5% ($76 millones) de los ingresos tributarios.

En lugar de la cobranza privada, Cortés apuesta a reforzar la estructura de la DGI, para lo cual ha implementado una práctica de jurisdicción coactiva.

En sus planes también está instalar un centro de llamadas para el cobro de impuestos.

Cortés detalló que ya existe el espacio físico y la mayor parte del personal nombrado para instalar este centro.

‘Sólo falta que el contralor refrende el contrato de la compra e instalación de los equipos', dijo Publio Cortés.

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HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN

La DGI desarrolla estrategias para controlar la evasión

SEPTIEMBRE 2011

Se crea la Ley 72 del 27 de septiembre de 2011, que introduce cambios en la adopción y uso de los equipos fiscales.

ENERO 2016

La Dirección General de Ingresos (DGI) ampliará los mecanismos y agentes de retención del impuesto del ITBMS.

Las autoridades fiscales implementarán la factura electrónica que funcionará paralelamente a las impresoras fiscales.