Varela llama a sector público y privado para 'unir fuerzas'

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se reunió ayer con los principales grupos de abogados y empresarios del país en una sesión extraordinaria para analizar la acciones a tomar tras el escándalo Mossack Fonseca.

Al mismo tiempo, asignó a Christian Ferry, asesor internacional del mandatario, la labor de identificar los servicios de un consultor especialista en asuntos financieros para manejar esta crisis.

La misión es un encontrar a ‘una persona de alto perfil' que tenga experiencia y conocimiento en manejo de temas financieros internacionales.

UNIÓN DE FUERZAS

En el encuentro, el mandatario solicitó a los abogados y, empresarios ‘unir fuerzas' con el sector público para defender los mejores intereses nacionales.

Varela fue enfático en que hay que ‘coordinar las acciones' para salir ‘bien librados' de la situación que afronta el país y que los intereses nacionales no se vean afectados por el ‘problema' que ha generado la filtración de millones de documentos de la firma abogados Mossack Fonseca, poniendo en duda sus buenas prácticas.

Según se estableció en este primer encuentro, el grupo volverá a reunirse la próxima semana para valorar resultados.

NUEVOS RETOS

En el encuentro con miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (Candsif), creada en 2009 para responder ante los requerimientos internacionales en materia de tratados y acuerdos, se analizaron los retos que tiene el sistema ante la nueva normativa.

El presidente insistió en que hay que atender los intereses internacionales, sin desatender los internos.

JUAN CARLOS VARELAPRESIDENTE DE LA NACIÓN

‘Sugiero que en los próximos días se reúnan con los miembros de las juntas directivas de cada uno de los gremios del sector privado que integran CANDSIF'

A los asistentes, entre los que estuvieron los representantres de los principales gremios y sectores productivos del país, el mandatario propuso que, a partir de hoy mismo, se reunan con sus directivos y su membresía para lograr un consenso en el diseño de la estrategia ‘que sirva para que el país salga adelante'.

La reunión extraordinaria se realizó en el Palacio de Las Garzas, sede del Gobierno, y fue encabezada por el mismo Varela, acompañado de la canciller, Isabel de Saint Malo; el vicecanciller, Luis Miguel Hincapié y el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

Por el sector privado, asistieron José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA); el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge García Icaza; así como representantes de la Asociación Bancaria de Panamá y la Asociación de Abogados Internacionales.

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TRATO PREFERENCIAL

‘Clientes con problemas'

Las denuncias periodísticas que han puesto en entredicho la reputación de una de las más internacionales firmas de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, ponen de manifiesto un trato especial para sus ‘clientes con problemas'.

Entre los 11.5 millones de documentos extraídos del grupo de abogados que ahora estudia el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), se identifican intercambios de correos con recomendaciones específicas a sus clientes en todo el mundo para ganratizar ‘diferentes grados de secretismo' a sus compañías, alternando diferentes jurisdicciones y figuras comerciales. Cada servicio con una tarifa diferentes, aclara el consorcio.

Entre otras prácticas, ICIJ señala el cambio de fecha intencional o ‘bakckdating' en algunos de los documentos o registros elaborados por Mossack Fonseca para y la venta de sociedades anónimas con ‘solera', para rebajar la presión de una potencial auditoría.

Mientras la tarifa estándara para dar de alta una soceidad anónima oscila entre los $1.000 y $1.5000 dólares, una sociedad de vieja data puede venderse por $100,000 y $400.000, sostiene Ernesto Cedeño, abogado procesalista.

‘En Panamá no es ningún secreto que las sociedades antiguas se venden más caras, pero no es un delito', señala Cedeño quien reconoce, sin embargo, que es dificilmente explicable que un cliente quiera pagar más por un servicio, salvo que tenga algo muy dudoso que ocultar. Las sociedades ‘viejas', muchas morosas, pero no por eso extintas, por un vacío en la ley, se prestan menos a investigación, porque no han sido denucniadas, a veces por inoperantes.

Cualquier abogado, explicó, puede ir al registro público y ‘cosechar' esas sociedades, pagar las tasas pendientes y revenderlas. La ley lo permite, pero ‘todo acto de un abogado deja rastro y yo me cuidaría mucho de recomendar a un cliente un acto ilegal porque también cometo delito', recalcó.

Según el artículo 254 del capítulo VI de la ‘ley antilavado', aprobada en 2015, recibirá sanción de entre cinco y ocho años de prición quien favorezca dolosamente el blanqueo de capitales, advirtió el especialista.

El abogado no tiene por qué dudar de su cliente, precisó Cedeño, pero tiene la obligación de seguir su trayectoria y denuncias comportamientos sospechosos o irregulares o él mismo caerá en falta.

Ante las últimas publicaciones sobre el tema, el abogado panameño señaló que el Minsiterio Público tiene la obligación de investigar de oficio, como ha dicho que lo hará. ‘La legislación antiblanqueo panameña es firme y no puede quedar en letra muerta', indicó.