El CNA pide al Gobierno defender la soberanía jurídica

La reunión que sostuvieron ayer representantes del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y funcionarios del Estado, a propósito de la inclusión del Grupo Wisa en la ‘Lista Clinton', culminó con un mensaje muy claro: el Gobierno continuará haciendo esfuerzos para mitigar el impacto económico y laboral que representa el señalamiento sancionatorio de Estados Unidos, y las partes afectadas podrán establecer acercamientos con las autoridades correspondientes en busca de asesoría.

Abdul Waked, principal accionista del Grupo Wisa, fue incluido en mayo en esa lista sancionatoria, que elabora la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro. Recientemente, Waked acudió al CNA para explicar que, en su caso, el Gobierno de Estados Unidos no ha aportado las pruebas que lo incriminan por lo que se merma su derecho a una justa defensa.

Ese fue uno de los principales temas que trataron los miembros del CNA con varios funcionarios del Estado, en la cita que se había pactado con antelación, para hablar de asuntos varios.

‘Al CNA le preocupa que el señor Waked tenga la sensación de abandono o inactividad por parte del Estado. En ese sentido, recordamos a los presentes que existe un problema primario y una derivación del mismo. La inclusión de Waked en la ‘Lista Clinton' es el principal, y no se ha encontrado una fórmula para sacarlo de la lista. Es posible que lo que esté en el escenario sean soluciones para mitigar los efectos de esta causa, pero se debe atacar el problema central', indicó Juan Carlos Araúz, vicepresidente del grupo.

La Cancillería explicó, por su parte, que desde el Gobierno se han gestionado esfuerzos en la asesoría y confección de dos fideicomisos, el de Soho Mall y el de los almacenes Felix B. Maduro, ambos del Grupo Wisa, cuyo principal objetivo es salvaguardar los empleos.

La figura jurídica despojó a Waked de todas sus acciones y permitió que un administrador temporal estuviera al frente de los activos para que las empresas continuaran operando.

En el encuentro, que tuvo una duración de una hora y media, participaron por parte del CNA, el presidente y vicepresidente del gremio, José Alberto Álvarez y Juan Carlos Araúz, respectivamente, y los abogados Herberg Young, Rodnie Méndez, Raúl Araúz y Santander Tristán.

La canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo, se acompañó de un equipo conocedor del caso, integrado por el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena; Iván Zarak, viceministro de Economía y Finanzas; Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia y Farah Urrutia, asesora legal de la Cancillería.

‘El CNA planteó sus preocupaciones sobre la defensa de la soberanía en materia jurídica. Según el artículo 17 de la Constitución, el Estado tiene que defender vida, honra y bienes de los nacionales, y la inclusión de Waked en la OFAC vulnera el tratamiento de relaciones de respeto entre ambas naciones', relató Araúz sobre la discusión durante el encuentro.

En la mesa, agregó, ‘se expusieron las preocupaciones que esgrimió Waked en el Colegio la semana pasada, con especial énfasis en el rol que ha jugado el Gobierno al respecto'.

Los funcionarios precisaron los pasos que ha efectuado el gobierno desde el día que se conoció la inclusión del empresario en la denominada ‘Lista Clinton', el pasado 5 de mayo.

Como pate de la estrategia oficial, se destacó la negociación de los contratos de fideicomiso, que involucró horas de trabajo de los funcionarios en busca de fórmulas viables.

‘Otro de los esfuerzos que mencionaron los funcionarios fueron las reuniones diplomáticas que ha sostenido el Gobierno, tanto en la embajada de Panamá en Washington y aquí, con la embajada de Estados Unidos', mencionó Araúz.

En la charla se trató además la preocupación de los accionistas de Balboa Bank, entidad que también fue señalada por la OFAC, que piden la intervención de la Cancillería para agilizar su situación.

‘Estos afectados necesitan sentir que el Estado va a responder por ellos', puntualizó el jurista.

Augusto Arosemena, ministro del MICI y el viceministro del MEF, se comprometieron a recibir a representantes de los grupos afectados porque, según señalaron, van a continuar los esfuerzos para encontrar una solución a la situación que ha generado en el país la inclusión de las empresas panameñas en lista de la OFAC.

También acordaron con el CNA dar seguimiento a las gestiones ya realizadas, con las que han mantenido ‘cierta prudencia' y reserva mediática .

Farah Urrutia hizo énfasis en que la Cancillería ha dado apoyo a panameños que tienen problemas judiciales en el extranjero y mencionó entre ellos el caso de la joven Vanesa Rodríguez, asesinada por un militar norteamericano recientemente condenado a 30 años de prisión en su país.

Según Araúz, los funcionarios justificaron que inicialmente su esfuerzo se concentró en minimizar el impacto en el despido de la fuerza de trabajo.

‘El esfuerzo primordial debe centrarse en esclarecer las bases del señalamiento o sospechas para analizar la legitimidad de la misma o perderla. Ya que la visión del afectado es que esa sanción es su principal espada de Damocles. Hay que unir esfuerzos para atacar el problema de raíz', concluyó .

En horas de la tarde, la Cancillería envió un comunicado de tres párrafos en el que daba cuenta del encuentro. La nota reitera que la administración ‘continuará actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno estadounidense para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compañías y minimizar el impacto económico de la situación'.

El escueto comunicado no detalla más aspectos de la conversación.

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‘LISTA CLINTON'

La elabora la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

El 5 de mayo, Abdul Waked y sus 23 empresas fueron incluidos en esta lista sancionatoria.

Fue creada en octubre de 1995 por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de normas para la lucha contra las drogas y el lavado de activos.