Quesada Vallespi, el controvertido juez de Cobranzas

Rolando Quesada Vallespi ha tomado decisiones polémicas que lo han puesto en el ojo de la opinión pública. Uno de los veredictos más cuestionados del Juzgado Primero de lo Penal a su cargo fue, sin lugar a dudas, la excarcelación de Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Por esa decisión, revertida por el Segundo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría judicial al despacho de Quesada Vallespi. Fábrega, por su parte, después haber sido favorecido con la medida, se dio a la fuga y estuvo prófugo cuatro meses antes de declararse culpable de haber dado información confidencial de la casa de valores Financial Pacific, proceso aún abierto por un desfalco a un fondo privado de al menos $12 millones.

El cuestionado juez remató su sentencia en este caso cuando dictó una rebaja de pena al imputado, según publicó La Estrella de Panamá el 3 de septiembre de 2015.

Este no es ni el primero ni el único caso que provoca que el dedo acusador recaiga sobre Rolando Quesada Vallespi. Las actuaciones del juez vienen siendo señaladas desde hace más de diez años por diversas publicaciones periodísticas.

En 1996, Carlos Augusto Villalaz Barrios lo denunció por abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos y usurpación de funciones públicas, en un proceso que se seguía en su contra. La denuncia no prosperó porque la Corte Suprema de Justicia se inhibió de conocerla.

CONTROVERSIALES FALLOS

En 2004, el juez Primero de lo Penal encabezó las primeras planas de los medios de comunicación locales cuando el entonces fiscal anticorrupción, Daniel Batista, lo acusó de ‘forzar la ley' para que anulase un expediente sobre una investigación contra el exgerente de la Caja de Ahorros Carlos Raúl Piad, miembro del ‘círculo cero' de la expresidenta Mireya Moscoso.

En su fallo, el funcionario del Órgano Judicial alegó que el acusado gozaba de fuero electoral, como miembro del Partido Arnulfista.

En 2006, Quesada Vallespi avaló una decisión que le costó su puesto como magistrado suplente del Segundo Tribunal de Justicia y una suspensión como juez por treinta días. La Corte dictaminó ‘faltas graves en el ejercicio de sus funciones e inexcusables en la administración de justicia'.

El 15 de diciembre de 2004, avaló un fallo que declaró la nulidad de las operaciones antidrogas ‘Buenaventura' y ‘Estéreo', que permitió la incautación de 316 paquetes de cocaína, 500 comprimidos de heroína y el decomiso de $5 millones.

Con este fallo, seis personas acusadas de narcotráfico quedaron en libertad.

En 2009, el juez volvió a sorprender con otro veredicto y cerró un caso que se le seguía al Grupo F, del empresario Jean Figali, por delito contra el ambiente, tras un relleno de tierras que realizó en la Calzada de Amador, donde desarrollaba un ambicioso proyecto portuario. El juez no halló evidencias que demostrasen que el grupo inversionista había incumplido con el Estudio de Impacto Ambiental, según apuntaba una investigación del Ministerio Público.

Quesada Vallespi es el mismo funcionario judicial que en junio de 2013 ordenó el archivo definitivo de una investigación que se seguía por supuestos sobornos en la construcción de cárceles modulares.

En el proceso estuvieron vinculados Valter Lavitola y un primo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Quesada Vallespi ha cumplido 75 años y cerca de 25 ejerciendo labores en el poder Judicial. Es egresado de la Universidad de Panamá.

LA MADEJA DE COBRANZAS

El juez volvió a la palestra con un fallo que ha sido calificado como ‘controversial' en los círculos judiciales. El alto funcionario devolvió $32 millones al empresario Cristóbal Salerno, principal accionista de la empresa Cobranzas del Istmo, S. A.

Con ese fallo, Quesada Vallespi también liberó vehículos incautados al empresario y levantó medidas cautelares que pesaban sobre su hija, María Alessandra Salerno, y Elida Ballestas de Salerno, ambas relacionadas con la empresa.

Su fallo también favoreció a Ángela Claxton Salerno, a quien se liberaron seis vehículos, inicialmente incautados como parte de los bienes de Cristóbal Salerno, según información que recogió El Siglo , en su edición del 10 de junio de 2016.

Es a este juez a quien se ha encargado desenredar una de las tramas de corrupción más sonadas de la pasada administración de gobierno por el cobro tercerizado de impuestos a través de la empresa recaudadora. A Quesada Vallespi le toca decidir si llama a juicio a Cristóbal Salerno, Luis Enrique Cucalón y Magaly Ramos, los tres imputados en el caso.

El propietario y la gerente de Cobranzas del Istmo, S.A. y el exdirector de Ingresos deberán responder por una supuesta lesión patrimonial de $29 millones a través de un contrato para recaudar impuestos morosos. Los tres imputados enfrentan cargos de delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado.

La investigación de la funcionaria de instrucción revela que hubo desde cobro ilegal de coimas, por un monto de $6.8 millones, para acelerar el pago de comisiones a Cobranzas del Istmo, cobros irregulares de comisiones para la empresa, hasta incumplimiento en la contratación de la recaudadora de los impuestos morosos.

Los elementos están anexados a un expediente que instruyó la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, y que posteriormente pasó al despacho de la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, por acumulación de causas.

El abogado Miguel Antonio Bernal señaló que en este caso ‘procederán inspirados en programa Caso Cerrado'.

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EL CASO COBRANZAS

La causa tiene tres imputados por delitos contra la administración pública

A Luis Enrique Cucalón se le acusa de haber recibido dinero para acelerar el pago de comisiones de la empresa.

Cristóbal Salerno y Magaly Ramos son los otros dos imputados que enfrentan cargos.