05 de Dic de 2021

Nacional

Fiscalía reabre proceso por venta de finca ‘fantasma'

La Fiscalía Tercera de Descarga del Primer Circuito Judicial formuló cargos a los representantes de la empresa Road Creeck Investmente Corp

La Fiscalía Tercera de Descarga del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, a cargo de Vielka Vargas de Byrne, formuló cargos a los representantes de la empresa Road Creeck Investmente Corp., acusada de vender una propiedad que no existe.

El delito bajo investigación, contra el orden económico, en su modalidad de estafa agravada, recae contra Roberto Roy Ortega y Luis Carlos Solís Adames.

Ambos estaban citados ayer para rendir declaración indagatoria por la venta, el 14 de abril de 2010, de la finca 38184, por un monto de $343 mil, a la sociedad anónima Inversiones Manfersa, S.A., representada por Aldo Mantini Aponte.

Al parecer, el inmueble presentaba graves problemas de traslape con otra sociedad que nunca fueron mencionados por los vendedores - Road Creek Investments Corp - a los compradores - Inversiones Manfersa, S.A., señala la providencia de indagatoria del 1 de febrero de 2017, ordenada después de que el Juzgado Primero del Circuito judicial de Panamá reabriera el 19 de septiembre de 2016 un proceso de 2015 , por la presentación de nuevas pruebas.

En una declaración jurada, Mantini Aponte explicó que, junto a sus socios, llegó a este país para invertir. Después de varios sondeos, optaron por comprar un área de 5 mil metros, en La 24 de diciembre. Esa propiedad tenía una valla publicitaria que decía ‘Se vende este terreno', con un número de teléfono y el metraje de los terrenos. El número pertenecía a Solís Adámes.

Mantini continúa diciendo que localizó a Solís Adámes y que en una reunión posterior conoció a Roy Ortega, como su socio en esta propiedad. En esa misma ocasión acordaron la confección de un contrato de compra venta de los terrenos. Este documento establecía el pago $100 mil, como abono inicial, para proceder a la venta y trámites de pago de impuestos, pero, añade el inversionista, ‘en ningún momento le fueron entregados los planos de la finca'.

‘Previo a la celebración del contrato final, los vendedores solicitaron a la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales verificar los linderos de la finca, aportando un plano y una copia que no fueron entregados a los compradores y por lo tanto un evidente dolo en su actuar', señala la denuncia interpuesta por el querellante.

Los compradores ordenaron a los agrimensores levantar la información del terreno para iniciar su desarrollo. Los expertos no hallaron la finca. Los compradores solicitaron a los venderos que se les entregaran los planos de ubicación. La respuesta fue que no tenían los planos. En la Dirección de Catastro tampoco aparecieron los planos, explica el querellante.

Una inspección ocular de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), del 17 de enero de 2017, indica que la finca 38184 fue segregada de la finca madre 22332. El documento añade que en la finca en investigación se produjo un traslape, es decir, fue inscrita una finca sobre otra finca. Esto significa que el inmueble vendido a la sociedad Manfersa ‘no existe', debido a que se trata realmente de la finca 22332.

La diligencia de inspección ocular dispuesta por el despacho de instrucción señala que la finca está a lado de la Procesadora Monte Azul, dividida por una cerca de alambre ciclón donde se observan dos camiones haciendo movimientos de tierras y que un trabajador de la empresa preguntó, ‘qué haciamos sobre el terreno privado?' (sic). Ese mismo trabajador indicó que los terrenos pertenecían al propietario de Procesadora Monte Azul, en Juan Díaz. La inspección ocular se realizó tomando como referencia los datos inscritos en el Registro Público, donde su ubica la finca 38184, al lado de Procesadora Monte Azul.

La propiedad perteneció, en principio, a Alvin Antonio Sealy Brown, quien la heredó de su madre.

Según la declaración de Sealy Brown, la finca estaba valorada en $1,500, aunque por escritura pública 5324 del 7 de junio de 2006 se vendió por $3,000 a Road Creeks Investments Corp.

Sealy Brown, sin embargo, agregó que recibió realmente $100 mil a través de un cheque de un intermediario ‘a efectos de ahorrarse los gastos de pagos de impuestos', añade la declaración del testigo.

La perito Eufemia Acevedo, que cita la fiscal en la provindencia de indagatoria, establece en su informe que la finca madre 22332 quedó con 4334 mts2 y fue segregada en tres fincas. ‘Esta finca se vio afectada por la construcción de la carretera Panamericana hacia Chepo (...) y posteriormente por la construcción del Corredor Norte', señala el informe de Acevedo.

La 38184 reposa sobre otra finca de 4,334 metros cuadrados, que también enfrenta un traslape de la finca madre 22332, explica el abogado querellante.

Otro testimonio es el del topógrafo Felipe García De La Cruz, quien señala que esta finca está ‘viciada', con respecto a sus medidas y ubicación. Estas son las razones por las que se desconoce su ubicación.

‘Es importante advertir que luego de diversas diligencias tendientes a dar con la ubicación de la finca 38184, objeto de investigación, no se tiene a la fecha plano oficial debidamente registrado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, que de fe de la existencia física de la propiedad', señala la providencia de indagaroria.

La Fiscalía Tercera de Descarga asegura que las pruebas incorporadas en el expediente demuestran que se cometió un delito contra el patrimonio económico, tipificado en el Capítulo III, Título IV, Libro II del Código Penal, es decir, por el delito de estafa, que dice que quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho lícito en perjuicio de otro será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

La conducta prevista en el artículo anterior es sancionada con prisión de cinco a diez años en los siguientes casos: si la lesión patrimonial excede a los $100 mil, si la cometen apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones.

Este medio de comunicación contactó vía celular a Roy Ortega para conocer su versión del caso. El principio Roy Ortega aseguró que no conocía el nuevo proceso. Este medio supo, sin embargo, que el mismo día de la conversación fue notificado de la indagatoria. Después de tres llamadas y un mensaje que avisaba de esta publicación con el interés de contar con su versión, Roy Ortega refirió a su abogado Eduardo Guevara para consultas.

Por información de una fuente cercana al proceso se confirmó que ni Roy ni Solís Adámes acudieron a la indagatoria, que fueron representados por su abogado.

La fiscalía debe fijar una nueva fecha de indagatoria.