MP formuló cargos a juez por denuncia de Ayú Prado

Humberto López Correa, juez de juicio oral de Darién y exasistente de la magistrada del Segundo Tribunal María Lourdes Estrada enfrenta medidas cautelares de impedimento de salida del país por el proceso que se adelanta contra una red presuntamente dedicada a negociar fianzas, manipular fechas de audiencias, sobornar a jurados de conciencia y retener boletas de capturas a cambios de coimas.

López Correa también ha sido suspendido de su cargo y de su posición dentro del Órgano Judicial, y debe presentarse periódicamente ante la autoridad competente que adelanta el proceso.

La Fiscal Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría, Adela Heidy Cedeño, que investiga un presunto delito de corrupción de servidores públicos en perjuicio del Segundo Tribunal de Justicia, imputó cargos al juez y a otras 41 personas, quienes se mantienen en su mayoría con fianza de excarcelación .

El despacho de instrucción comunicó mediante la nota fechada el 1 de febrero de 2017 lo dispuesto por la fiscal de la causa para el funcionario judicial.

Sin embargo, la defensa presentó un amparo de garantías contra la decisión de la fiscal, que le correspondió atender al magistrado Cecilio Cedalise.

El Órgano Judicial, sin embargo, comunicó que el juez de juicio no fue suspendió de su cargo por lo que dispuso la Fiscal Anticorrupción de Descarga sino por disposición del Acuerdo 40 del de 2 de febrero de 2017 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo 41 de 2 de febrero de 2017, nombró a Roberto Eduardo Ortega Morales, para ocupar la repentina vacante del actualmente suspendido Juez de Juicio de Darién,

Esta investigación inició en 2015 en la Fiscalía Auxiliar de la República con una denuncia que interpuso el magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado el 24 de agosto de ese mismo año. Pero, posteriormente fue remitida en el 2016 a la Fiscalía de Descarga Anticorrupción.

La denuncia e investigación ‘se fundamentó en informaciones relacionadas con supuestas órdenes de libertades que se hicieron efectivas a través de presuntas medidas cautelares o incidentes presentados, a cambio de pagos (coimas)', sostuvo el organismo.

En una diligencia del despacho de instrucción practicada en noviembre de 2015 se detuvo a por lo menos trece personas, entre funcionarios del Órgano Judicial y particulares. Las detenciones se dieron durante un operativo en el Segundo Tribunal Superior, el Juzgado Décimo Sexto Penal y la Oficina de Descongestión Judicial.

La red de corrupción incidía en decisiones judiciales de encausados en el Centro Penitenciario La Joya, La Joyita, y el Centro Femenino.

Una fuente judicial informó que este proceso también se ha mencionado a tres magistrados de máxima magistratura de justicia que aún no han sido llamados por la fiscalía de la causa.