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Sin acuerdo en la Corte por demanda contra el subsidio legislativo
Actualizado
- 25/02/2017 01:00
Creado
- 25/02/2017 01:00
El magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, es uno de los que rechaza que se declare inconstitucional la reglamentación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia no se puso de acuerdo en cuanto a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la reglamentación de los subsidios que otorga la Asamblea Nacional.
Un comunicado del Órgano Judicial señala que sobre la demanda de inconstitucionalidad, presentada por el abogado Ernesto Cedeño, el pleno decidió autorizar al magistrado exponente a retirar el proyecto de fallo y volver a presentarlo, ‘sin haberse decidido nada de su admisibilidad'.
DEMANDA Y LABOR
La Contraloría reglamentó los subsidios en la Asamblea Nacional
El abogado Ernesto Cedeño presentó una demanda de inconstitucionalidad.
La demanda se sustenta en que la labor de los diputados no es otorgar ayudas económicas.
El pleno tenía previsto discutir el proyecto de fallo que había redactado el magistrado Harry Díaz, exponente de la demanda, y que declara inconstitucional el Decreto Nº 441-2016-DMySC de 25 de octubre de la Contraloría General, mediante el cual reglamenta los subsidios que otorgan los diputados.
El tema mantiene dividida la opinión de la Corte, en vista de que un grupo está de acuerdo en que el decreto es inconstitucional y otro que alega que no.
El magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, es uno de los que rechaza que se declare inconstitucional la reglamentación.
El magistrado presentó sus observaciones por escrito a su colega Díaz, el 24 de enero. Para Ayú Prado, ‘llama la atención que se demanda de inconstitucionalidad el Decreto (...) y no la Ley de Presupuesto General del Estado'.
Ayú Prado añade que en el Presupuesto del Estado para la vigencia fiscal de 2017 se le asigna a la Asamblea Nacional ‘un cero' en materia de subsidio. ‘Para qué crear una regulación, si no hay materia para ser regulada', pregunta Ayú Prado en la nota enviada al magistrado Díaz.
Sin embargo, Ayú Prado hace referencia al artículo 7 de la Ley de Presupuesto del Estado, mediante el cual se aprueban $2,325,000 para transferencia corriente de la Asamblea Nacional. Hace un desglose de este gasto de los $2.3 millones. De esta cifra, $142,000 son para ‘beca de estudios', $1,253,000 para el ‘exterior' y $920,000 para ‘personas'.
La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, considera que el Decreto Nº 441-2016-DMySC es inconstitucional. La opinión de la procuradora está contemplada en el traslado de demanda que hizo el magistrado Díaz.
El abogado Cedeño espera que la Corte declare inconstitucional el decreto porque la función de los diputados no es otorgar subsidios.
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