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22 de Oct de 2019

Nacional

La ATTT definirá en julio el servicio de Uber

La empresa brinda sus servicios en Panamá desde marzo de 2014

La empresa Uber ha interpuesto varios recursos, a través de una firma de abogados, para defenderse de las acusaciones lanzadas por el sector selectivo.

Para principios de julio la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) definirá si el servicio que brinda la empresa Uber es legal o no, tras la denuncia que ha presentado un grupo un grupo de transportistas del sector selectivo.

Esta vendría siendo la segunda fecha que da el director de la ATTT, Julio González para poner el claro la situación de Uber, empresa que brinda su servicio en la ciudad de Panamá desde el 18 de marzo de 2014. A inicio de año el funcionario había asegurado que a finales de mayo se iba a pronunciar por este tema, pero cinco días antes al 30 de mayo la institución avaló las diligencias de declaraciones solicitadas para que exista una participación activa y transparente de las partes involucradas.

En agosto del 2016, el abogado Emidio Manzané presentó, en representación de un grupo de taxistas, una denuncia penal contra la plataforma Uber en Panamá, por la supuesta comisión del delito financiero.

La denuncia del jurista se basó en que Uber viola normas establecidas en la ley que regula el tránsito y transporte terrestre de la República de Panamá.

Los transportistas también cuestionan que la empresa, al no ser propietaria de los vehículos utilizados para prestar el servicio de transporte, no tiene responsabilidad en el pago de impuesto de circulación (placa), no paga los seguros ni las coberturas exigidas cuando se transporta pasajeros.

Ante esto la empresa Uber ha interpuesto varios recursos, a través de una firma de abogados, para defenderse de las acusaciones lanzadas por el sector selectivo.

De acuerdo con la ATTT, mientras no se resuelva los procesos administrativos que están pendientes en la institución en contra de la plataforma de transporte Uber, no se tomará ‘ninguna acción determinante que comprometa la objetividad del proceso administrativo'.