Proyecto contra la impunidad bajo análisis

El proyecto de ley que propone eliminar la prescripción de los delitos de corrupción está a la espera de que los diputados de la Comisión de Gobierno establezcan la subcomisión que analizará el contenido de la iniciativa.

La propuesta fue presentada el 13 de marzo de 2017 ante la Oficina de Participación de Ciudadana de la Asamblea Nacional por un grupo de jóvenes profesionales y estudiantes de derecho y no fue prohijada sino hasta la semana pasada.

Una vez se prohijó el proyecto de ley, los diputados acordaron designar una subcomisión que se encargaría de estudiar cuáles delitos se incluirían en la lista de no prescripción.

NORMA LEGAL VIGENTE

El artículo 116 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, actualmente vigente, señala que la acción penal prescribe en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito que es imputado.

También prescribe al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas que no son privativas de libertad.

‘La subcomisión buscará la fórmula para que se abarquen los delitos de alto perfil',

ANNETTE PLANELLS

DIRIGENTE MOVIN

Annette Planells, dirigente del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), explicó que en la subcomisión legislativa se buscará la fórmula para que solo se abarquen los delitos de corrupción señalados como de ‘alto perfil'.

La intención de la propuesta es evitar que las personas que en determinado momento forman parte de cualquier gobierno y cometan alguno de estos delitos puedan beneficiarse con la prescripción por el transcurso del tiempo.

El proyecto de ley solo consta de un artículo.

Parte de la propuesta de Movin, tal como está redactada, establece que la acción penal tampoco prescribirá cuando se trate de alguno de los delitos de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos o enriquecimiento injustificado.

La intención expresa de los jóvenes que presentaron la propuesta es evitar que personas que laboren en el Estado abusen de sus facultades legales y se aprovechen de los cargos que ejercen para dilapidar los fondos públicos.