Ayú Prado y Fábrega enfrentan nueva denuncia

Un grupo de víctimas de los "pinchazos' telefónicos durante en la gestión de Ricardo Martinelli presentó ante la Asamblea Nacional una denuncia contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracciones de los derechos de los servidores públicos.

El recurso fue presentado por Rosendo Rivera, Carlos Herrera Moran, Eliodulfo Palacio Villalba, Balbina Herrera, Osvaldo Gálvez, Cecilia Torres Ramos y Roberto García.

Los magistrados piden investigar la presunta comisión de abuso de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores públicos. La última falta, aseguran, fue presuntamente cometida en el proceso de extorsión contra Ricardo Martinelli.

Herrera, quien es una de las afectadas por las intervenciones telefónicas, recordó en nombre de los querellantes que ellos denunciaron hace dos semana que cuatro funcionarios de la Corte, tres funcionarios de la oficina de Fábrega y una de la Oficina Judicial, viajaron a Miami, Estados Unidos, con la intención de notificar al expresidente Martinelli, detenido a la espera de ser extraditado.

Los funcionarios de la Corte intentaron notificar a Martinelli por el caso de supuesta extorsión.

Los afectados por las escuchas telefónicas temen que las supuestas intenciones de los magistrados sean ‘viciar' una de las causas abiertas al exmandatario.

En la documentación presentada en la Asamblea Nacional, se menciona que a través del portal del Órgano Judicial se aprecia que los funcionarios Fermín Bonilla, del despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega; Miguel José Calvo, coordinador de presidencia de la Corte y Aura Elena Tuñón Hernández de la Secretaría de la Corte, viajaron a Miami, el 29 de agosto de 2017, con la finalidad de hacer notificación a Martinelli, dentro del proceso que se le sigue por el delito conta la libertad de extorsión en perjuicio de la empresa Impregilo S.A.

La denuncia deberá ser remitida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a la Comisión de Credenciales, como dice la Constitución Política para que analice si hay méritos para ser acogida.

Los denunciantes solicitaron a la Comisión de Credenciales que se cite, como parte del proceso, a todos los funcionarios que viajaron a los Estados Unidos.