La repatriación de dineros ilícitos, el reto de Panamá

La banca suiza tiene congeladas mil cuentas que suman mil millones de francos suizos (mil millones de dólares americanos) por el caso Odebrecht-Petrobras. Más de diez jurisdicciones, principalmente de Latinoamérica, han solicitado información a los suizos para desenredar los complejos esquemas financieros que utilizaron sus ciudadanos junto a los ejecutivos de la constructora brasileña para esconder bienes o pagar sobornos.

Uno de los principales objetivos de las procuradurías del mundo es recuperar ese capital, cosa a la que el fiscal general suizo, Michael Lauber, dice no oponerse. Pero para eso, hay que pasar por ciertos requisitos que provean esa llave ‘‘mágica” para liberar los fondos. Para Panamá será más difícil, porque no existe un convenio o tratado bilateral al cual referirse.

La reunión en Panamá en la que participaron seis fiscales de América Latina y el suizo, tenía entre los puntos principales ponerse de acuerdo para recuperar los dineros incautados fuera de sus fronteras.

Como no es fácil, el fiscal Lauber insistió en que se debe respetar el debido proceso y las jurisdicciones internas.

‘ES IMPOSIBLE QUE UNA INVESTIGACIÓN DE LA MAGNITUD DEL CASO ODEBRECHT PUEDA SER INSTRUIDA EN PLAZOS COMUNES',

KENIA PORCELL

PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN (PANAMÁ)

Lo primero es saber si entre las naciones que hablan de distribución de fondos existe un acuerdo bilateral firmado y Panamá no lo tiene, en el caso de Suiza. De no ser así, ambos deben acudir a un convenio mutuo, como el Convenio de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, o alcanzar un acuerdo bilateral que permita distribuir los dineros. La mala noticia en este caso es que Panamá aún no ha ratificado dicho Convenio. En pocas palabras, no tiene un instrumento marco para solicitar los dineros a Suiza.

‘No tenemos la intención de quedarnos con ningún fondo ilícito, hemos confiscado más de siete billones (en inglés) de francos suizos producto de todos los procesos criminales. No tenemos intención de quedarnos con ellos, tenemos que encontrar la fórmula de repatriar estos dineros a nuestros colegas', indicó el fiscal de Suiza.

De estos dineros, según Lauber, mil millones están relacionados al caso Odebrecht-Petrobras.

A pesar de las buenas intenciones de Lauber, una fuente conocedora de estos procesos, con vasta experiencia en el Ministerio Público, indicó que una cosa es obtener información sobre los dineros depositados (como es el caso de Panamá con Suiza) y otra muy distinta es que exista un proceso para solicitar la devolución de los dineros.

En este sentido, dijo, al ‘tratarse de fondos privados siempre hay una tajada con la que se queda Suiza. El debate que habrá en el futuro será, para Panamá, probar que los dineros congelados provienen del erario público para tratar de lograr su distribución', manifestó el especialista consultado por La Estrella de Panamá .

Si la plata es de origen privado, es aún más difícil la recuperación, precisó.

Cuando las partes no cuentan con un acuerdo bilateral, como sucede entre Suiza y Panamá, puede quedar a discrecionalidad del gobierno helvético.

‘Ellos fueron quienes cautelaron los fondos a raíz de una investigación propia. Cuando Panamá se enteró de esto, entonces los reclamó, pero no significa que se los darán', indicó la fuente .

Es algo muy similar al caso de Andorra. ‘Panamá pensó que este país le iba a entregar la plata y no fue así. Quien lo decomisa se lo queda porque hay procesos abiertos producto de sus propias investigaciones', apuntó el experto.

La Fiscalía Especial Anticorrupción panameña ha solicitado la repatriación de aproximadamente $22 millones congelados en este país que forman parte de las investigaciones que engloban el pago de sobornos otorgados por la constructora brasileña a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

Por obvias razones, Lauber no se refirió a ese caso en particular, pero indicó que ‘el punto no es que en Suiza encuentren obstáculos el resto de las Fiscalías, sino hallar la forma para ayudar en las investigaciones criminales de las contrapartes. Suiza no es el policía del mundo, solo queremos mantener la cooperación y apoyar los esfuerzos que hacen nuestros colegas que llevan investigaciones criminales', declaró.

El rol de la ley suiza y ‘las reglas internacionales cuando se trata de intercambio de información en estos esquemas tan complicados de lavado de dinero toma tiempo', precisó el suizo. Es como si se buscara la forma de encajar las jurisdicciones entre Suiza y el país requeriente y ‘escuchar a los abogados defensores, entender las diferencias de los marcos legales y de las culturas legales', añadió Lauber.

‘Yo entiendo que la gente siempre quiere saber qué tanto hemos avanzado; siempre y cuando tengamos un debido proceso, la velocidad importa, pero más que otra cosa es importante que las investigaciones estén bien hechas bajo la ley', manifestó el helvético.

LAS PRESIONES

En medio de las presiones de la sociedad por conocer el desenlace de las investigaciones del caso de corrupción internacional jamás antes registrado en la historia judicial latinoamericana, los fiscales de Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, México y Suiza, reunidos en ciudad de Panamá, reclaman comprensión de la ciudadanía. Alegan que las investigaciones, sumamente complejas, involucran cortinas societarias, uso de sistemas financieros, cuentas cifradas y una estructura armada y puesta en marcha en un esquema trasnacional de sobornos que debe ser combatido y sancionado con la cooperación de tres países: Brasil, Suiza y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de éste último país reveló en diciembre de 2016 que la brasileña pagó $788 millones en sobornos en países como Angola, Colombia, Argentina, Brasil, Panamá, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Perú, México, Mozambique y la República Dominicana.

El fiscal General de Perú, Pablo Sánchez, exclamó que ‘cuando se investiga a personajes vinculados a la política, hay más dificultades porque hay que enfrentar presiones políticas'.

Sus palabras hicieron eco en el fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez, quien denunció ‘hasta amenazas por las investigaciones del caso', razón por la que los presentes dijeron sentirse más unidos que nunca contra la corrupción y lavado de dinero.

EL RELOJ Y LOS PROCESOS

Los tiempos procesales no acompañan la dificultad de las investigaciones. Los fiscales se sienten con la soga al cuello aun sin poder llevar los procesos a buen puerto.

Ese fue el común denominador de los participantes en la reunión. ‘Los tiempos de las redes y la prensa no son iguales a los tiempos procesales, especialmente cuando se trata de investigaciones tan complejas como la que nos asiste', manifestó Sánchez.

La clave para los fiscales es trabajar mano a mano. Lo complicado es conseguir pruebas sobre los movimientos de dinero, agregó el fiscal peruano.

‘El país debe entender que esta es una investigación compleja, de crimen organizado que requiere de la aportación de pruebas no necesariamente dentro del país, sino ubicadas en otros países. Se trabaja con la colaboración internacional. Por el origen de la investigación, entendiendo que tenemos a Brasil, Suiza y Estados Unidos, éstos reciben muchas solicitudes de asistencias', indicó Kenia Porcell, la procuradora de Panamá.

Y añadió que ‘es imposible que una investigación de la magnitud del caso Odebrecht pueda ser instruida en plazos comunes y corrientes de una investigación usual. Esta es de carácter trasnacional y de alta complejidad, donde es importante la adecuación de plazos para investigar'.

Ilustrar la problemática, no obstante, no cambia en nada la ley, ni brinda plazos extraordinarios a los fiscales. Así ha ocurrido que el Órgano Judicial ha anulado parcialmente expedientes de casos de alto perfil aduciendo exceso de tiempo de la Fiscalía. También ha negado recursos de extensión de tiempo, que, aducen, pueden ser recurridos.

En Panamá, la sociedad empieza a inquietarse, no solo por los resultados que hasta ahora ha dado el Ministerio Público, sino por los evidentes encontronazos entre fiscales y jueces y el peligro de que los casos se cierren por errores de proceso, favoreciendo la impunidad.

DECLARACIÓN CONTRA CORRUPCIÓN Y BLANQUEO

Luego del Encuentro Internacional de Fiscales y Procuradores sostenido en ciudad de Panamá, representantes del país anfitrión, Colombia, Perú, Argentina, El Salvador, México, Portugal, Ecuador y Suiza firmaron un documento en el que se comprometieron a mantener un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales con la complejidad que caracteriza a la investigación.

Los procuradores también consideraron necesario promover el uso de las redes informales de cooperación internacional y compartir información espontánea para facilitar las pesquisas.

Establecieron robustecer los lazos de cooperación internacional entre Ministerios Públicos, conocer los mecanismos específicos de cooperación en cada territorio y trabajar con un punto de contacto en cada entidad para que se agilicen las asistencias judiciales.

Convinieron que en los delitos de blanqueo de capitales, dada la multiplicidad de hechos que se investigan, la ubicación de pruebas y el uso de sistemas financieros, así como la necesidad de traducción de documentos, se requiere de plazos razonables para desarrollar la investigación de forma que sean compatibles con la complejidad del asunto, tal como ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También consideraron necesario fortalecer los mecanismos de recuperación de activos ilícitos y repatriación de estos en los casos que resulte posible, como una forma de combatir de manera efectiva los delitos de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales o lavado de activos.

Finalmente, estipularon que resulta relevante que las investigaciones de naturaleza penal se puedan desarrollar en un ambiente que garantice la autonomía de los Ministerios Públicos; es decir, libre de presiones o influencias externas.