Propuesta sobre constituyente genera rechazo

No quiere terminar su mandato sin considerar una de las mieles que atrajeron a miles de ciudadanos en las elecciones generales del 2014: la constituyente. Juan Carlos Varela la prometió en su campaña política, pero hasta el momento ha hecho poco por concretarla. Su intención es hacerlo ahora, a unos meses de dejar el poder, y que los constituyentes electos hagan el trabajo de redactar el nuevo texto constitucional en el próximo periodo que se inicia en 2019.

Es posible que todos los aspirantes a la Presidencia de la República piensen incluir entre sus planes la convocatoria a la asamblea constituyente para la redacción de un nuevo texto constitucional, y también es probable que al llegar al poder, la promesa se diluya. Tal como ocurrió con el actual gobierno.

‘Le está haciendo un favor a la sociedad y al candidato ganador que realmente sí crea en las bondades de una constituyente', afirma el constitucionalista Bolívar Pedreschi.

Varela no cumple con reformar el contenido de la Constitución, sino que propone el método para que su sucesor se encargue de ello.

En mayo de 2019, además de votar por presidente, diputados, alcaldes y representantes, también será la elección de los miembros de la asamblea constituyentes que redactarán una nueva Carta Magna,

UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARALELA

A la asamblea constituyente le corresponderá plasmar las reformas de la actual Constitución Política de la República de Panamá, ya sea de manera total o parcial.

El texto constitucional vigente dispone que la asamblea constituyente paralela la integrarán sesenta (60) miembros. Estas personas deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, según la población electoral.

Para este caso, al igual que en las pasadas elecciones generales, se permitirá, además de la postulación de candidatos por los partidos políticos, los de libre candidatura.

‘A nosotros nos preocupa porque el ambiente está complicado, y si no somos capaces para alcanzar acuerdos sobre la ley de contrataciones, es más complicado que logremos un acuerdo de esta magnitud',

ANNETTE PLANELLS

MOVIN

La Constitución panameña no establece requisitos o restricciones para quienes aspiren a ser constituyentes. Sus decisiones no tendrán efectos retroactivos. Tampoco podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados y que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva ley del Estado.

Las personas elegidas como integrantes de la asamblea constituyente paralela tendrán como única y exclusiva función la redacción del nuevo texto constitucional.

Para esta labor, los constituyentes tendrán un periodo no mayor de seis meses ni menor de tres meses. Una vez los constituyentes concluyan la redacción del nuevo texto constitucional, deben entregarlo al Tribunal Electoral, que se encargará de la publicación en su boletín oficial.

Cumplido con este paso, el Tribunal Electoral procederá a convocar un referéndum en un periodo que no debe superar los seis meses, pero que tampoco será menor de tres.

Finalizado este proceso, el nuevo texto constitucional entraría en vigencia treinta días hábiles después de su aprobación mediante referéndum nacional.

REACCIONES

Abogados, políticos y constitucionalistas opinan sobre la iniciativa del Ejecutivo. Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que aunque la constituyente es uno de los temas más aclamados por la ciudadanía, la forma en que se pretende convocar no es la correcta. ‘La constituyente requiere de un diálogo nacional que permita establecer cuáles son los temas que se van a reformar. Se debe llamar primero a un consenso y, luego, elegir a las personas que redactarán la Carta Magna con las propuestas expuestas en un diálogo nacional', indicó el abogado.

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), observa como inoportuno que ‘saliendo del gobierno se le deje ese ‘paquete' al siguiente. A nosotros nos preocupa porque el ambiente está complicado, y si no somos capaces de llegar a acuerdos sobre la ley de contrataciones u otro tipo de acciones, es más complicado que en este momento logremos un acuerdo de tal magnitud'.

El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, recordó que el tema de la reforma constitucional era parte de las propuestas de campaña del actual presidente y que, cuando subió al poder, cambiaron las prioridades. En el primer año, el mandatario expresó que no existían las condiciones para una constituyente, argumento que reiteró en los años siguientes. ‘Yo creo que el presidente se encuentra, tarde, pero cumpliendo su promesa', indicó Fraguela. ‘Hubiese sido más ventajoso para el país que se convocara al inicio de la gestión del gobierno, porque se hubiese hecho un trabajo más avanzado, y no esperar a última hora para hacerlo en una quinta papeleta que deje el trabajo al próximo gobierno', consideró.

LA CONSTITUYENTE Y SU CONTENIDO, BOLÍVAR PEDRESCHI

El constitucionalista Bolívar Pedreschi considera positivo el llamado presidencial para la reforma a la Carta Magna. Aporta ideas sobre el contenido que debe contemplar:

‘Tengo la convicción de que el país necesita de un nuevo ordenamiento constitucional con urgencia. Si eso es congruente con esta convicción, obviamente no tengo ningún reparo en que se convoque a esa asamblea constituyente, después de todo la iniciativa del actual gobierno la tomo en buena hora. Para mí lo importante es que el contenido de los nuevos principios constitucionales va a reemplazar a los que representan un verdadero obstáculo para resolver ciertos problemas muy sensitivos que confronta el país. Por ejemplo, en la nueva Constitución, los principios rectores que yo propondría serían: sacaría las manos del Ejecutivo y del Legislativo en el escogimiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de esta manera ni el presidente o los diputados podrán influir sobre los magistrados porque estos no le deberían nada.

Otro aporte es que los magistrados de la Sala Civil de la Corte deben salir del propio Órgano Judicial. Escogidos de los magistrados superiores civiles a través de una votación entre ellos. De esta manera, no irían a aprender derecho civil, muchos tienen más experiencia que sus superiores. Igual procedimiento se propone para los magistrados de la Sala Penal.

Debe haber otro principio que prohíba que los magistrados juzguen a los diputados y viceversa. El país no puede continuar de esta forma. Estos cambios le van a dar certidumbre jurídica a la sociedad.

Hay otro principio que propondría es la obligación en que los gabinetes se contemple paridad de género. Aunado a eso, que los diputados solo podrían serlo por dos periodos, podrían ser consecutivos o no, pero únicamente podrían fungir en el cargo por dos veces y sin suplentes. Si falleciera, se convoca a otra elección'.