Fiscalía pide audiencia pública del caso Caja de Ahorros

La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Adecio Mojica, solicitó una audiencia pública, en una sala amplia, del proceso que se sigue por delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros.

La audiencia está programada para entre el 23 y 27 de julio, en una fecha alterna. En este caso existen 19 personas imputadas.

En su investigación, la Fiscalía Primera Anticorrupción determinó que, entre 2009 y 2014, el gerente (Jason Pastor) y subgerente (Rodrigo Arosemena) de la institución financiera ‘no actuaron como guardianes del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes bajo custodia' al tramitar y aprobar un préstamo de $10 millones de forma expedita, sin cumplir con los requisitos establecidos para ser traspasados posteriormente a cuentas de sociedades relacionadas con la Casa de Valores Financial Pacific.

AUDIENCIAS POSPUESTA

La audiencia del caso de la Caja de Ahorros ha sido pospuesta en varias ocasiones.

Inicialmente, la audiencia estuvo programada para entre el 27 y 29 de marzo de 2017, pero se suspendió por una serie de recursos interpuestos por defensores.

Se reprogramó para el mes de abril, pero tampoco se realizó por una serie de acciones legales interpuestas. En la próxima fecha de entre el 29 y 2 de enero de 2018 tampoco se realizó.

La investigación, que inició el 23 de octubre de 2015, después de una publicación que revelaba la conexión de transferencias bancarias entre la sociedad Sumer Venture (cuyo firmante era Ricardo Calvo) y la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A.

Según el Ministerio Público, Sumer Venture estaba relacionada con transferencias de dineros provenientes del préstamo de la Caja de Ahorros otorgado a HPC-Contratas-P&V para la construcción del Centro de Convenciones de Amador.

Los representantes de la constructora acudieron a la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, que dirigía Riccardo Francolini, para obtener la aprobación de un préstamo por $30 millones. Este préstamo fue dividido en dos partes: $20 millones pagaderos en un plazo de doce meses y $10 millones pagaderos en un plazo de cuatro meses.

La garantía de este préstamo era una finca ubicada en Chepo, que había sido avaluado por $24 millones cuando su valor real de $14 millones. Esta finca, según el Ministerio Público, le pertenecía a una persona que recibió $7 millones y quien había fungido como fiador solidario de mayor capital del préstamo.

El Ministerio Público también argumenta que nunca hubo una solicitud formal de crédito. ‘El presidente de la entidad recomendó a la empresa HPC-Contratas-P&V', advierten las pesquisas.

En su poder, la agencia de instrucción también tiene correos que certifican el incumplimiento de condiciones para la aprobación del préstamo. El desembolso del préstamo se realizó el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, el contrato del préstamo fue inscrito en el Registro Público el 17 de enero, diecisiete días después del desembolso, señala la agencia.

DESVIÓ DE FONDOS

HPC-Contratas-P&V giró instrucciones para que el primer desembolso del préstamo fuera transferido a tres diferentes sociedades: Summer Venture ($7 millones), en concepto de pago de arquitecto, que finalmente fue a parar a la cuenta de Financial Pacific, cuyos fundadores son West Valdés e Iván Clare.

A La sociedad Ilkeston Associates, Inc. se le transfirieron $850 mil para la compra de equipos y $977, 462 para Langton International Holding, Ltd. para la compra de acero. Esta última sociedad está vinculada al empresario Cristóbal Salerno.

En este proceso también han sido señaladados Manuel Morales, Claudio Poma y Mauricio Ortiz (por HPC-Contratas), Ricardo Arango y Ricardo Chanis (CA), Felipe Virzi (P&V), entre otros.