Culminan alegatos en caso Caja de Ahorros

Vilma Urieta, jueza decimocuarta penal, se acogió al término que establece la ley para resolver el expediente del caso por supuesto peculado en la Caja de Ahorros (CA) en el que se encuentran imputadas 22 personas.

Se espera que en 30 días, que es el plazo que dictamina la ley, la juez resuelva esta investigación, por el delito contra la administración pública.

POR QUÉ DE LA INVESTIGACIÓN

Supuestamente el dinero se usó para tapar un hueco financiero

La Fiscalía Primera Anticorrupción, del Ministerio Público, investigó el supuesto delito contra la administración pública relacionado con el caso del préstamo de $49 millones otorgado por la entidad financiera.

En el cuarto día de audiencia preliminar presentaron sus alegatos ante el Tribunal, la defensa de Miguel Ávila, en representación de Elyonor Samudio; Cristhian Ortega, defensor de Luisa Sánchez; Luis Carlos Cabezas, de Luis Jafet Díaz Bethancourt; mientras que el defensor público Emilio Saavedra representó al imputado Rolando López, por la inasistencia de su abogado particular, Juan Antonio Camargo, quienes solicitaron ante el Tribunal el sobreseimiento definitivo, debido a que no existe una vinculación en esta investigación y el trabajo que realizaban era administrativo, no tenían voz ni voto en las decisiones de la junta directiva de la entidad bancaria.

Posterior a la fase de alegatos, por parte de la defensa, en el cuarto día de audiencia preliminar la jueza Urieta resolvió cuatro peticiones de la defensa.

Se le concedió a Díaz Bethancourt el no reportarse ante el Tribunal los días 15 y 30 de cada mes, pero se le mantiene el impedimento de salida del país.

En tanto, la defensa de Manuel Antonio Morales Diez pidió un permiso de salida del país, con autorización judicial, para recibir atención médica en la República de Chile, por afectaciones del corazón, por lo que la jueza le concedió la solicitud, mientras que la Fiscalía de Descarga Anticorrupción apeló esta decisión, ante el Segundo Tribunal Superior.

En lo que se refiere al imputado West Miguel Valdés, la defensa solicitó el cambio de la medida cautelar de detención preventiva, pero la jueza no accedió a esta solicitud, debido a que puede haber una desatención al proceso y no han cambiando nuevos elementos en el expediente.

La defensa del imputado Eric Quintero solicitó al Tribunal que se le levantara la medida de prohibición de salida del país, sin previa autorización judicial, a lo que la jueza accedió, mientras que el Ministerio Público no tuvo ninguna objeción.

Por parte del Ministerio Público participaron en la audiencia los fiscales Tania Sterling y Adecio Mojica.

La Fiscalía Primera Anticorrupción, del Ministerio Público, investigó el supuesto delito contra la administración pública relacionado con el caso del préstamo de $49 millones otorgado por la Caja de Ahorros a la empresa HPC-Contratas-P&V, que construía el Centro de Convenciones Amador, dinero que supuestamente fue canalizado a Financial Pacific, la casa de valores que estaba a punto de ser liquidada por el regulador.