Afectados por el dietilenglicol piden $2,525 millones

A $2,525 millones asciende la indemnización que exigen al Estado panameño los afectados por el envenenamiento masivo en la Caja de Seguro Social (CSS).

Son 417 demandas que reposan en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, presentadas por los afectados con el jarabe tóxico que contenía dietilenglicol, distribuido por la CSS. En trámite ya hay 365 demandas.

Las demandas son individuales y no colectivas porque cada víctima tiene antecedentes e historias diferentes. La Procuraduría y la CSS tienen conocimiento de las demandas, explicó el procurador de la Administración, Rigoberto González, tras finalizar en la Asamblea Nacional la vista presupuestaria para la vigencia fiscal 2019, en la Comisión de Presupuesto.

AFECTACIONES POR JARABE

El medicamento fue entregado por la Caja de Seguro Social.

Las denuncias fueron presentadas individualmente por cada uno de los afectados con la medicina.

Se han reconocido cerca de 800 muertos y más de 1,300 afectados producto del dietilenglicol.

De acuerdo con el Comité de Víctimas del Envenenamiento Masivo, se han reconocido cerca de 800 muertos y más de 1,300 afectados por el dietilenglicol. Todo se remonta al 2003, cuando la CSS compró nueve mil kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía de la farmacéutica española Rasfer Internacional, S.A., que la trajo desde China.

González detalló que la entidad tiene contemplada la contratación de cuatro abogados para hacer frente a las demandas presentadas por los afectados con el jarabe.

El procurador de la Administración explicó que se hizo la petición porque se deben tener juristas dedicados al tema, el cual fue descrito como complejo y delicado.

La Procuraduría de la Administración debe asumir la defensa del Estado cuando es demandado por afectaciones y por tal motivo se hizo la petición de los abogados. En primera instancia se pretendía contratar mínimo a diez juristas.

Cada una de las demandas presentadas en la Corte por los afectados con el jarabe ronda los $6 millones.

Víctor Orobio es el abogado de los afectados y al momento de presentar la denuncias aseguró que ‘la demanda es sencillamente para que el Estado se haga responsable e indemnice a estas familias porque el hecho está probado'.

Por este caso se han condenado a varios exfuncionarios de la CSS, como el exdirector de la entidad René Luciani y Linda Thomas Martín, exjefa del laboratorio de producción de medicamentos.

El presupuesto para la Procuraduría de la Administración, para la vigencia fiscal de 2019, es de $6.7 millones.