Diputado Lázarus pacta resarcimiento económico

El magistrado de Garantías Harry Díaz accedió a la suspensión del proceso por tres años contra el diputado de la Asamblea Nacional Mario Lázarus, quien es investigado por un homicidio culposo agravado ocurrido en la provincia de Colón, el 27 de diciembre de 2017, cuando atropelló a una menor.

La decisión de Díaz se tomó tras llegar a un acuerdo con todas las partes, que incluye el resarcimiento económico.

El abogado querellante coadyuvante, Arquimedes Sáez, y los propios padres de la víctima, avalaron la solicitud de suspensión del proceso a condiciones por considerar que se reunían los requisitos para acceder a ello, como la aceptación de los hechos expresada de viva voz del imputado, así como la reparación del daño con el pago de un resarcimiento económico que se dio un día antes de esta audiencia intermedia.

La magistrada fiscal, Angela Russo, condicionó la petición que hizo el abogado de la defensa de suspender el proceso, a que el imputado manifestara de viva voz que admitía los hechos en que se sustentó la acusación; que el padre y la madre de la menor de edad manifestaran expresamente para que constara en audio y video si estaban de acuerdo con la indemnización recibida, y si nadie los estaba coaccionando u obligando a aceptar el acuerdo de resarcimiento o la suspensión condicional del proceso.

Además, se levantaron las medidas cautelares de reporte periódico al diputado del partido Cambio Democrático (CD).

El magistrado de Garantías prohibió a Lázarus tener contacto con los padres de la víctima, así como con los testigos del proceso. Igualmente, se le prohibió manejar cualquier vehículo a motor por tres años y no cambiar de residencia por tres años.

El magistrado juez de Garantías desestimó la petición de la magistrada fiscal de que el imputado prestara trabajo voluntario como médico no retribuido en el Centro Carcelario Nueva Esperanza de Colón, toda vez que según indicó el propio imputado, no ejerce la medicina desde hace 25 años. También desestimó que fuese sometido a un tratamiento médico y psicológico.

De igual forma, se le advirtió al imputado que de incumplir con las condiciones de la suspensión del proceso, implicará su revocatoria, y por ende se continuará con el proceso.

La magistrada Ángela Russo, fiscal del caso, había pedido 78 meses de prisión para el diputado de la Asamblea Nacional.