Empresarios plantean reformar 5 artículos de la Constitución

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) presentó una propuesta de reformas a la Constitución Política. Los empresarios proponen cambios a cinco artículos, específicamente al sistema de Justicia, mediante dos Asamblea Nacional de Diputados consecutivas.

Las propuestas surgen del trabajo desarrollado por constitucionalistas, desde hace más de un año.

‘Conscientes como somos que este tipo de propuestas requiere ser socialmente inclusiva y participativa, la hemos compartido con otros gremios y representantes de la vida nacional, para que este proyecto se convierta en un proyecto del país y no solo del sector privado', aseguró Gabriel Barletta, presidente de la CCIAP.

La propuesta de reformas se concentra en los artículos 203, 204, 206, 214 y 160 de la Constitución que se refieren al tema judicial y los magistrados de la Corte Suprema.

Los miembros de la CCIAP, explicó Barleta, han tenido dos reuniones con la presidente de la Asamblea, Yanibel Ábrego, para presentar la propuesta.

El Ejecutivo, por medio del exministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, recibió información de cada una de las propuestas de la CCIAP.

En tanto, Enrique Arturo de Obarrio, quien es el coordinador de la Comisión de Justicia de la Concertación Nacional, aseguró que ‘como Comisión de Justicia de la Concertación tomaremos en cuenta el aporte parcial de la Cámara de Comercio, así como también otro que existe de la Apede, y de cualesquiera otros gremios del sector privado y de otros sectores de la vida nacional'.

Agrega que es la ‘Concertación, de la cual el sector privado también es parte, el espacio idóneo y más incluyente para el gran debate sobre este y otros temas relacionados, con miras a alcanzar los consensos'.

LAS INICIATIVAS

Inocencio Galindo, expresidente de la CCIAP, presentó esta propuesta de reforma al país. Una de las propuesta busca lograr independencia de los nuevos magistrados y apunta a que sean designados conforme al mecanismo establecido en las reformas, el cual aumenta su periodo de 10 a 20 años.

Además, los magistrados continúan siendo nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, pero se requiere, según la propuesta, que tal nombramiento sea ratificado por las dos terceras partes de la Asamblea.

El nombramiento que haga el Consejo de Gabinete se realizará de una lista que le proporcionará una Comisión Nacional de Evaluación y Postulación, que se crea mediante la reforma. Esta Comisión contará con nueve miembros, asegurando una amplia participación de la sociedad, con representantes tanto de gremios de la empresa privada, como de la academia, las ONGs, clubes cívicos, Colegio de Abogados, trabajadores, y representantes del Ejecutivo.

Por su parte, las designaciones del Procurador General y el de la Administración también serán realizadas de listas generadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Postulación. Estos puestos continúan siendo nombrados por períodos de 10 años.

Mientras que, para evitar situaciones de demora en los nombramientos se estipula que si en treinta días, no se logra la mayoría calificada requerida en el Legislativo para la ratificación, el Pleno de la Corte designará al nuevo magistrado de forma temporal, el cual saldría de los suplentes de la Sala donde existe la vacante. Y el Ejecutivo enviará un nuevo candidato para su ratificación en un período máximo de 60 días.

Referente a la función judicial de la Asamblea, la misma conocerá las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte y los juzgará. Para efectos de la investigación, el MP será el encargado.

Otro punto de la propuesta propone que la Corte conozca las acusaciones y denuncias que se presenten contra los diputados de la República, y juzgarlos, pero para efectos de la investigación, el MP será el ente encargado.

De igual forma, se modifican los requisitos para ser magistrado de la Corte, incrementándose la edad mínima de 35 a 45 años.

Finalmente se propone que el presupuesto del Judicial y del MP sean formulados por cada uno y que no pueda ser modificado por el Ejecutivo al ser incluido en el Proyecto de Presupuesto General del Estado.

El presidente de la Corte y el Procurador podrán sustentar, en todas las etapas de este proceso, el respectivo proyecto de presupuesto para cada año fiscal.