Califican de improbable inclusión de quinta papeleta

Es muy improbable que se concrete el interés del presidente, Juan Carlos Varela, de incluir una quinta papeleta en las elecciones de mayo de 2019 para convocar a una constituyente, de acuerdo a estudiosos del tema entrevistados por este diario.

No obstante, el gobierno anunció que mañana discutirá en Consejo de Gabinete el proyecto de ley que permitiría incluir la quinta papeleta en las elecciones. Esto, en atención a la contestación del Tribunal Electoral, sobre la necesidad de contar con una ley para este propósito.

El principal problema que vislumbran los especialistas es que la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, no aprobará la ley necesaria para que el Tribunal Electoral incluya la papeleta.

El programa de gobierno que presentó Varela en tiempos de candidatura electoral (2014), un gancho que le permitió llegar al Palacio de las Garzas, incluía convocar a una asamblea nacional constituyente. La promesa consistía en que en los primeros dos años de administración completaría la tarea.

No obstante, casi al final de su mandato, en medio de un desgaste político, el gobernante retoma la ruta a la constituyente. Para el presidente, antes no existía el ‘clima político' adecuado para convocar a esta misión. A escasos tres meses para que ocurran las elecciones generales, el criterio presidencial dicta que es momento de retomar el tema.

¿Qué posibilidad real existe de que el Ejecutivo logre su cometido?

Muy escasa, casi nula, debido a que la Asamblea, según el constitucionalista Edgardo Molino Mola, ‘va a negar el proyecto al Ejecutivo sin contemplar que quienes quedarán mal son ellos, y no el presidente'. Ahora bien, para Molino Mola, el hecho de que Varela llame a una constituyente no es un equivalente de que haya cumplido su promesa de campaña ya que, de lograr aprobar la ley, quedará para el próximo gobierno.

Boris Barrios González, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Penal, opina que si Varela hubiera convocado a la constituyente dentro de los dos primeros años, como lo prometió, hubiera sido un héroe y líder indiscutible de una nación que requiere de una modernización.

Molino Mola discrepa con aquellos que creen que no es el momento indicado para hacer los cambios a la Constitución. Dice que cuando algo se necesita, se debe hacer, sin importar cuándo. Apunta a la mezquindad política de los diputados, quienes temen que la escogencia de quienes redactarán la Carta Magna pueda opacar sus candidaturas, y por eso prefieren no correr en forma paralela.

‘A meses de celebrarse las elecciones generales, es absolutamente inoportuna e inconveniente',

ÍTALO ANTINORI B.

CONSTITUCIONALISTA Y EXDEFENSOR DEL PUEBLO

‘No hay sinceridad en las palabras de Varela, puesto que lo que hizo fue una pantomima para hacer creer que quiere una quinta papeleta cuando ya se puso de acuerdo con los magistrados del Tribunal Electoral (TE)', indicó Miguel Antonio Bernal.

Según Bernal, lo que el Ejecutivo tenía que hacer era un decreto basado en el artículo 2 de la Constitución, que faculta al presidente para convocar a una constituyente.

‘No es solamente poner una quinta papeleta, debe llevar una serie de procedimientos con relación a la misma', enfatizó Bernal. Añadió que los magistrados del TE son enemigos declarados de una constituyente porque en 2004, a pesar de que se recogieron las firmas requeridas, el magistrado del Eduardo Valdés Escoffery dijo que no había papel para tal efecto. ‘Estamos hablando de una pantomima presidencial porque se pasó toda la campaña diciendo que iba a hacer la constituyente y no lo hizo', puntualizó Bernal.

‘CUIDADO CON LA ORIGINARIA'

Molino Mola también advierte de los riesgos de una constituyente originaria, una carta en blanco que por su autonomía podría desconocer al presidente electo, a los magistrados, o llamar a nuevas elecciones. Añade que de concretarse la idea de una constituyente a través de una asamblea paralela, se debe reglamentar muy bien quiénes pueden participar y prohibir que puedan aspirar a un cargo público de inmediato, al menos un periodo, para evitar que se vuelva una tarima política.

El también exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia considera que la aprobación de las reformas a través de dos asambleas podría ocurrir, aunque desconfía de los diputados actuales, ‘quienes no tienen la disposición patriótica para hacer eso, no van a sacrificar sus intereses personales por los del país'.

IRRESPONSABLE ACTITUD

Otros especialistas, como el doctor Ítalo Antinori, califican de irresponsable e irreflexiva la posición del Ejecutivo al pretender aprobar de forma improvisada esta idea. Habla de lo delicado que resulta una constituyente, y que la verdadera intención del Gobierno es desviar la atención de los graves problemas nacionales.

Juan Carlos Araúz, también constitucionalista, explica que el presidente debe encontrar una forma de transmitir y, sobre todo, delegar a la sociedad la importancia de una nueva constitución y que ésta a su vez sea quien exija a los diputados aprobar la inclusión de una papeleta adicional en las elecciones. En esta actividad, debería, según Araúz, ‘delegar actores alejados a la política para que hagan la vocería y apartar la lucha por el poder que existe actualmente, para que se dimensione la verdadera necesidad de iniciar el camino a la consulta'.

‘El presidente Varela debe encontrar una forma de transmitir, y sobre todo delegar a la sociedad la importancia de una nueva Constitución',

JUAN CARLOS ARAÚZ

ABOGADO CONSTITUCIONALISTA

En el contexto político, Richard Morales, politólogo detalla que todo dependerá de la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Resalta que en los últimos meses se ha demostrado la incapacidad para lograr los votos de la oposición. A pocos meses de las elecciones, añade Morales, es poco probable que los diputados accedan a este planteamiento, ya que los candidatos no quieren amarrarse por la propuesta de una papeleta adicional.

Morales califica el actuar del Ejecutivo como ‘un intento de generar presión y mover la agenda hacia la discusión de la constituyente creando la impresión de que solamente el panameñismo está a favor del cambio'.

Pero no es tan así. El candidato a la presidencia del oficialismo, José Blandón, recordó que ‘el presidente no cumplió su promesa de campaña'.

Ernesto Cedeño mira con poco éxito la propuesta del Ejecutivo.

La critica, dice que ‘busca trasladar la responsabilidad a la miembros de la Asamblea Nacional a sabiendas de que la idea va a sucumbir'.

RETROSPECTIVA HISTÓRICA

La redacción de reformas a la Constitución Política de la República de Panamá, que rige el Estado panameño desde 1972, a través de una asamblea constituyente, es una promesa recurrente en la que ha coincidido la mayoría de los mandatarios panameños, pero que hasta el momento no se ha cumplido.

En tiempos de campaña política, y mucho más ahora con las situaciones que ha enfrentado la administración de justicia, los políticos y la sociedad civil la invocan como una fórmula para ‘rescatar' la institucionalidad del Estado panameño.

La Constitución Política de la República de Panamá que está vigente fue elaborada en el año 1972, en pleno gobierno militar. El texto constitucional de los panameños nació con un ‘pecado original'. Como ninguna otra en el mundo, la Constitución otorgaba plenos poderes para manejar el Estado panameño a una persona, en este caso, el general Omar Torrijos Herrera.

Desde entonces, la Carta Magna ha sido modificada en cuatro ocasiones, en distintos momentos de la vida nacional: 1978, 1983, 1994 y 2004, razón por la que muchos alegan que ‘no aguanta un parche más' y lo que corresponde es redactar una constitución totalmente nueva, lo cual se haría a través de una asamblea constituyente.

Según establece el artículo 314 de la Constitución Política vigente, deben ser sesenta constituyentes. Debe establecerse un sistema para la elección de estas personas; es decir, si han de ser nacionales o provinciales, o si se aplicará el sistema de elección por circuito electoral, luego de disminuir en once el número de personas a elegir con respecto a los que están vigentes para elegir la Asamblea Nacional.

De la misma manera que en las pasadas elecciones generales, se permitiría la postulación de candidatos por los partidos políticos y los de libre postulación. Así lo consagra la Constitución en su Título XII, ‘Reforma de la Constitución'.

La Constitución no contempla requisitos o restricciones para quienes aspiren a ser constituyentes.