Legislativo, en sesión permanente hasta el lunes

El Pleno de la Asamblea Nacional se declaró ayer en sesión permanente hasta aprobar en segundo debate el proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal cuando el monto evadido supere los $300 mil en un año.

La iniciativa impulsada por el Órgano Ejecutivo, con algunos requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), también incorpora la evasión fiscal en la lista de delitos que se consideran precedentes de blanqueo de capitales, y que tendría penas de prisión de dos a cuatro años.

El documento señala que quien obtenga fraudulentamente una exoneración, devolución, disfrute o aprovechamiento de beneficios fiscales indebidos, será sancionado con prisión de dos a cuatro años, y multa de uno a tres veces el importe del tributo defraudado.

La pena prevista en este artículo solo será aplicable cuando el monto defraudado del tributo en un período fiscal sea igual o superior a $300 mil, sin incluir multas, recargos e intereses en el cálculo de la suma.

PROPUESTA

Proyecto de ley 591 que penaliza la evasión fiscal.

El proyecto establece que se eximirá de pena a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios formales, en forma incondicional y total, antes de la sentencia de primera instancia.

La diputada Zulay Rodríguez cuestionó este proyecto y expresó que la Constitución Nacional establece que no puede haber cárcel por deudas civiles y que hay un procedimiento coactivo en la Dirección General de Ingresos (DGI), donde se llama a la persona, se le secuestran sus cuentas, se le embargan sus bienes, ‘como para que ahora, encima de eso, nos digan que la persona va a ir a la cárcel porque no puede pagar los impuestos'.

Recordó que el exdirector de la DGI Luis Cucalón está preso ‘por seguir instrucciones en ese momento en el gobierno anterior, del ministro Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia, porque persiguió a personas supuestamente e injustamente por cobrarles impuestos'.

‘Pero ahora ustedes legalizan una normativa penal de naturaleza administrativa donde están diciendo que el Código Administrativo establece un concepto de defraudación fiscal, pero el Código Penal lo hace de una manera extremadamente subjetiva; el que defraude al Tesoro Nacional, simulando, ocultando, mintiendo, falseando o engañando correcta determinación de una obligación tributaria, civil, administrativa, no penal', indicó Rodríguez.

Por su parte, la diputada independiente Ana Matilde Gómez respaldó el proyecto argumentando que son normas que se están homologando a nivel internacional para evitar delitos como el blanqueo de capitales.

Aunque el Pleno ya se disponía a aprobar el proyecto, la presidenta de la Asamblea, la diputada Yanibel Ábrego, decretó un receso hasta las 3:30 de la tarde del próximo lunes, luego de que fueran presentadas algunas propuestas de modificación a esta normativa.