Informe de EE.UU. califica de ‘grave' corrupción en órganos del Estado

La corrupción sigue siendo un problema grave en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en las fuerzas de seguridad. Así lo establece un informe del Departamento de Estado e Estados Unidos (EE.UU.) sobre los Derechos Humanos, publicado el 13 de marzo de 2019.

El documento hace referencia a una serie de escándalos de corrupción relacionados con el uso de fondos públicos de parte de diputados de la Asamblea Nacional.

Según el informe, familiares, trabajadores del sector privado y líderes comunitarios fueron registrados en planillas de la institución a pesar de laborar para los diputados en sus distritos.

Además, el documento se refiere a la adjudicación de contratos a empresas que son propiedad de algunos diputados. ‘Hasta agosto del año pasado, no se habían presentado cargos contra ninguno de los diputados', señala el Departamento de Estado.

Otro de los temas en que se sustenta el documento para referirse a la corrupción imperante en las autoridades son las 186 auditorías que presentó la Contraloría General de la República, el pasado mes de febrero, ante el Ministerio Público.

Las auditorías supuestamente reflejan uso indebido de fondos públicos a través de contratos irregulares llevados a cabo por el extinto Programa de Asistencia Nacional (PAN) de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). ‘A partir de noviembre, los fiscales continuaron con las investigaciones pero no habían presentado cargos', advierte el informe.

Entre los casos de corrupción, el Departamento de Estado menciona a un exfuncionario de la Dirección General de Ingresos que fue juzgado y condenado a nueve años de prisión. Además, hace mención de otros exfuncionarios que están siendo investigados por supuestos sobornos pagados por la empresa Odebrecht.

AGENTES DE SEGURIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La corrupción e irresponsabilidad de la policía continúa siendo otro de los problemas. Agentes fueron despedidos como consecuencia de la corrupción e incluso algunos están siendo investigados por el Ministerio Público.

El informe se refiere a un grupo de doce personas, entre ellos empleados del sistema penitenciario, que están siendo investigados por presunta corrupción en la prisión La Joya, La Joyita y el Centro Femenino de Rehabilitación.

Los familiares de los reclusos denunciaron que los funcionarios cobraron para modificar documentos que permitieran cambiar las sentencias.

Otro punto que destaca el informe, que se puede entender como una falta de transparencia, es que no se hace pública una declaración financiera a la que están obligados ciertos funcionarios judiciales y ejecutivos.

El documento también tiene un parágrafo para evaluar la libertad de expresión.

Sobre este punto se señala el aumento en el número de demandas penales y civiles por difamación de las que han sido objeto los periodistas. Esto fue considerado una amenaza a la libertad de expresión y de prensa.

CENTROS PENITENCIARIOS

El documento recalca que en Panamá persisten duras condiciones en las cárceles debido al hacinamiento, escasez de custodios penitenciarios, falta de servicios médicos adecuados y precarias condiciones sanitarias.

Los detenidos en prisión preventiva compartieron celdas con prisioneros condenados debido a limitaciones de espacio.

Las condiciones de reclusión para las mujeres, de forma general, fueron mejores que para los hombres. Pero las condiciones para ambas poblaciones siguieron siendo deficientes, con algunas instalaciones superpobladas, poca seguridad de los reclusos y atención médica, y una falta de suministros básicos para la higiene personal.

En el sistema había 1,170 guardias de prisión, incluyendo 60 guardias durante el año. Los funcionarios estimaron, sin embargo, que se requería 2,870 guardias para dotar de personal a las prisiones de manera adecuada, en conformidad con las normas internacionales.

Las autoridades, según el documento del Departamento de Estado, reconocieron que la escasez de personal limitaba el tiempo de ejercicio para los reclusos en ciertos días. Los centros de detención preventiva y de custodia juvenil también sufrieron de la falta de funcionarios de prisiones.