Etesa podría ser denunciada por división de materia en la mudanza

El tema de la mudanza de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) sigue latente, a pesar de la oposición que ha recibido y que desde hace diez años ya la institución había avanzado en la licitación para construir un nuevo edificio por $12.1 millones.

En junio de 2009, los medios de comunicación reportaron de la licitación para la nueva sede de Etesa en un terreno, en la Vía Ricardo J. Alfaro, que era propiedad del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

En ese momento, Isaac Castillo, entonces gerente de Etesa, defendía el proyecto alegando que representaría un ahorro anual para el Estado de $300 mil.

El plan de la actual administración que jefatura Gilberto Ferrari es mudar las instalaciones de la empresa estatal a un edificio que, según han denunciado los trabajadores de la empresa, se encuentra en lo que se conoce como ‘obra gris'. Es decir, que correspondería a Etesa terminar los detalles y acabados, los cuales incluyen baldosas, cielo raso, sistema de electricidad y otros trabajos, costo que sufragaría Etesa.

Según el sindicato de la empresa, se pretende hacer un contrato de alquiler por $10 millones por un plazo de cinco años, cifra que contrasta con los $12.1 millones que se calculó que costaría un edificio que, por tratarse de un proyecto llave en manos, incluiría diseño, instalaciones, estacionamientos, áreas deportivas y obras exteriores.

El proyecto del nuevo edificio fue archivado y se ha optado por el alquiler, a pesar de ser más oneroso para el Estado. Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas han dicho a este medio que de esta institución se habría hecho un traslado de partida a Etesa que supera los $400 mil para iniciar los trabajos de ‘adecuación' al edificio, donde se mudaría Etesa.

Los mismos funcionarios han advertido a la Contraloría General de que en lugar de una sola partida se habría dividido en dos, lo que podría ser violatorio del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006, que rige las contrataciones públicas y que prohíbe hacer varios contratos para un mismo servicio por tres meses por cifras inferiores a los $300,000 para evitar ser considerados por el Consejo Económico Nacional, causa que puede conllevar sanción penal.