La Estrella de Panamá
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18 de Oct de 2019

Nacional

Rocayol, la contratista del Estado que fue inhabilitada por la ACP

Por 18 años ha sido proveedor de todos los gobiernos. En los dos últimos sus ganancias han superado los 6 millones de dólares. Es un negocio que ni las sanciones del Canal ni las sospechas de falsificación de documentos han podido menoscabar

A pesar de haber sido denunciados por falsificar certificaciones de paz y salvo en las cuotas obrero patronal, inhabilitada por 10 años para contratar con el Canal ‘por falta de honestidad' y de estar involucrada en procesos legales, incluyendo uno que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, un grupo familiar, a través de dos sociedades anónimas, ha sido favorecido en múltiples licitaciones con entidades estatales. Así ha sido por 18 años. Tan solo en los últimos dos han ganado 6 millones de dólares.

La Sociedad anónima Rocayol Safety & Industrial Center fue inscrita en el 2004 en el Registro Público. En el pacto social de la empresa aparecen los nombres de Casilda Múñoz y Roger Espinosa, uno de sus hijos. El otro, Joel, también ocupa un puesto en la directiva.

Han sido años de prosperidad, buenos para el negocio de la comercialización y distribución de equipos de protección personal. Solo entre agosto y diciembre del 2017 la firma se adjudicó contratos por 4,551,496.69 dólares: para adquisición de botas y demás equipo de seguridad para la Policía Nacional y personal del Sistema Penitenciario, para mascarillas y mangueras para el Cuerpo de Bomberos, uniformes que ayudarían al personal del Aeropuerto Internacional de Tocumen a prevenir incendios, salvavidas para la Autoridad Marítima, cámaras infrarrojas para el Servicio Nacional Marítimo, guantes de piel de vaca para el IDAAN, ojos de gatos para las calles que atraviesan las áreas revertidas, etc. La lista es extensa.

En el 2018 las ganancias subieron como la espuma que es utilizada para sofocar incendios por los bomberos, destinario de hasta un 84% de las ventas de Rocayol al Estado en el 2018, por un monto de 5, 177, 252.26 millones de dólares.

La cifra total de contrataciones al gobierno superó los 6 millones de dólares en agosto pasado. Los equipos y servicios prestados fueron varios: de rescate acuático para el Sistema Nacional de Protección Civil, chalecos antibalas para la seguridad del Banco Nacional de Panamá, LEDs para ambulancias, etc.

Dos contratos por el IDAAN, para el suministro de 3 mil pares de botas y 8 mil pares de guantes fueron inicialmente suspendidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) el año pasado, por tratarse de artículos contemplados en el ‘Convenio Marco de Equipos e Implementos de Seguridad'.

No había trascurrido un mes desde que a suspensión cuando el IDAAN, a través de las resoluciones ejecutivas 124 y 125, adjudicó los contratos a la firma. El monto de sus propuestas eran inferior a la de sus competidores, incluyendo las presentadas por Aryan, parte del grupo de sociedades de la familia. Casilda y sus hijos competían y se superaban a sí mismos.

Para lograrlo recurrieron a contrataciones directas, fuera del Convenio Macro, a pesar de que una resolución de DGCP, con fecha del 26 de junio de 2018, subraya que la Ley 22 de contrataciones públicas ‘obliga a las entidades licitantes a consultar el catálogo electrónico de productos y servicios antes de proceder a llamar a un acto de selección del contratista'.

‘En el caso de una emergencia, el gobierno permite que se puedan comprar directamente ciertos artículos. Se agarraron de eso', expusieron un grupo de competidores de Rocayol, que solicitaron mantener la reserva de sus nombres. De acuerdo con el decreto 24, artículo 330, publicado en Gaceta Oficial del 14 de noviembre de 2017, dicha excepción es ‘para adquisición de insumos, mantenimientos y repuestos necesarios para la presentación del servicio público', y no para equipos de protección personal, como guantes y botas.

¿GANANCIAS SIN COTIZAR?

Por 10 años los negocios siguieron, sin tropiezos. Hasta que en el 2013 la Caja de Seguro Social (CSS) solicitó una auditoría.

Los abogados de Rocayol pidieron, entonces, la intervención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero los magistrados, a través de una sentencia del pleno, con fecha del 7 de abril de 2014, negaron el amparo de garantías presentado.

Más recientemente, ante la fiscalía metropolitana fue una interpuesta una demanda contra Casilda Múñoz, en su condición de representante legal de Rocayol Safety & Industrial Center S.A., por el delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos.

El supuesto delito comenzó a perpetrarse en noviembre de 2016, fecha en que Rocayol empezó a aportar certificaciones de paz y salvo en las cuotas obrero patronal de la Caja del Seguro Social para participar en los actos públicos aludidos anteriormente. En dichas certificaciones se asegura que la compañía se encuentra a ‘paz y salvo en el convenio de pago y en las cuotas empleado-empleador'.

Una consulta realizada en el sitio web del Seguro Social (www.css.gob.pa/pazysalvo/) arrojó como resultado un paz y salvo electrónico, válido hasta fin de mes. Esta certificación corrige la incongruencia presentada en los anteriores, dado, que como, se argumenta en la denuncia presentada, ‘si se mantiene un convenio de pago no se encuentra paz y salvo en dichas cuotas'.

En las que corresponden a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018, aparece una firma que llama la atención. Es la de un funcionario cuyo nombre y apellido aparecen con diferente escritura y tinta, irregularidad que también quedó registrada en la demanda.

La competencia sospecha que los paz y salvos que Rocayol presentó antes del 25 de marzo, fecha de emisión del certificado que se puede encontrar actualmente en el sitio css.gob.pa/pazysalvo/, están falsificados, lo que en retrospectiva pudiese afectar las licitaciones en cuestión y ‘acarrear graves afectaciones a los fondos monetarios de la Caja del Seguro Social'.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Casilda Múñoz a través del teléfono de su oficina y correo electrónico. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

LA TRABA CANALERA

Han sido 18 años sin ley. Así lo asegura la competencia de Rocayol, que acusa a la compañía de haber ‘podrido' el mercado. ‘Donde metas la cabeza, están ellos metidos y te das cuenta de que es por coima, no es por conocimientos, ni calidad de productos', denuncian.

‘Haría falta una sanción de inhabilitación por parte de otra entidad estatal, una que sí estuviera regida por la ley 22 de 2006',

ERNESTO CEDEÑO

ABOGADO

‘Es muy común en Panamá que la gente gane licitaciones y se las tiren abajo, porque no ganó el que ellos querían; estas licitaciones arregladas hacen que la gente pierda fe en el sistema, que se vuelvan tramposos, por que se trata de una cadena de corrupción', sopesa Aldo Montenegro, presidente del capítulo panameña de Avanza sin tranza, organismo creado en México para luchar contra la corrupción.

Es una forma de hacer negocios que no va a cambiar, insiste Montenegro, hasta que se genere una certeza de castigo, hasta que alguien ponga un freno. Como sucedió a finales del año pasado en el Canal.

Según un edicto con fecha del 27 de diciembre de 2018, la Autoridad del Canal de Panamá inhabilitó y excluyó a Rocayol, a Casilda Múñoz y Roger Espinosa de participar en contrataciones canaleras por un periodo de 120 meses. Aunque se contactó al Canal para conocer más detalles acerca de la sanción, solo se pudo conocer que la misma está sustentada en parte en el numeral 2 del artículo 182: ‘Comisión de cualquier acto que indique falta en los negocios o falta de honestidad en las actuaciones con la autoridad'.

La ACP le cerró sus puertas a Rocayol, pero no Aryan o alguna de las 42 empresas que forman parte del grupo de la familia Múñoz, advierte la competencia. Por más de 14 años siempre han podido encontrar alguna puerta abierta para hacer tratos con el Gobierno, a pesar de las acusaciones y procesos en su contra.

Y es que como opina el abogado Ernesto Cedeño, quien en el 2008 fungiera como magistrado suplente en el Tribunal de Contrataciones Públicas, la inhabilitación de la ACP no es suficiente, ya que se trata de una entidad que se maneja por reglas propias. Haría falta una sanción de inhabilitación por parte de otra entidad estatal, una que sí estuviera regida por la ley 22 de 2006. ‘¿Cómo se justifica que nunca los han inhabilitado a nivel de gobierno', pregunta una de las competidoras.

El criterio de la DGCP parece claro: ‘los contratistas podrán ser susceptibles de una sanción de inhabilitación si una entidad del Estado comprueba mediante las normas del procedimiento administrativo en materia de pruebas que se han aportado documentos o información falsa dentro del procedimiento de selección de contratista'. La pena por este delito puede ir de dos a cinco años, dependiendo del monto del contrato u orden de compra.

‘Es necesaria una reforma en la ley de contrataciones, para las empresas recuperan la confianza, para una competencia equitativa',

ANGÉLICA MAYTÍN

DIRECTORA ANTAI

Aún así, Angélica Maytín, de la Autoridad Nacional de Transparencia e Información, advierte que a ‘la empresa inhabilitada, de ser condenada o no, le subsisten recursos jurisdiccionales para reclamar sus pretensiones, sin que esto excluya la posibilidad de demandar ante la jurisdicción contencioso administrativo el acto que decreta la inhabilitación'.

En este sentido, Maytín destaca que una reforma en la ley de contratación públicas, para evitar, entre otras cosas, que empresas condenadas por actos de corrupción puedan volver a licitar con el Estado, ayudaría a que las empresas recuperan la confianza, propiciando ‘una competencia equitativa entre los proponentes' en los actos públicos. Sería una forma de evitar que la corrupción se siga entronando cada vez más, ya sea en el sector público o privado, sin dejar capa o estrato oficial sin permear.