Juez Carrasquilla niega extensión del plazo al caso Odebrecht

Este viernes 3 de mayo, el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de Oscar Carrasquilla, negó la solicitud de extensión del término del proceso seguido a los  exministros Frank De Lima y Jaime Ford, a Eduardo Patro y otros, por la presunta comisión de un delito contra el orden económico  y contra la administración público en perjuicio del Estado. La decisión se dio a conocer mediante el Auto Vario N° 74 de 03 del mayo de 2019.

El caso tiene su génesis en una denuncia presentado por Alvin Weeden que hace de conocimiento de las autoridades la existencia de un proceso de lavado de dinero en el que estaban involucradas sociedades como Odebrecht.Oseas Angola DS, Odebrecht Servicios No Xterior LTD, OseaL, entre otras que transfirieron la suma de $50 millones a Constructora Internacional del Sur para pagos de sobornos.

De acuerdo con el fallo, el MP planteó un periodo de 3 años que supera el tiempo establecido en el numeral 2 del artículo N° 504 del Código Procesal Penal que dispone un año para una investigación probatoria más otro año adicional por prórroga en concordancia con el Artículo N° 291, es decir, “se ha excedido en el tiempo”.

El juez reconoció que se trata de una investigación compleja que causa perjuicios al Estado, sin embargo señala que el hecho de que surjan nuevos actores relacionados con la investigación que es uno de los argumentos presentados por el MP, no necesariamente tienen que ser introducidos en el expediente. Carrasquilla recomendó la apertura de una nueva investigación.

El abogado Juan Carlos Araúz explicó  que la fiscalía especial anticorrupción dispone del recurso de apelación que permitiría que el segundo tribunal evalúe la decisión del Juez, y así agotar el principio de doble instancia. " Y sobre la decisión que tome el segundo tribunal superior daría el carácter de definitiva sobre la cual habilitaría  la acción de amparo  de garantías constitucionales. El debate judicial aún tiene etapas que deben surtirse", concluyó Araúz.

Después de tres años de iniciada la investigación sobre los supuestos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a políticos y funcionarios panameños, el Ministerio Público (MP) no había culminado las pesquisas.

El MP justificó que requería más tiempo para este caso debido a que algunas líneas de investigación se encuentran paralizadas porque no se han resuelto amparos de garantías constitucionales en la Corte Suprema. Añadió que había  pendientes indagatorias y el levantamiento del fuero penal electoral de otros señalados, además del trámite de extradición de otros implicados y el procesamiento de 16 cuentas bancarias cuyo hallazgo es de reciente incorporación al expediente.

En abril de 2018, el juzgado otorgó a la Fiscalía un año para continuar con las ‘complejas' investigaciones, como las califica la oficina de instrucción.

En noviembre del mismo año, las autoridades del MP dijeron en conferencia de prensa que el caso tenía un 80% de avance. Entonces, se esperaba que en abril de 2019 culminaran las pesquisas, tal como había dicho el MP. En cambio, la Fiscalía solicitó una segunda prórroga.

En noviembre de 2018, las fiscales Anticorrupción Zuleyka Moore, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Tania Sterling detallaron que como resultado de la investigación —que se abrió a finales de 2016 y alcanza 628 tomos— había 76 imputados, se habían recuperado $255,123,484.60, logrado cinco condenas y recibido la cooperación internacional de 23 jurisdicciones.

La constructora se instaló en Panamá en 2006, cuando vio la oportunidad de participar en proyectos de infraestructura licitados por el entonces gobierno de Martín Torrijos.

Su entrada al istmo no fue casual, tal vez estaba planificada o inspirada en el desarrollo que debían aplicar los países latinoamericanos para implementar infraestructura pública y encaminarse a una economía próspera.