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14 de Dec de 2019

Nacional

El juez ‘catedrático' que nunca pierde la paciencia

Roberto Tejeira, presidente del Tribunal en el emblemático juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli, debe mediar entre dos poderes que chocan constantemente. Momentos en que parece adoptar un rol de docencia sobre la aplicación del Sistema Penal Acusatorio

El juez ‘catedrático' que nunca pierde la paciencia

Si hay algo que tiene el juez Roberto Tejeira, presidente del Tribunal de Juicio que conoce del caso contra el expresidente Ricardo Martinelli por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública en diferentes formas de peculado, es paciencia.

Como presidente del Tribunal en el que le acompañan los jueces Arlene Caballero y Raúl Vergara, Tejeira parece tener claro que debe dirigir un enfrentamiento entre dos teorías diametralmente opuestas. Por tanto, es evidente que existen choques de trenes en ciertos momentos, en los cuales se debe aplicar la técnica y sustento para evitar que el momento se transforme en confrontaciones callejeras.

En este contexto, tiene la ardua tarea de mediar entre el Ministerio Público, compuesto por un equipo de cinco fiscales, y la defensa, integrada por otros cinco abogados. Se trata de un caso inédito en la historia judicial de la República de Panamá, porque además se desarrolla bajo el Sistema Penal Acusatorio, que rige en la capital desde septiembre de 2016, y el cual Tejeira domina como pocos en el ramo.

Desde que inició el juicio oral el 12 de marzo pasado, Tejeira se ha visto obligado a adoptar un rol de cátedra en las sesiones. Esto sucede con frecuencia cuando se le ve recordar a los fiscales que las formalidades del juicio oral requieren, precisamente, sentar las bases en oralidad por parte de los testigos o peritos, para poder introducir las evidencias y practicar las pruebas que aparecen en el auto de apertura a juicio.

Por eso, durante las sesiones es común escuchar cuando se dirige a los fiscales: ‘Recuerde la técnica para introducir la evidencia', o, ‘aún no ha sentado las bases para este ejercicio'.

El pasado 11 de abril, repitió esa frase más de una docena de veces durante la sesión cuando la fiscalía pretendía que el perito informático Luis Rivera Calles, uno de los testigos más importantes de la fiscalía, debía introducir bajo oralidad varios dispositivos para poder reproducir su contenido en la sesión.

‘El testigo ha hecho referencia a información contenida en esos dos discos compactos que están ahí, él tiene que saber si lo que él selló está ahí', indicó el juzgador.

Los discos compactos constituyen una de las columnas principales de la teoría del caso de la fiscalía, pues contienen la información extraída del correo electrónico que guardaba las conversaciones e imágenes que evidenciarían los pinchazos.

Ese día el Tribunal decidió no valorar como evidencia ninguna prueba o informe si no provenía de la oralidad. Entre ellas incluyó siete cuadernillos que contienen la información sensitiva con la transcripción, que consiste en 3,200 páginas, de todas las intervenciones telefónicas. ‘El testigo debe oralizarlo', enfatizó Tejeira, y añadió que al haber efectuado dichas diligencias, él debía narrarlas al Tribunal.

Lo anterior provocó que la Fiscalía calificara su actuación como ‘cerrada'.

En la audiencia del pasado viernes, al aclarar un término empleado en una de sus explicaciones, aprovechó para aludir a la fiscalía el desorden con el que se presentaron las pruebas en el juicio. Como ejemplo, recordó que en una ocasión se intentó introducir dos discos compactos cuando el perito había identificado solamente uno. El segundo era una copia del primero.

Con frecuencia, antes de ejecutar un ejercicio, él mismo recomienda a la fiscalía cómo organizar la mecánica en cada prueba.

El también juez del despacho 13 no escatima al recordar a la defensa, cuantas veces estime necesario, que debe contener sus reclamos ante las actuaciones de la fiscalía para el momento del contrainterrogatorio, pues cada vez que la defensa insiste en un punto determinado, advierte a la contraparte el contenido del mismo, lo cual debilita su actuación.

Durante las sesiones, el juez anota minucioso las preguntas y respuestas de la persona que está siendo interrogada, para luego definir las objeciones que arguyen las partes. Es común verlo revisar sus apuntes para corroborar si el declarante respondió o no a las preguntas formuladas y entonces pronunciar con certeza: ‘ha lugar' o ‘no ha lugar', cuando resuelve las objeciones.

Tejeira escucha atento a los interlocutores sin interrumpir sus alegatos, en ocasiones con contenidos estériles, alejados de la temática del juicio.

La sesión de la tarde del pasado viernes puso al prueba su serenidad cuando, al retomar la audiencia, el fiscal Aurelio Vásquez denunció que uno de los abogados de la defensa, Iván Gantes, le había tomado fotos a él y a sus escoltas en los pasillos del recinto, a sabiendas de que el uso de celulares está prohibido en esta zona y dentro de las salas. De lo anterior había sido testigo un supervisor de seguridad de apellido Melo.

Lo dicho por el fiscal motivó al juez Tejeira a llamar al supervisor de seguridad a la sala de audiencia para indagarlo sobre el hecho.

‘Yo lo vi cuando tomó una última foto y le pedí que la borrara, pero guardó el teléfono. Le pedí que me enseñara su celular, pero no quiso y se fue', atestiguó el seguridad.

Tejeira resolvió el incidente solicitando a los presentes el cumplimiento de las reglas; de paso, exigió a la defensa que ordenara a Gantes borrar la imagen en su móvil.

Cuando el juez pensó que el suceso había sido subsanado, el abogado de la defensa Alfredo Vallarino tomó la palabra y denunció que, desde el inicio del caso, personal del Consejo de Seguridad Nacional le ha dado seguimiento a él y a su colega de la defensa Jessica Canto. ‘Hemos tenido vigilancia y seguimiento en mi casa, caminan detrás de nosotros cuando salimos, cuando llegamos al restaurante, gente que no conocemos (y que suponen se trataría de agentes que laboran en el Consejo de Seguridad Nacional)', afirmó el abogado.

El jurista hizo alusión, sin señalar ni precisar nombres, a uno de los presentes en el recinto.

Se refería a un joven sentado en las filas entre el público y que vestía camisa naranja, a quien, en un receso previo, el expresidente Martinelli señaló como miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional.

El reclamo de Vallarino causó que el fiscal Vásquez revelara que el joven forma parte de la escolta y que pertenece a la Policía Nacional.

El juez, después de escuchar a cada una de las partes por casi media hora, sin interrumpir sus quejas, dio muestra de su sencillez. ‘Yo no traigo escoltas al salón de audiencias para que me cuiden. En mi casa no cambio las cerraduras, así como tampoco cambio de carro. Este es un juicio y yo estoy administrando justicia', exclamó.

Sus palabras motivaron aplausos del público sentado en las últimas filas del salón.

Tras ello, comentó que no sabía quién es la persona que se para detrás de la puerta de vidrio por la que entra al salón de audiencias cada día, refiriéndose —sin saberlo— al escolta del testigo protegido. ‘Esas situaciones se deben consultar con el Tribunal', reclamó el juez a la fiscalía.

Seguidamente, recomendó una vez más a las partes manejarse en buenos términos y con lealtad procesal para poder avanzar en el desarrollo del juicio que inició en marzo, y que ha evacuado a seis de más de 70 testigos que aún faltan por comparecer.

Una vez concluido lo anterior, Tejeira se ocupó de dirimir diferencias entre las partes por unas copias que había solicitado la defensa a la Fiscalía, en lo que ocupó 10 minutos más.

Son pocas las veces que el juez, que ronda los 60 años de edad, emplea el mazo para poner orden en la sala. Cuando lo usa, suele dar dos o tres golpes, suficientes para recuperar la tranquilidad.

Antes prefiere escuchar detenidamente a las partes, mover sus manos carnosas para dirigirse a su interlocutor o, con algún gesto, dejar claro que se encuentra ilustrado para emitir concepto. A veces basta una simple mirada para denotar su posición.

La única vez que su paciencia llegó al límite fue el 22 de abril, cuando se registró una fuerte discusión entre Carlos Herrera Morán, abogado querellante; y Ronier Ortiz, defensor de Martinelli. En aquella ocasión, el martillo se quebró en dos pedazos.

Todo surgió cuando el médico del Sistema Penitenciario intentó sustentar un primer diagnóstico emitido por el galeno del Hospital Santo Tomás, y durante su intervención fue necesario acercarle agua para beber.

Fue cuando Herrera Morán susurró que el médico estaba más enfermo que el reo, lo que sacó de casillas a un abogado de la defensa y el juez intervino exigiendo orden en la sala. Tejeira imprimió su poder y autoridad de tal forma que el mazo se quebró dejando en claro que de ese tema no se hablaba más.

Si alguien tenía dudas sobre la firmeza que el juez Tejeira reviste en el proceso, este hecho le dio la respuesta.

Su presencia como presidente del juicio surgió del sorteo que realiza la Segunda Oficina Judicial de Panamá, que designó, además, a los jueces que el acompañan en el Tribunal.

Al conocer su suerte, presentó una manifestación de impedimento por haber sido vicegobernador de la provincia de Panamá, durante la gestión de Mayín Correa, en el período gubernamental de Martinelli (2009-2014). Y además, por actuar como secretario general y vicegobernador de Panamá. Pero el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial no admitió las recusaciones contra él y sus dos compañeros. Además de su impedimento, los tres integrantes contaban con recusaciones de las víctimas y de los abogados de la defensa por distintos motivos. Las decisiones del Tribunal han sido amparadas en tres ocasiones por la defensa y una vez, por la fiscalía.