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13 de Dec de 2019

Nacional

Caso De León, en suspenso por competencia

Ayer se celebró audiencia para la imputación de cargos por supuesta falsedad contra Rubén De León; no obstante, la defensa interpuso varios recursos ante al Corte para que defina qué entidad tiene la competencia

Fiscal Zuleyka Moore, antes de ingresar a la audiencia por el caso de planillas y contratos de la Asamblea.

En la Corte Suprema de Justicia reposa una acción de advertencia de inconstitucionalidad, un habeas corpus y dos amparos de garantías que buscan definir la competencia en el caso del exdiputado y presidente de la Asamblea Nacional Rubén De León -quien enfrenta un proceso por falsedad-, electo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La discusión se centra en esclarecer qué entidad tiene la competencia para procesarlo por el delito de falsedad documental, si la Corte Suprema de Justicia, por haber sido proclamado por el Tribunal Electoral como diputado del Parlacen, o el sistema ordinario (Ministerio Público) porque no se ha juramentado como tal.

Esta delgada línea, aún no esclarecida, motivó la ausencia del diputado en la audiencia de este martes para la imputación de cargos por las irregularidades en la planilla y contratos otorgados en la Asamblea Nacional mientras ocupó el cargo de presidente de este órgano del Estado.

La juez de garantías Clara Montenegro, reprogramó la audiencia para el próximo 8 de agosto a las 10:00 de la mañana.

El Tribunal Electoral emitió un documento el 30 de julio pasado en el que certifica que Rubén De León ‘actualmente es diputado principal del Parlacen, electo en las elecciones del 5 de mayo de 2019 para el periodo constitucional 2019-2024'.

Por lo tanto, para el abogado Ángel Álvarez, su cliente goza de las prerrogativas de un diputado del Parlacen, razón por la que solicita a la Corte defina la competencia en el caso.

El artículo 19 del Reglamento Interno del Parlacen estipula que el ‘diputado del Parlacen que ha sido juramentado, toma posesión del cargo a partir de dicho momento, adquiriendo todos los derechos y obligaciones inherentes'.

Imputan a Pitano

Quien sí fue imputada por la jueza Montenegro fue Rubiela Pitano, por la supuesta comisión de delito de falsedad. Supuestamente, Pitano transfirió $15 mil a su sobrina Sumari Chong, quien manifestó ante la Fiscalía Anticorrupción no reconocer los dineros como propios, monto que la fiscalía había señalado como parte de las planillas legislativas asignadas a De León en la administración pasada.

A Pitano se le impuso una medida cautelar de país por cárcel y presentarse una vez por mes ante el juez como parte de las medidas de control de su libertad.

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Zuleyka Moore y Adecio Mojica. Éste último, al salir evitó contar detalles de la investigación a los medios, pero dijo que en el desarrollo de la investigación pudieran encontrarse nuevos hechos relacionados.

‘No me gustaría decir una cantidad específica de los cheques porque aún continúa la investigación. No dista que se pueda ubicar otros cheques o cantidades, pero es un asunto bastante complejo y ya hubo una formulación de imputación que empieza a correr el término de seis meses. Si logramos en este tiempo perfeccionar la investigación, sería lo ideal. En caso tal de que no nos alcance el tiempo, podemos solicitar una extensión', dijo el fiscal Mojica.

Durante el acto de audiencia, que dio inicio a las 9:00 a.m. por espacio de dos horas y media, se produjo una suspensión porque se corrió traslado a la fiscal Zuleyka Moore de una acción de habeas corpus interpuesta por el abogado apoderado de De León.

Por la ausencia de De León, el fiscal no quiso entrar en detalles de si forzarían su comparecencia el próximo jueves a través de una conducción.

Por su parte, el abogado Roberto Moreno, defensa del exdiputado, manifestó que su cliente firmó un contrato como cualquier otra persona en una condición muy básica, y esto no implicaba saber lo que ocurrió luego de haber firmado el contrato. ‘Si cobraban o no, ningún presidente de la Asamblea tiene la función de verificar eso', señaló Moreno.

‘El viernes pasado se celebró una audiencia en la que se señaló que el tema sobre la competencia de nuestro cliente estaba sujeta a lo que dictaminara la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado', indicó Álvarez a este diario.

En dicho acto se presentó una advertencia de inconstitucionalidad para que se determine a quién se le debe adjudicar la competencia del caso del exdiputado y se defina el camino a seguir.

‘La juez de turno no se pronunció al respecto porque la Corte aún no ha decidido. No obstante, la juez Montenegro solicitó la presencia del diputado el próximo jueves', añadió Álvarez.

El habeas corpus presentado por la defensa tiene el propósito de que ‘la Corte fije el camino de lo que debe seguir en el caso, ya que la fiscal insiste en llevarlo ante el SPA sin esperar la decisión de la Corte', explicó Álvarez.